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El socialdemócrata Bernardo Arévalo juró su cargo en la medianoche del 15 de enero, tras una maratoniana jornada de doce horas en el Congreso, donde se retrasó su toma de posesión debido a una serie de maniobras de los partidos de la oposición que generaron alarma en la comunidad internacional. Fue tal la demora que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó una declaración consensuada con el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que hizo un llamado a Congreso para que cumpliera su mandato constitucional de entregar el poder, dado que la voluntad popular expresada en las urnas «debe ser respetada».

La propia Corte de Constitucionalidad dio a media tarde, hora local, el plazo de una hora a la Asamblea Legislativa para que informara del desarrollo de la sesión solemne y amenazó incluso con responsabilidad civiles y penales en caso de que no se garantizara el traspaso de poder.

Así, pese a que la ley establece que debía ser investido a las 16:00 horas del 14 de enero, finalmente Arévalo y Karin Herrera asumieron la Presidencia y Vicepresidencia pasadas las doce de la noche (hora local), ya en el día siguiente, y con la ausencia del Rey Felipe VI y otras autoridades, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, quienes a pesar de que habían viajado a Guatemala, se ausentaron del Teatro Nacional tras esperar varias horas a que se celebrara el acto solemne que nunca terminaba de comenzar. Al evento tampoco acudió el presidente saliente, Alejandro Giammattei, quien «ante el riesgo de llegar a medianoche sin iniciar los actos protocolarios, hizo entrega de los símbolos de la Presidencia al Congreso para que «se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución».

Nada más tomar posesión de su cargo, Arévalo prometió que «no permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad», al tiempo que recordó que el respaldo de las naciones democráticas durante los últimos meses ha sido «crucial permitiéndonos estar hoy aquí». De esta manera, se refirió al respaldo internacional que ha recibido tras la persecución judicial emprendida contra él y su partido, el Movimiento Semilla, por parte de la Fiscalía que pidió la anulación de las elecciones y la suspensión de la personalidad jurídica de esta formación a raíz de una investigación por un supuesto caso de corrupción relacionado con firmas falsas para su constitución.

El mandatario remarcó que su «primer gran compromiso» será que «nunca más habrá autoritarismo» en Guatemala, ni «jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios».

«En estos últimos meses, nos hemos enfrentado a complejas tensiones y desafíos que llevaron a muchos a creer que estábamos destinados a un retroceso autoritario y para miles de personas estos meses sugirieron el resurgimiento de la dictadura en Guatemala», denunció. Sin embargo, destacó que el pueblo «ha demostrado su sabiduría», mientras que instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad «han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia».

Su primer acto como presidente fue acudir a la resistencia de las autoridades indígenas frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala, donde han permanecido desde el pasado 2 de octubre para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo, Fredy Orellana, a quienes tachan de «golpistas» por intentar cancelar el Movimiento Semilla y evitar que Arévalo tomara posesión de su cargo.

Al grito de ‘sí se pudo’, Arévalo subrayó que «hemos venido a rescatar a nuestra democracia de las garras de los corruptos», al tiempo que se comprometió a «rescatar la justicia». Para ello, hace dos días anunció que esta semana citará a la fiscal general, Consuelo Porras, para exigirle que renuncie a su cargo, porque «va a ser evidente que las condiciones políticas con las que ella se sentía en libertad de operar han desaparecido».

El nuevo mandatario agradeció a los pueblos indígenas sus 106 días de «resistencia, dignidad y gallardía contra quienes intentaban burlar la voluntad popular» y que han provocado que hoy haya un gobierno democrático. Así, subrayó que esta lucha inspiró a toda la ciudadanía de Guatemala para «resistirse a esos criminales que intentaban mantenerse en el poder para seguirse robando el dinero del pueblo y evitando que llegue el desarrollo a la población».

De este modo, afirmó que el liderazgo indígena ha permitido que hoy Guatemala esté dando una «lección al mundo», porque la democracia «ha sido salvada precisamente por esas grandes mayorías que han sido históricamente olvidadas, marginadas y excluidas del desarrollo y que han logrado rescatar la primavera».

Por este motivo, Arévalo se comprometió a «traer el desarrollo que tanto tiempo se ha negado a los pueblos originarios para que tengan una vida digna», si bien avisó que «no vamos a poder resolver todas las brechas porque son 500 años de abandono y 30 años de asalto corrupto al poder, aunque vamos a empezar a trabajar juntos para terminar con la historia de marginación y exclusión».

Posteriormente, el presidente se dirigió al Palacio Nacional, donde ofreció un discurso a las miles de personas que le estaban esperando durante horas de la tarde. A ellas recordó que Guatemala tiene «desafíos monumentales para erradicar las prácticas de corrupción que han permeado nuestro país» y, por ello, dio que «tenemos que superar los obstáculos para liberar al Estado de aquellos que lo han capturado durante años utilizándolo como botín propio». «Ya no más corruptos, ni corrupción», concluyó.

Jornada de máxima tensión

Arévalo tomó las riendas del país centroamericano después de que el Congreso, en manos de los partidos de la oposición, prolongara durante doce horas su sesión solemne. En un primer momento, se retrasó después de que la Corte de Constitucionalidad denegara un amparo provisional al Movimiento Semilla para impedir que los 23 diputados electos de este partido fueran declarados independientes, a raíz de la suspensión de su personalidad jurídica ordenada por un juez el 12 de julio de 2023, lo que significaba que no podían dirigir la Junta Directiva ni formar parte de las Comisiones de Trabajo de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, los partidos oficialistas conformaron una Junta Calificadora para revisar los requisitos de los 160 diputados electos. Ello retrasó la juramentación de los legisladores y el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que era la encargada de entregar el poder del Ejecutivo a Arévalo.

Ello provocó que el propio presidente electo recurriese a las redes sociales para denunciar que «se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder». Asimismo, recordó que los diputados «tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas» y advirtió de que «el pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando».

Esta situación generó máxima tensión en el país centroamericano, donde autoridades indígenas se manifestaron frente al Congreso y la Fiscalía para denunciar que estaban intentando «perpetrar el golpe de Estado», razón por la cual exigieron a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su mandato de «defender el orden constitucional». Frente a la Asamblea Legislativa se llegaron a enfrentar incluso con los agentes policiales logrando romper el cerco de seguridad para situarse frente a la puerta de entrada.

A horas de la noche, el Congreso logró nombrar a los 160 nuevos diputados y conformar una nueva Junta Directiva que, finalmente, estará presidida por el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, a pesar de la suspensión de la personalidad jurídica de este partido. Para ello, la Asamblea votó una moción, mediante la cual Semilla recuperó su bancada, por lo que sus 23 diputados dejaron de ser independientes, algo que fue calificado de «ilegal» por los grupos de la oposición.