• Europa (Te) Importa / 3 Rumbo a la Europa 3.0: los retos de la década digital

El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es lento, complicado, lleno de pasos, pautas, reuniones e idas y venidas, pero en general es siempre muy parecido. Se puede tardar más o menos, puede ser más o menos difícil, pero la lógica se repite de manera consistente. Casi siempre. El pasado viernes 8 de diciembre, al borde de la medianoche, los negociadores de la Presidencia española del Consejo de la UE y la Eurocámara llegaron a un acuerdo para sacar adelante la primera Ley sobre Inteligencia Artificial del planeta, que deberá servir para regular durante los próximos años tanto tecnologías como Chat GPT como el uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial. El pacto fue entre los actores habituales, en la sala habitual, pero durante todo ese proceso, durante esos días de encierros hasta batir el récord de duración de la UE, no hubo casi nada que fuera remotamente normal.

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La escaleta dice que la Comisión Europea hace una propuesta legislativa y después el Consejo (los gobiernos nacionales) por un lado, y la Eurocámara después por otro, fijan sus posiciones, antes de ponerse a negociar junto a la Comisión Europea (trílogos) para cerrar textos de compromiso. Sin embargo, cuando a finales de noviembre de 2022 OpenAI lanzó al mercado Chat GPT hubo una sacudida tan grande a nivel global, que cambio completamente no las reglas, pero sí el terreno de juego. Bruselas había arrancado hacía tiempo la regulación para la Inteligencia Artificial, pero estaba aparcada, languideciendo. La importancia de la tecnología era creciente, pero no parecía urgente. Hasta ese día.

En cuestiones de semanas, el planeta enloqueció. Sólo se podía hablar de IA, de modelos fundacionales, de ChatGPT, de las enormes posibilidades, de las cosas increíbles que era capaz de hacer, de su manejo sencillo. Pero también de los riesgos, de los peligros, del miedo a un fin del mundo apocalíptico provocado por unas máquinas con conciencia propia capaces de prescindir de los humanos. Y lo que era secundario se volvió una prioridad absoluta, en especial para la Unión Europea, deseosa de tener el primer corpus regulatorio del planeta.

Esa repentina prisa alteró el curso normal. La pelota estaba en ese momento en la Eurocámara, que logró un protagonismo no habitual en esa fase. Tocaba de golpe reescribir entera la regulación, porque habían quedado obsoleta, irrelevante. Así que se pusieron manos a la obra, hablando con los expertos de todo planeta. Los teóricos, los profesores, las empresas, pero también la sociedad civil, las ONG, los activistas y organizaciones que advierten del riesgo de dar a una compañía, o a un Estado, manos libres ante un instrumento cuyo poder apenas somos capaces de vislumbrar hoy.

Ese poder hizo también que la negociación de los trílogos se volviera anormalmente ruidosa. En su quinta y última sesión, diputados, diplomáticos y técnicos estuvieron 24 horas en una sala sin salir ni dormir. Pararon por la regulación laboral de las instituciones y retomaron de nuevo para otras 16 horas ininterrumpidas. Pero más que la duración, histórica, lo llamativa fue la presión. De un lado, el sector tecnológico avisaba, advertía, de que cualquier regulación estricta tendría consecuencias devastadoras. Que Europa quedaría relegada, rezagada, abandonada. Que todas las empresas se irían a Asia o América y los europeos estaríamos en una lucha desigual, como si fueran palos y piedras contra aviones de combate en una guerra. No es lo mismo legislar cuando unos y otros hablan en términos de cambios civilizatorios, peligros existencias o pérdidas irrecuperables.

Del otro lado, las asociaciones y los activistas de derechos. Movilizados como nunca, con un lenguaje superlativo, avisando de la adopción de un racismo tecnológico institucionalizado, de una pérdida de libertades como nunca en la historia. Acusando a los diputados de rendirse, capitular, de vender a los ciudadanos ante cualquier mínimo rumor sobre la posibilidad de que aceptaran cruzar líneas rojas. El consejo, liderado por la española Carme Artigas, que esta semana ha anunciado que deja la secretaría de Estado y vuelve al sector privado, abogaba por normas más laxas.

De forma todavía más sorprendente, en un proceso casi sin precedentes, los mismos países que habían pedido antes y con más fuerza regular algo que no acababan de comprender, de golpe se habían vuelto partidarios del mayor lassez faire posible. Berlín, París, Roma, todos pedían a la Presidencia española que sacara de la lista de usos prohibidos para la tecnología todo lo que pudiera, y pasara del Artículo 5 (difícil de tocar) al Anexo 3 (más fácil de enmendar y mover). El Parlamento, en cambio, quería lo contrario. Y logró un protagonismo, y aparentemente una victoria, poco habituales, sobre todo en temas tan potentes y controvertidos.

«Es el mejor acuerdo al que hemos sido capaces de llegar. Creemos que está mucho más próximo a las posiciones del Parlamento que del Consejo, sobre todo en los temas más importantes. Esto hará que haya fricciones antes de su aprobación final, pero no vamos a reabrirlo», dice Brando Benifei, correlator del dosier por parte de la Eurocámara.

Su relato es el de una pelea larga, tensa, extremadamente técnica y con una presión muy fuerte de los lobbies, algo que no es por otro lado extraño. Benifei cree que este acuerdo abrirá la puerta a un intento regulatorio a nivel internacional, que no repercutirá sobre el desarrollo tecnológico del Viejo Continente. Y, sobre todo, que se logran salvaguardas suficientes par impedir un uso y abuso por parte de los poderes públicos. «No habrá impedimento al desarrollo, ni obstáculos al código abierto, pero sí límites claros para que no se use esa tecnológica de forma irregular» apunta en referencia a controles biométricos a distancia, al estudio de las emociones (una tecnología de dudosa fiabilidad) ni segmentación por raza, creencias u orientación sexual.

«Hemos sido los primeros en el mundo en establecer una regulación real para la IA y para el futuro mundo digital impulsado por la IA, guiando el desarrollo y la evolución de esta tecnología en una dirección centrada en el ser humano», asegura el rumano Drago Tudorache, el otro relator. «Es una salvaguardia para nuestros ciudadanos y nuestras democracias contra cualquier abuso de la tecnología por parte de las autoridades públicas. Protege a nuestras pymes y fortalece nuestra capacidad de innovar y liderar en el campo de la IA. Y protege a los sectores vulnerables de nuestra economía. La Unión Europea es un proyecto que ha traído contribuciones impresionantes al mundo; la Ley de IA es una de ellas, con un impacto significativo en nuestro futuro digital».

El proceso en todo caso queda abierto. No sólo por la falta de ratificación y las dudas de algunos gobiernos, sino porque el propio pacto contempla revisiones dentro de dos horas, que pueda haber a través de actos delegados de la Comisión cambios dentro de la lista de prohibiciones o alto riesgo. Pero también porque los avances explosivos, como fueron Chart GPT o Bard, pueden ser replicados. La ley europea no estará totalmente vigente hasta 2026, más de lo habitual. «Es por la enorme dificultad técnica de implementar esa regulación. Habrá que entrenar ejércitos de expertos, de abogados, técnicos, para la aplicación en la medicina. Tendremos que generar estructuras nuevas y poderosas, agencias nacionales. En España vamos algo por delante pero hay que muscularlas», concluye Iban García del Blanco (PSOE), el único español en la fase final de los trílogos.