Al igual que ocurrió a finales del año pasado, la política de Japón va a cerrar este 2023 igual de desangrada por nuevos escándalos de corrupción que amenazan con tumbar al primer ministro Fumio Kishida.
El líder japonés ha ejecutado su tercera gran purga dentro de su gabinete en 16 meses al frente de la tercera economía mundial. Si en 2022 cayeron varios ministros por fraudes en la ley electoral y conexiones con una polémica secta cristiana, esta vez todo gira en torno a una causa abierta por la justicia relacionada con la recaudación de fondos públicos dentro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Kishida ha forzado a cuatro de sus ministros más importantes a dimitir este jueves, tan solo un día después de que su Gobierno superara sin problemas una moción de censura presentada por la oposición en un Parlamento en el que el PLD cuenta con amplia mayoría.
Yasutoshi Nishimura (ministro de Economía e Industria), Junji Suzuki (Interior) e Ichiro Miyashita (Agricultura) han presentado su renuncia ante el líder. Pero la caída más significativa ha sido la de uno de los hombres de más confianza de Kishida, su secretario jefe de gabinete, Hirokazu Matsuo. La purga también se ha llevado por delante a cinco viceministros y altos cargos.
La dimisión forzada en masa golpea sobre todo a la facción más poderosa dentro del PLD, tradicionalmente ligada al difunto ex primer ministro Shinzo Abe, quien se rodeó de un cortijo de fieles durante sus dos largas etapas al frente del Ejecutivo.
Los fiscales nipones están investigando financiaciones no declaradas, por aproximadamente 500 millones de yenes (al cambio son tres millones de euros), de la que se beneficiaron muchos de los políticos del partido gobernante durante un periodo de más de cinco años.
«A la luz de las diversas acusaciones hechas sobre estos fondos, que han sacudido la confianza pública en la política, he presentado mi renuncia», anunció Matsuno este jueves en una rueda de prensa. Además de su secretario de gabinete, otro golpe durísimo para Kishida ha sido que el escándalo salpicara también a una de sus asesoras más cercanas, Michiko Ueno.
La prensa local ha informado que los investigadores van a interrogar este fin de semana a decenas de legisladores y a registrar sus oficinas en busca de pruebas relacionadas con la ocultación de fondos públicos para apoyar los perfiles y candidaturas de políticos de la facción de Abe, un grupo que ha sido estos últimos dos años un fuerte contrapeso al dominio del PLD por parte de Kishida.
Tras el último escándalo, todos los indicadores apuntan a que la popularidad del primer ministro se está desplomando: ha caído al 23%. Hace siete meses, cuando Kishida fue el anfitrión de la cumbre del G-7 en Hiroshima, sus índices de aprobación estaban por encima del 50%. En Tokio ahora hay mucho ruido sobre si el líder de 66 años aguantará su mandato hasta 2025 o convocará elecciones anticipadas.
El año pasado, el mandato de Kishida ya se puso en duda tras lanzar una primera reorganización de su gabinete -otros cuatro ministros dimitieron- después de que, tras el asesinato en julio del ex líder Abe, salieran a la luz las relaciones del partido gobernante con la polémica Iglesia de la Unificación. El asesino de Abe, Tetsuya Yamagami, aseguró que atacó al político conservador con un arma casera por sus vínculos con esta poderosa organización ultraconservadora con fuertes nexos con el PLD.
Abe mantenía una relación estrecha con la iglesia, al igual que, según demostró una investigación posterior a la muerte del ex primer ministro, 179 de los 379 parlamentarios del PLD. Hubo mucha polémica en Japón por las conexiones de los políticos con una organización conocida por presionar a sus feligreses para que hicieran grandes donaciones que muchos tenían que endeudarse para poder pagar, como el caso de la madre del asesino de Abe.