La administración de Joe Biden ha movido ficha tras la firma del acuerdo parcial en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora. El Departamento del Tesoro ha anunciado este miércoles, transcurridas 24 horas de la firma en la isla caribeña, el levantamiento temporal de varias sanciones sobre el sector petrolero, del gas y del oro venezolano, decretadas desde 2019. Se trata de «licencias generales que autorizan transacciones y eliminan la prohibición del comercio secundario».
El plazo establecido es de seis meses, tiempo límite para que el chavismo avance en las condiciones democráticas para las presidenciales del 2024 y libere también a los cuatro ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. En una entrevista concedida al canal NTN24, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, condicionó la flexibilización a que se solucionaran las inhabilitaciones contra candidatos presidenciales, en especial la de María Corina Machado, virtual ganadora de las primarias opositoras a celebrar el domingo próximo, según todas las encuestas. Nichols incluyó también la liberación de los presos políticos, actualmente más de 270 en las mazmorras revolucionarias.
Acuerdo de Barbados. La ‘legitimación’ de Maduro
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El acuerdo de Barbados entre Maduro y oposición contempla la liberación inmediata de presos políticos
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió cuatro licencias generales, pero insistió que las demás sanciones siguen vigentes. Horas antes, el gobierno de Trinidad y Tobago había adelantado que se había liberado una nueva licencia para que Shell opere en el campo venezolano de Dragón y así exportar el gas a su país.
Con otra de las licencias que autoriza transacciones a la empresa minera del oro, EEUU busca reducir el mercado negro del oro. Venezuela y sus aliados, sobre todo Rusia, Turquía y varios países árabes, crearon en estos años vías no oficiales para el contrabando del oro.
Las otras dos licencias ayudarán a que Petróleos de Venezuela (PDVSA) negocie de forma secundaria ciertos bonos soberanos y deuda «con un beneficio financiero insignificante para el régimen».
La pelota está ahora en el tejado de Maduro, que según lo acordado con Washington en las negaciones secretas mantenidas durante varios meses debería liberar de forma inmediata a un primer grupo de presos políticos.
Además de estos acuerdos energéticos, ambas administraciones acordaron que Venezuela recibiría vuelos de repatriación con emigrantes ilegales desde territorio de EEUU. El primero de estos aviones ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, con 130 deportados en su interior. Todos ellos procedían de distintos puntos cercanos a la frontera con México.
La OFAC también ha otorgado una licencia general a la aerolínea venezolana Conviasa para que pueda realizar todas las operaciones necesarias para la repatriación de ciudadanos venezolanos.