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Todo está preparado para la firma este martes en Barbados, salvo descalabro final, del acuerdo político alcanzado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora, con Estados Unidos a la expectativa. Un pacto a dos bandas que contempla la puesta en marcha de ciertas condiciones democráticas para las presidenciales del año que viene y cuyas primeras consecuencias serían la celebración de las primarias opositoras el próximo domingo sin que el chavismo las torpedee y la liberación de un primer grupo de presos políticos.

En los meses previos a este acuerdo, y en paralelo, Washington y Caracas han mantenido contactos secretos, con la medición de Doha, para acercar posturas que favorecen a ambos: flexibilización de las sanciones contra la industria petrolera a cambio de unas elecciones competitivas. El Departamento de Estado ha saludado el anuncio del encuentro en la isla caribeña en las últimas horas.

Se trata de un pacto inédito, ya que Washington está dispuesto a proporcionar «incentivos» para que se corrobore todo lo adelantado. Las presidenciales se programarían para el último trimestre del año que viene (tal como era tradicional en Venezuela), conllevarían además la presencia de observadores internacionales (Unión Europea, Naciones Unidas y el Centro Carter), la actualización del registro electoral y la facilitación de voto en el exterior.

«EEUU podría permitir a Petróleos de Venezuela (PDVSA) exportar petróleo al mercado estadounidense, beneficiando a refinerías y posiblemente reduciendo precios locales. Otra opción sería conceder licencias a empresas extranjeras petroleras (se habla de la española Repsol y de la italiana Eni). Sin embargo, se duda que Maduro permita elecciones verdaderamente competitivas y es posible que sanciones financieras más amplias continúen. Si Maduro no cumple con los acuerdos, las sanciones podrían reintroducirse», calibró la consultora de riesgo político Eurasia Group.

La principal piedra de tranca para la firma final se llama María Corina Machado. La dirigente conservadora, virtual vencedora de las primarias gracias a que aventaja en más de 60 puntos a sus rivales, está inhabilitada por el chavismo de forma ilegal e inconstitucional para impedir que se mide en las urnas de 2024 a Maduro. Los sondeos a día de hoy también adelantan que la líder de Vente Venezuela aplastaría al «hijo de Chávez» por más de 40 puntos.

«No te vistas que no vas», subrayó Maduro en su programa televisivo del lunes en la noche, en referencia a las inhabilitaciones. El líder chavista mostró su contrariedad ante las filtraciones del acuerdo alcanzado y volvió a defender con uñas y dientes el sistema electoral que la revolución considera el mejor del mundo.

El siguiente gesto del chavismo sería la liberación de un grupo significativo de presos políticos. En la actualidad, según el Foro Penal, son 273 los prisioneros políticos en las mazmorras de Nicolás Maduro, entre ellos 16 mujeres y 146 militares. Más adelante se formalizaría la libertad de otro cuantioso grupo de los apresados con intencionalidades políticas.

Entre los 273 apresados por Maduro se encuentran cuatro presos de nacionalidad española: tres mujeres (María Auxiliadora Delgado, Ángela Expósito y Karen Hernández), más Jorge Alayeto. Todos ellos han sufrido torturas durante su encarcelamiento.

«Ahora mismo hay un gran hermetismo. Confiamos en Dios», respondió una de las familias a EL MUNDO.

Flexibilización de sanciones

De momento la firma entre las dos partes no contaría con la presencia de EEUU, pero sí conllevaría la flexibilización inmediata de las sanciones contra la industria petrolera. Washington se guarda un as en la manga, que la oposición desconoce, que sólo pondría en marcha si Maduro cumple y habilita al ganador de las primarias, seguramente Machado.

Para la élite del chavismo son fundamentales las sanciones personales, que les han maniatado en sus viajes y en sus negocios por el mundo. El otro punto de honor y de negocio para Maduro es la liberación de Saab, quien permanece encarcelado en EEUU a la espera de juicio por lavado de activos. En otro operativo de liberación de rehenes, el líder bolivariano ya obtuvo la excarcelación de los famosos narcosobrinos, quienes soportaban una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico.

El principal interrogante de estos acuerdos es si la revolución bolivariana cumplirá lo acordado, porque de hacerlo les llevaría a perder el poder, cuando el «hijo de Chávez» ya ha hecho saber a cancillerías americanas y europeas que se mantendrá al frente del país hasta 2030. Muy pocos creen en que vaya a ser así, pero este es el único camino que le queda a la oposición.