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El Consejo Constitucional francés ha censurado gran parte de la ley de inmigración francesa, aprobada hace un mes con mucha polémica y que esperaba el veredicto del alto consejo para poder ser promulgada. En concreto, ha anulado más de un tercio de las medidas que contiene la norma, entre ellas las que más defendía la derecha de Los Republicanos y la ultraderecha de Marine Le Pen, que modificaron el contenido inicial durante el debate parlamentario y votaron a favor de la misma.

Esto abrió una grieta dentro del macronismo, pues el ala más a la izquierda consideraba el texto demasiado duro, entre otras cosas porque limitaba el acceso a las ayudas sociales a los extranjeros y endurecía las condiciones para el reagrupamiento familiar. Ambas medidas no han pasado el corte del consejo. Tampoco la creación de un delito para los extranjeros que están en Francia de manera irregular.

La mayoría presidencial contaba con que el consejo censuraría la parte más dura del texto. El consejo de sabios ha valorado que muchos de estos artículos no tienen que ver con el contenido de la ley y los anula por cuestiones de procedimiento. Otros, porque no cumplen con la Carta Magna.

El propio Emmanuel Macron, tras la aprobación de la ley en la Asamblea, advirtió que el alto consejo se encargaría de retocar el texto que él mismo había impulsado. La duda era hasta dónde llegaría. Han sido una treintena de artículos de un total de 86.

El presidente logra una jugada maestra: que su ley salga adelante, pero retocada, gracias al apoyo de la extrema derecha, y ahora, tras el veredicto del consejo, quede vacía de ese contenido más duro que hizo que Los Republicanos, y también las filas de Le Pen, la votasen. El Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea y ha tenido que hacer malabarismos para conseguir los apoyos.

El jefe del Estado ha instado este jueves a que se den los pasos necesarios para que entre en vigor «lo antes posible». El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se ha alegrado de que «el consejo haya validado el texto inicial del Gobierno» y ha dicho que se promulgará en las próximas horas.

El presidente de Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, ha denunciado un ejercicio de abuso de poder por parte de los jueces. Este partido, que lidera Marine Le Pen, reivindicó una «victoria ideológica» cuando se aprobó la ley, al considerar que había conseguido su objetivo: blindar, o limitar el acceso a la protección social que ofrece el país.

Las polémicas medidas

Manifestantes en las puertas del Consejo Constitucional
Manifestantes en las puertas del Consejo ConstitucionalALAIN JOCARDAFP

Esta es la segunda reforma más importante de su segundo mandato, tras la polémica ley de las pensiones, también aprobada con mucha controversia y tras pasar el filtro del Constitucional.

En este caso, el consejo ha censurado algunas de las medidas más criticadas. Como la que obligaba a los estudiantes extracomunitarios a pagar una fianza, la creación de un delito para los que están en situación irregular, el artículo que permitía establecer cuotas de inmigración o el que condicionaba el acceso a las ayudas sociales para los extranjeros a una estancia mínima de cinco años en el país.

La mayoría fueron medidas introducidas durante el debate parlamentario por Los Republicanos, y su condición para apoyar la ley. En las últimas semanas, miles de personas han salido a la calle en todo el país para pedir que no se aplique.

El Consejo Constitucional es la alta instancia encargada de analizar si las leyes cumplen con la Constitución. La forman nueve miembros, entre ellos juristas de renombre y algunos ex políticos, como los dos ex primeros ministros Alain Juppé o Laurent Fabius. Se recurrió a ella el año pasado, tras la aprobación de la reforma de las pensiones, a la que se oponía gran parte del país y que dejó meses de movilizaciones.

El proyecto original sobre la inmigración era más tibio, y buscaba contentar a la derecha y a la izquierda, pero la tramitación fue muy atropellada, porque el Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea. Durante el debate parlamentario la derecha más conservadora (Los Republicanos), que tiene más peso en el Senado, la endureció y se descafeinó el contenido que equilibraba el texto. Se tuvo que recurrir a una comisión mixta para que elaborase un borrador que, finalmente, se aprobó en la Asamblea, con el voto de la extrema derecha y la oposición de la izquierda y muchos diputados macronistas.