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Respetuoso con el medio ambiente, climáticamente neutro, sostenible, responsable, bio, eco… El 53% de los reclamos ambientales usados en todo tipo de productos dan una información deliberadamente vaga, engañosa o infundada a los consumidores. La eurodiputada croata Biljana Borzan llegó a contar más de 1.200 alegaciones de este tipo en la UE, de ahí su empeño en «poner fin a la jungla de etiquetas verdes» y acabar de paso con el ‘greenwashing’ o ‘blanqueo ecológico’.

«Prohibiremos todas aquellas afirmaciones que no tengan un impacto reconocido en el medio ambiente, con una ley que cambiará la vida cotidiana de todos los europeos«, anticipó la combativa doctora y vicepresidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que ha convertido el lema ‘Una nueva economía que funcione para todos’ en su caballo de batalla en Bruselas.

«Vamos a dejar atrás la cultura de usar y tirar», agregó Borzan, en el momento de explicar el largo alcance de la directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica. La resolución legislativa fue adoptada finalmente casi por unanimidad a mediados de enero en la Eurocámara (593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones), allanando también el camino en la lucha contra la obsolescencia programada en los 27.

«Los consumidores podrán elegir productos más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y publicidad fiables», agregó la eurodiputada croata. «Las empresas ya no podrán engañar a la gente diciendo que las botellas de plástico son buenas porque la compañía plantó árboles en algún lugar, o que algo es sostenible sin explicar cómo».

La directiva, que recibió un impulso final durante la Presidencia española en la segunda mitad del 2023, deberá recibir la aprobación final del Consejo. Los Estados miembros dispondrán después de 24 meses para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional. El texto funcionará conjuntamente con la Directiva sobre alegaciones ecológicas, actualmente en fase de comisión en el Parlamento europeo, que introducirá medidas más específicas para erradicar los supuestos ‘sellos verdes’, unificar criterios y requerir sistemas de verificación oficiales.

La UE da así una paso más allá dentro del Nuevo Plan de Acción de Economía Circular, incorporado al Pacto Verde Europeo, tras la aprobación de la Estrategia Europea sobre textiles sostenibles y la Propuesta de reglamento para el ecodiseño de productos sostenibles.

«¿Quieres saber cuánto durará un producto antes de comprarlo?», se pregunta Borzan, a la hora de explicar los efectos prácticos de la directiva. «Más del 85% de los ciudadanos croatas y europeos lo desean. Por eso vamos a introducir una etiqueta que sirva para crear una mayor demanda de productos que tengan un garantía comercial más larga. La mayoría de los ciudadanos afirman que los dispositivos que compran se estropean entre el segundo y tercer año de su uso, justo cuando expira la garantía de uso. Probablemente no sea una coincidencia».

«Queremos que los productos duren más», agrega la eurodiputada croata. «De esta manera dejaremos también de acumular residuos. Con esta directiva rechazamos el modelo de usar y tirar. Ponemos en orden las operaciones de la industria y protegemos a los ciudadanos de la deshonestidad en el mercado común».

Adiós pues al ‘ecopostureo’ con fines comerciales, que utiliza el ‘verde que te quiero’ como gancho comercial, que siembra la confusión en los consumidores o que se aprovecha incluso de la disposición a pagar más por considerar que un producto es «bueno para el medio ambiente».

La directiva ha sido acogida favorablemente por los grupos de consumidores en los países europeos. En España, la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) ha sido de las primeras en expresar la satisfacción por la decisión de la UE de poner fin al blanqueo ecológico e incidir en la «durabilidad» de los productos, aunque ha advertido que la nueva legislación debe «venir acompañada de garantías».

Los expertos legales también han dado la bienvenida a la directiva. «Nos encontramos ante un punto de inflexión en cuanto a la regulación de las prácticas de blanqueo ecológico», advierten Ismael Aznar Cano e Ignacio Hierro Herrero en el portal de Periscopio Fiscal y Legal. Las nuevas reglas, sostienen, van a obligar a las empresas a revisar sus estrategias de comunicación y publicidad y difundir únicamente «alegaciones ecológicas que sean ciertas y se encuentren debidamente justificadas».

Para el ex eurodiputado Florent Marcellesi, coportavoz de Verdes Equo y miembro de la ejecutiva de Sumar, esta legislación es «una señal fuerte hacia una Europa que proteja a los consumidores y apueste por la sostenibilidad».

«Desde Los Verdes llevábamos tiempo exigiendo que se proporcionara a los consumidores información fiable para protegerlos contra el ‘greenwashing’ y otras prácticas comerciales insostenibles como afirmaciones falsas sobre supuestos beneficios ecológicos de los productos», recalca Marcellesi. «De hecho, es la primera vez que un texto prohíbe la práctica de la obsolescencia programada y ofrece una vía concreta para que los consumidores puedan recurrir».

«Estamos ante una buena iniciativa contra el lavado verde en todos los ámbitos de la vida y en todos los sectores», advierte por su parte Miguel Angel Soto, de Greenpeace España. «Nos parece que esta propuesta establece criterios comunes contra el ‘greenwashing’ y los reclamos ambientales engañosos. La norma general debería ser que no se puede hacer ninguna declaración ecológica a menos que existan datos y procedimientos que lo respalden».

«La directiva aún tiene un recorrido y creemos que debería modificarse para eliminar la idea de ‘compensación de emisiones’, que es un futurible que nada tiene que ver con el servicio», precisa Soto. «La neutralidad de carbono es un asunto tan complejo para los consumidores que no debería permitirse que las empresas hagan uso de ello. Creemos también que las sustancias peligrosas y las declaraciones ecológicas son incompatibles: habría que evitar que un producto tóxico pueda venderse como verde. Y ese principio debería aplicarse también a los combustibles fósiles», concluye.

Reclamos engañosos

«En Europa, el 78% de ciudadanos cree que las empresas ofrecen reclamos verdes engañosos», advierte la eurodiputada Laura Ballarín, portavoz socialista de la Comisión de Mercado Interior y protección del consumidor. Ballarín recalca cómo la Presidencia española del Consejo de Europa (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023) sirvió para dar un definitivo impulso a la directiva propuesta por la croata Biljana Borzan con el doble objetivo de «proteger a los consumidores y al medio ambiente».

«Desde el Parlamento europeo hemos trabajado para conseguir una legislación pionera contra el lavado verde y el blanqueo ecológico que cambiará la vida diaria de los ciudadanos», asegura la eurodiputada del PSOE. «Nuestra meta ha sido acabar con la obsolescencia temprana, poner fin a prácticas engañosas como el ‘usar y tirar’ o la incitación a reemplazar consumibles, como los cartuchos de tinta de las impresoras o con las actualizaciones de software que se venden como necesarias sin serlo».

«Vamos también a erradicar las alegaciones ‘verdes’ en productos y por parte de empresas que etiquetan como ‘sostenible’ o ‘ecológico’ cuando en realidad no lo son», añade Ballarín. «La directiva pone las bases de la legislación específica sobre los sellos verdes en la que estamos ahora mismo trabajando, en respuesta a las demandas de los consumidores para una mayor verificación y control».

«Queremos empoderar a nuestra ciudadanía para que pueda elegir, de forma libre y consciente, consumir productos más duraderos, reparables y sostenibles», concluye la eurodiputada socialista, que resalta por último la voluntad de «ayudar a las empresas que, de forma clara y transparente, contribuyan a la lucha contra la emergencia climática y a avanzar en una Europa más verde y más justa».

«El medio para empoderar a los consumidores en la transición verde es la información contrastada», sostiene por su parte el eurodiputado del Partido Popular Pablo Arias. «A día de hoy, la etiqueta ‘eco-friendly’ ha pasado de ser una información genuina a una estrategia de venta, sin importar en absoluto la cuestión medioambiental. El «greenwashing» es una práctica utilizada por ciertas empresas para engañar a los consumidores, con la intención de subirse al carro de lo sostenible como gancho comercial».

«La intención de la Directiva es terminar con estas prácticas», resalta Arias. «El consumidor merece una información rigurosa y fácil de identificar, para poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Es crucial asegurar un mercado único europeo que refleje nuestros valores, protegiendo a los consumidores y el medio ambiente sin sacrificar la competitividad empresarial.»