La campaña presidencial de 2024 no solo estará marcada por los problemas legales de uno de los (previsibles) candidatos, Donald Trump. Joe Biden, que busca la reelección en los comicios, también tendrá su cuota de preocupación en ese sentido, aunque menor, después de que su propio fiscal general – cargo equivalente al de ministro de Justicia en España – haya nombrado un fiscal especial para investigar al hijo del presidente, Hunter, por presunta evasión fiscal y tenencia ilícita de una pistola.
El anuncio del Fiscal General, Merrick Garland, supone una escalada en la presión legal contra Hunter Biden, que hasta hace apenas dos semanas había llegado a un acuerdo provisional con los fiscales del caso según el cual éstos no presentarían cargos contra él a cambio de que se mantuviera durante dos años en libertad vigilada.
La juez del caso, Naryellen Norieka, que fue propuesta para el cargo por Donald Trump pero tiene un amplio historial de donaciones al Partido Demócrata y al Republicano, rechazó el acuerdo, lo que tal vez haya acabado con las quinielas en las que la jueza salía como favorita a una promoción en el sistema legal estadounidense, al menos durante la presidencia de Joe Biden. Garland ha nombrado para el cargo de fiscal especial al republicano David Weiss, que era quien se encargaba ya del caso contra el hijo del presidente.
La investigación contra Hunter Biden se basa en dos cargos: fraude fiscal – ya que en 2017 y 2019 no hizo la Declaración del IRPF – y tenencia ilícita de un revólver. Aunque son unas acusaciones que palidecen al lado de las que afronta Donald Trump, no están exentas de riesgo político. El Partido Republicano y una red de conspiradores en plataformas sociales como Facebook, Twitter, o Rumble han difundido todo tipo de rumores que involucran al actual presidente, su hijo y el Gobierno de Ucrania, dado que entre 2014 y 2019 Huter Biden estuvo en el consejo de administración de la empresa energética ucrania Burisma. Hunter Biden lleva dos décadas luchando contra diferentes adicciones al alcohol y a otras drogas y, según su propio testimonio, se ha gastado más de 11 millones de dólares (10 millones de euros) para costear esas sustancias.
La decisión de Garland ha sido duramente criticada por algunos demócratas, que destacan la presteza con la que el Fiscal General ha actuado contra el hijo del presidente con la lentitud glacial con que reaccionó ante la sustracción de secretos de Estado por Donald Trump y sus intentos de robar las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio. La presencia de un Fiscal Especial, además, pone presión sobre la estrategia de la Casa Blanca en el caso, consistente en guardar silencio y dejar a la Justicia hacer su trabajo, al igual que con las imputaciones de Trump, máxime cuando el Partido Republicano está intentando capitalizar el escándalo para involucrar a el presidente.