El Ejecutivo polaco está bajo sospecha de tráfico de personas y su Ministerio de Asuntos Exteriores salpica de corrupción. El epicentro del escándalo que ahora investiga la Fiscalía general del Estado está en la red de embajadas y consulados en África y Asia. Allí se habrían vendido, mediante sobornos, hasta 350.000 visados de trabajo para entrar en Polonia y por ende a la Unión Europea y al espacio Schengen. La ministra alemana de Interior alemana, Nancy Faeser, ya ha pedido explicaciones a Varsovia en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y el embajador polaco en Berlín ha sido llamado a consultas.

«Tengo mucha curiosidad por los resultados de la auditoría, pues teniendo en cuenta la información proporcionada por los medios de comunicación, es posible que estemos siendo testigos de uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Polonia», ha declarado el presidente de la Auditoría Nacional Polaca, Marian Banas.

Ya han sido detenidas siete personas y ha rodado la primera cabeza. Es la del viceministro de Exteriores, Piotr Wawrzyk. Ahora se sabe que fue cesado a finales de agosto, después de que un comando de la Oficina Central Anticorrupción (CBA) registrara su despacho y otras dependencias del Ministerio. Wawrzyk, que también ha sido tachado de las listas electorales para los comicios generales del próximo 15 de octubre, se encuentra actualmente hospitalizado debido a un intento de suicidio, según ha informado el ministro polaco de Justicia, Zhigniew Ziobro. Supuestamente, Wawrzyk tenía conocimiento e incluso participó en la red de venta ilegal de visados que ahora ha salido a la luz.

De acuerdo con las investigaciones de los medios polacos, la cifra de visados de trabajo adjudicados de forma irregular en los últimos años en determinadas embajadas polacas podrían llegar a los 600.000. Sólo en los últimos 30 meses habrían sido 350.000. Todos se concedieron a cambio de sobornos por el equivalente de entre 1.000 y 6.000 euros por visado, por lo que el agujero de la corrupción es amplio. El Ministerio de Asuntos Exteriores habla de unas 200, razón por la cual, el titular de ese departamento, Zbigniew Rau, ha declarado no sentirse responsable ni ver razones para dimitir. «No hay escándalo», dice.

Según el diario ‘Rzeczpospolita’, algunas de las representaciones diplomáticas polacas implicadas en la trama son las de Nigeria, India, Kazajistán, Tayikistán y Egipto, en las cuales, en connivencia con empresas locales subcontratadas, se daba prioridad a quienes pagaban el soborno o incluso se excluía del procedimiento de solicitud de visados a quienes no pagaran mordida. Y hay pruebas. En Uganda, país de África Oriental, el portal Uganda Watchdog informó en mayo de casos de personas que perdieron varios miles de dólares intentando conseguir un visado de trabajo polaco, mientras que en Kenia se han detectado numerosos sitios web para la obtención de visados Schengen polacos.

Para el catedrático de Derecho Internacional Jacek Skrzydo, «un escándalo de tal envergadura no puede haberse pasado por alto. El procedimiento para obtener un visado polaco es bastante complicado, por lo que no hay duda que hay altos cargos implicados».

El asunto, al margen de sus implicaciones para los países de la UE que han sido el destino final de esos inmigrantes con visado ilegal, es delicado para el partido gobernante Ley y Justicia (PIS). Sus dirigentes, sin embargo, no se dan por aludidos o intentan minimizar el caso alegando que «no hay ningún escándalo». Para el líder del PIS , Jaroslaw Kaczynski, «el asunto de los visados fue simplemente una idea estúpida y verdaderamente criminal de algunas personas, la gran mayoría de las cuales no tenían nada que ver con el aparato gubernamental». La otra versión es que la culpa de los trapicheos con los visados la tiene el partido Plataforma Cívica, de Donald Tusk, por haber cerrado consulados y contratado a empresas privadas para que hicieran el trabajo. Tusk, que fue primer ministro de Polonia de 2007 a 2014, devuelve la pelota, pero topa contra la narrativa que ya adopta la cadena de televisión pública.

El Gobierno del PiS lleva años agitando contra la inmigración, especialmente la procedente de África, Asia y Oriente Próximo. La receta le dio el éxito en las elecciones en 2015 y para las del próximo día 15 el PIS está utilizando los mismos ingredientes. Con el fin de controlar la inmigración ilegal a través de Bielorrusia, el Gobierno construyó una valla de 5,5 metros de altura a lo largo de 185 kilómetros de selva protegida en la frontera. El día de las elecciones también se celebrará un referéndum en el que el Gobierno pedirá el apoyo para esta valla y preguntará a los polacos si están de acuerdo con la redistribución de los refugiados dentro de la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, hizo lo mismo en 2016.

La Fiscalía Nacional y la Oficina Anticorrupción, CBA, han iniciado investigaciones. En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, declararon que siete personas habían sido acusadas y tres detenidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, entretanto, ha informado vía comunicado que ha rescindido todos los contratos con empresas externas que ayudaban en la tramitación de visados y destituido al jefe del departamento jurídico. Se llevarán a cabo investigaciones exhaustivas en los consulados de todo el mundo.

El escándalo se desencadenó cuando el gobierno del PiS anunció el 1 de septiembre y sólo ante la insistencia de los medios de comunicación, que un viceministro de Asuntos Exteriores había sido destituido. La escueta explicación del primer ministro, Mateusz Morawiecki, fue que no estaba satisfecho. El Ejecutivo corrió un tupido velo hasta que poco después, el diario ‘Gazeta Wyborcza’ publicó las primeras informaciones sobre el asunto de los visados y el portal de Internet ‘Onet.pl’ revelaba que el viceministro cesado era Wawrzyk, responsable de asuntos consulares, incluido el sistema de expedición de visados. Al parecer, Wawrzyk había enviado personalmente listas de nombres de personas a las que conceder visa a los departamentos consulares de las misiones polacas en el extranjero.

En esa lista aparecían los nombres de un numeroso grupo de ciudadanos indios, algunos de los cuales llegaron a pagar hasta 40.000 dólares por un visado polaco. El error fue que algunos de ellos, tras viajar a Polonia y desde allí a México, intentaron entrar en Estados Unidos haciéndose pasar por un equipo de rodaje de producciones de Bollywood. Las autoridades estadounidenses los detectaron y alertaron a las polacas.

El escándalo de los visados ha dado alas a la oposición. El equipo de campaña de Tusk ha producido un nuevo spot acusando al PiS de mentir y de hipocresía. «Estamos ante uno de los mayores escándalos del siglo XXI en Polonia», dice. Sin embargo, el escabroso vídeo, con su música amenazadora y un lenguaje sobrecargado de acusaciones, también muestra lo cerca que han llegado a estar los dos mayores bandos en liza en su elección de palabras y apariencia. Tusk acusa al PiS de haber desatado la «histeria contra los migrantes» mientras ganaba «millones con los visados». «Contra ellos, Lukashenko es un aficionado», sostiene Tusk en referencia al dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, que atrajo a decenas de miles de personas a Bielorrusia con falsas promesas, especialmente en 2021, para enviarlas después a las fronteras exteriores de la UE.

El escándalo de los visados empaña el Gobierno polaco, pero al votante parece darle igual. Según la última encuesta electoral del instituto demoscópico Ibris, el 33,3% de los encuestados votará el próximo día 15 por el PIS, y sus socios de lista, y el 26,4 % por la lista multipartidista Coalición Cívica (KO), liderada por Tusk. Cuestión aparte es que los países del espacio Schengen pidan a Polonia explicaciones, como ya ha hecho Alemania.