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Una semana después de la detención preventiva de un policía de Marsella (sur de Francia), por presuntamente agredir a principios de julio a un joven de 22 años, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, se reunió con los sindicatos policiales. Según fuentes próximas al ministro, éste «acogió favorablemente [sus] propuestas y pidió a la Dirección General de la Policía Nacional que estudiara su viabilidad operativa y jurídica».

La principal reivindicación de las organizaciones es «una modificación del artículo 144 del código de procedimiento penal», según escribió en un folleto Unité-SGP, uno de los principales sindicatos policiales del país vecino. Al aceptar que se examine esta ley, Gérald Darmanin se estaría comprometiendo de hecho a «estudiar la ley para reconsiderar la detención provisional de un policía en acto de servicio», según el mismo folleto de Unité-SGP.

El sindicato pide también que se cree un «estatuto específico para los policías implicados o investigados, con el fin de evitar su detención preventiva», y eventualmente «tribunales y magistrados especializados» para los casos que impliquen a policías.

Esta propuesta llega tras las polémicas declaraciones de Frédéric Veaux, Director General de la Policía Nacional francesa, el domingo 23 de julio, cuando afirmó que un agente de policía «no pertenece en prisión preventiva antes de su juicio […] ni siquiera en caso de error o falta grave». El ministro del Interior galo respaldó estos comentarios, declarando al canal BFMTV que Veaux «hablaba como lo haría un jefe a sus policías» y que estaba «muy orgulloso de que fuera [su] colega».

En declaraciones al canal de televisión France 2 el viernes, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, pidió la dimisión de Gérald Darmanin, quien, según dijo, «desafía a la República» al apoyar a Frédéric Veaux a pesar del «riesgo de sedición«. También pidió al presidente francés, Emmanuel Macron, que «ponga orden en su propia casa» porque «no puede haber un Estado dentro del Estado». En su opinión, «la independencia de la justicia, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley» se ven amenazadas por este tipo de comentarios.

Según Unité-SGP, el ministro francés del Interior también aceptó «mantener los pluses además del salario durante una suspensión». En la actualidad, los funcionarios siguen percibiendo su sueldo de funcionario si están suspendidos, pero no sus pluses. Por último, el grupo sindical desea «la anonimización total de los policías sin temor al rechazo del Consejo Constitucional», algo en lo que el ministro también se ha comprometido a trabajar.

En 2021, el Consejo Constitucional francés censuró un artículo de una nueva ley, que introducía un nuevo delito de difusión de imágenes de policías en acción si la intención era perjudicarles. Anteriormente, Gérald Darmanin había abogado por difuminar los rostros de los agentes en el ejercicio de sus funciones en vídeos colgados en Internet.

Las organizaciones afirman que permanecerán «atentas» y «decididas» a que se «respeten» los compromisos adquiridos por Darmanin.