En una dramática sentencia que hubiera supuesto un terremoto con varias réplicas en cualquier momento de la historia de Israel, salvo tras el 7 de octubre a raíz del ataque del grupo integrista Hamas, el Tribunal Supremo (TS) ha anulado la enmienda de ley básica que suprime el criterio de razonabilidad. Según el texto, la citada legislación suponía un daño a «las características fundamentales de Israel como Estado democrático». Aprobada en la Knésset el pasado mes de julio en una de las sesiones más tensas de los últimos años, es la primera ley básica declarada «nula y sin efecto» por la máxima instancia judicial en la historia de Israel.

Con ocho jueces a favor y siete en contra, la sentencia del TS garantiza la conservación de uno de sus principales instrumentos para revisar decisiones y nombramientos del Gobierno, primer ministro y ministros. De esta forma, fulmina la primera iniciativa que el Gobierno de Benjamin Netanyahu logró aprobar en el polémico proyecto para modificar la relación entre el poder ejecutivo y judicial que agitó el país con masivas manifestaciones de protesta durante 40 semanas seguidas en el 2023.

La sentencia del TS en el primer día del 2024 devuelve a los israelíes a la agenda política y jurídica de los primeros 9 meses y 6 días del año pasado aunque no de forma tan polarizada ni tampoco por mucho tiempo debido a la guerra que este lunes cumplía 87 días.

El texto de la sentencia-una de las últimas firmadas por Esther Hayut antes de dejar la presidencia del TS- incluye otro aspecto de gran trascendencia: 12 de los 15 jueces concluyen que el TS puede revisar leyes básicas en casos extremos que desafíen los cimientos del sistema democrático.

Las reacciones no tardaron en llegar pero la alargada sombra de la ofensiva sin precedentes contra Hamas evita una crisis constitucional, social y política. Tras criticar que la sentencia «no tiene paralelismo en ninguna democracia occidental» e insinuar que no le impedirá volver a liderar en el futuro un proceso para corregir «el exceso de poder de los jueces ante los representantes elegidos por los ciudadanos», el ministro de Justicia Yariv Levin lamentó que «la decisión de los jueces de publicar el veredicto durante la guerra es lo contrario del espíritu de unidad que se requiere en estos días para el éxito de nuestros soldados en el frente».

En la sentencia, Hayut se había avanzado a la crítica sobre el timing. «Un mes después de la audiencia sobre los recursos presentados contra la enmienda de ley, sufrimos un cruel ataque terrorista y desde entonces Israel mantiene una dura guerra contra grupos terroristas que quieren matarnos pero también en estos momentos difíciles, el TS debe cumplir su función y decidir sobre las cuestiones que le llegan sobre todo cuando se trata de asuntos relativos con la identidad nuclear de Israel como Estado judío y democrático» indicó.

Ya sobre la versión de la enmienda anulada, añadió que daña el principio de separación de poderes y avisa que una mayoría en el Parlamento no puede justificar la limitación de los controles y contrapesos. «Se trata de un daño grave y sin precedentes de las características esenciales de Israel como Estado democrático», justificó Hayut que no dudó en enfrentarse públicamente a Levin después de que éste anunciase su plan de reforma judicial el 4 de enero del 2023, pocos días después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Netanyahu.

Varias semanas antes del ataque de la unidad Nukba de Hamas que desató la devastadora guerra en la Franja de Gaza provocando también el freno total del plan de Levin, los 15 magistrados mantuvieron en septiembre una audiencia pública con los representantes de los grupos que recurrieron la ley y del Gobierno. Dado que la asesora legal de éste que fue nombrada por el anterior ejecutivo, Gali Baharav-Miara, se opuso firmemente a la reforma y en concreto a la enmienda aprobada en la Knésset, la propuesta fue representada por un abogado privado.

El ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, que a diferencia de su ex socio centrista Benny Gantz no se sumó al gabinete de emergencia de guerra, ha elogiado la sentencia del TS al considerar que «sella un año difícil de pelea que nos desgarró desde dentro y condujo al peor desastre de nuestra historia».

Ante la posibilidad de que tras la guerra y si no hay elecciones como pide la mayoría de israelíes según los sondeos, el Gobierno retome el proyecto de reforma judicial, Lapid ha añadido que «entonces no aprendieron nada el 7 de octubre, no aprendieron nada de 87 días de guerra en la casa».

El mismo día de la aprobación de la ley en la Knésset, varios altos mandos llegaron al Parlamento para avisar a Netanyahu y varios ministros y diputados de la coalición que la continuación de la iniciativa judicial dividirá aún más al país afectando también la cohesión en el Ejército y, por ende, la capacidad de disuasión en la región.