Los planes del gobierno británico para deportar a Ruanda a los inmigrantes que esperaban solicitudes de asilo eran «legales» y «coherentes con la Convención sobre los Derechos Humanos de los Refugiados», dictaminó el lunes un Tribunal Superior de Londres en respuesta a los procedimientos.
El veredicto se interpreta como una victoria de un gobierno Rishi SunakDías después de anunciar nuevas medidas para contener la inmigración e interactuar con un clima de «hostilidad» hacia los inmigrantes ilegales, tras registrar más de 44.000 cruces del Canal de la Mancha el año pasado.
El primer intento de deportar a los inmigrantes que esperaban asilo a Ruanda, el pasado mes de junio, se vio frustrado por la intervención «extrema» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de que al menos cuatro personas murieran la semana pasada cuando intentaban llegar a las costas británicas, el Ministro del Interior Suela Bravermann Esperaba que su país esté listo para aplicar «todas las medidas necesarias» para evitar cruzar el Canal de la Mancha.
Sin embargo, la decisión de la corte británica es apelable y no significa una reactivación automática del «Plan Ruanda», que aún enfrenta posibles nuevos obstáculos legales. El gobierno ya ha suspendido los contratos con el fletador español, que incluso ha volado un Boeing 767 a la base militar de Wiltshire, listo para volar a Kigali el 15 de junio.
Había hasta diez inmigrantes a bordo (de los 30 previstos inicialmente), pero la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frustró el proceso y asestó un duro golpe al Gobierno de Boris Johnson y al artífice del «Plan Rwanda», la exministra del Interior Priti Patel.
El acuerdo implica un pago inicial a Ruanda de 140 millones de euros en un «Fondo de Transformación e Integración», así como de 24.000 a 35.000 euros para el alojamiento temporal de los inmigrantes. Una portavoz del gobierno de Ruanda expresó su satisfacción por el fallo del tribunal y reiteró la disposición de su país a aceptar refugiados.
Sin embargo, la diputada opositora del Partido Laborista, Yvette Cooper, pidió al gobierno de Rishi Sunak que abandone el «Plan Ruanda» porque lo considera «demasiado inmoral y demasiado costoso». La exsecretaria del Interior conservadora, Amber Rudd, también expresó su desaprobación, calificándola de «brutal» y «poco práctica».