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Otro frente, inesperado, se ha abierto en Israel. A la mayor crisis civil en su historia a raíz del polémico plan de reforma judicial del Gobierno que desde su anuncio en enero ha desatado masivas manifestaciones de protestas durante 35 semanas seguidas, al aumento sin precedentes del crimen organizado y delincuencia en el sector árabe israelí (166 muertos en lo que va de año), a los tambores de guerra con el grupo Hizbulá en el Líbano, a la guerra en la sombra con Irán y a la ola de atentados más letal en 20 años en uno de los momentos de mayor pesimismo en el conflicto israelopalestino, se suman este fin de semana escenas de gran violencia en Tel Aviv con un origen lejano.

El sábado, los choques entre eritreos – partidarios y opositores al régimen de Eritrea – agitaron el sur de la ciudad israelí y sirvieron de recordatorio del limbo legal en el que viven miles de solicitantes de asilo. Varias horas de enfrentamientos entre los dos grupos eritreos – que usaron barras de hierro, palos y piedras siendo separados por los policías – provocaron 170 heridos (19 graves), 39 detenidos y numerosos destrozos de establecimientos.

Tras la violenta batalla campal, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó una reunión de urgencia este domingo para sugerir «enérgicos pasos contra los alborotadores de los inaceptables disturbios». Entre las medidas, se encuentran la extensión de detenciones y la posible deportación inmediata de los inmigrantes ilegales que participaron en los choques. «Me resulta difícil entender por qué tendríamos un problema (de expulsarles) con aquellos que se declaran partidarios del régimen (eritreo) que ciertamente no pueden reclamar un estatus de refugiado«, afirmó Netanyahu ante posibles obstáculos legales. «Si apoyan tanto al régimen, pues deberían regresar a su país de origen», añadió antes de partir a Chipre en su primer viaje desde que volvió al poder hace ocho meses.

Así empezó

Como cualquier sábado de verano, Tel Aviv se despertó con parsimonia y silencio para una nueva jornada de playa, descanso y ocio. No así en su zona más desfavorecida y convertida en la última década en el principal feudo de los africanos que entraron de forma ilegal cruzando la frontera egipcia de 230 kilómetros antes de que Israel la sellara con una enorme valla en 2013. La embajada de Eritrea había organizado un evento en el sur de la ciudad para conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia contra Etiopía en 1961. Para los opositores era un acto de «propaganda del dictador» en alusión al presidente Isaias Afewerki, bajo fuertes críticas por sus políticas represivas y por ejemplo no convocar elecciones desde la independencia en 1993.

La semana pasada, varias iglesias eritreas en Israel enviaron una carta a los responsables policiales pidiendo que no autorizaran al evento dada la elevada probabilidad de enfrentamientos como sucedió en otras partes del mundo. El despliegue policial fue especial pero insuficiente y pronto se vio desbordado ante centenares de eritreos llenos de ira contra sus compatriotas. Los agentes recibieron refuerzos ante lo que se iba confirmando hora tras hora como el choque más violento en los últimos años en Tel Aviv.

En la dura resaca en el barrio sureño de Shapira, Avi señala que no salió de casa en toda la jornada de sábado: «No creo que pueda olvidarlo. Fue un caos. Y lo peor es que puede volver a pasar», avisa este israelí a EL MUNDO denunciando que su país no hace nada por su barrio mientras el club B-Side, donde iba a realizarse el acto oficial, exhibía las huellas del vandalismo.

El empleo de munición real en algunos casos por agentes que alegaron que sus vidas estaban en peligro es investigado pero apoyado por el Inspector Jefe, Kobi Shabtai, que rechazó las críticas por la falta de preparación tras los avisos de la comunidad eritrea. «Son mensajes que recibimos todos los años. Hacemos todo lo posible para garantizar el sagrado derecho de la manifestación pero vimos un nivel de violencia extremadamente elevado «, declara Shabtai al frente de un organismo con déficit de personal y superávit de retos y problemas.

La mayoría de los eritreos en Israel – se cifran en unos 20.000 – están afincados en el patio trasero de una de las ciudades más caras del mundo, Tel Aviv. Son el grupo de inmigrantes ilegales más numeroso seguido a mucha distancia por los sudaneses. Desde enero, más de 2.000 eritreos han abandonado Israel con destino a países como Canadá, EE.UU y Alemania.

Desde las asociaciones de ayuda a los refugiados en Israel condenan la violencia, destacan que fue protagonizada por unos pocos y denuncian que su país no estudia todos los casos de petición de asilo dejándoles en una situación de incertidumbre e indefensión en la que viven y trabajan sin papeles. Por último, recuerdan que no puede expulsarles sin examinar su situación ya sea porque firmó convenciones internacionales al respecto. Su regreso forzado les pondría en peligro. Las autoridades locales replican que la inmensa mayoría llegó para trabajar.

Como sucede en numerosos asuntos en Israel, lo sucedido en Tel Aviv se ha convertido en arma arrojadiza de partidarios y contrarios al plan de cambios del ministro de Justicia Yariv Levin para debilitar al Tribunal Supremo (TS). «Si alguien tuviera alguna duda sobre por qué la reforma judicial es tan importante, recibió hoy una respuesta aplastante. El Gobierno promovió y la Knésset promulgó muchas leyes destinadas a afrontar el fenómeno de los infiltrados ilegales pero una y otra vez el TS anuló estas medidas», acusa Levin.

En la oposición, defienden la labor del TS y responsabilizan a Netanyahu que, excepto año y medio, gobierna desde 2009. Y recuerdan que el primer ministro cedió en 2018 a las presiones de sus bases al anular el acuerdo con la ONU que él mismo había anunciado horas antes como «el mejor posible» y «sin precedentes». La fórmula entonces era que 16.250 inmigrantes serían legalizados en Israel y los otros 16.250 serían acogidos en otros países. Hoy, Netanyahu declaró que era «una mala solución».