El Ejército birmano ha sacado de la cárcel a Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado de febrero de 2021, y la ha realojado en un edificio gubernamental, según han confirmado fuentes cercanas a la ex líder.

Según estas fuentes, que piden el anonimato, Suu Kyi fue «realojada» en una fecha no confirmada en un edificio controlado por el régimen militar cuya ubicación se desconoce, tras permanecer aislada en una prisión de la capital, Naypyidó.

Esta semana, fuentes cercanas al caso confirmaron que la junta planea transferir a Suu Kyi, la exlíder depuesta por los militares tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, a un arresto domiciliario en Rangún (Birmania).

Suu Kyi, quien solo ha sido vista una vez tras el golpe y sobre quien pesan condenas que suman hasta 33 años de cárcel desde entonces, ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en una residencia en Rangún, hasta su liberación en 2012, durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011).

El actual régimen castrense, liderado por Min Aung Hlaing, no ha confirmado el cambio, noticia anticipada por el servicio en birmano de la BBC.

El golpe, que derrocó el Gobierno encabezado por Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática, ha sumido a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.

Los cambios actuales en la situación de Suu Kyi coinciden con una visita a Naypyidó del enviado especial de China para Birmania, Deng Xijun, cuando Pekín ha aumentado su influencia y mediación en la crisis birmana.

En coincidencia con la visita a Birmania el pasado marzo del exministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, quien abogó «por un proceso de transición política» durante una reunión con Min Aung Hlaing, la junta anunció una amnistía a 2.153 disidentes.

Se espera asimismo que la junta anuncie de forma inminente si prolonga o no el estado de emergencia, a punto de expirar tras extenderse por seis meses el pasado 1 de febrero, cuando se cumplieron dos años de la asonada, generando incertidumbre sobre si todavía se celebrarán elecciones este año, como estaba previsto.