El terrorista que el pasado lunes asesinó a dos ciudadanos suecos en Bruselas era un tunecino que llevaba 12 años en Europa de manera irregular. Había estado en Italia, fue encarcelado y expulsado de Suecia y acabó en Bruselas, donde no sólo pidió asilo, sino que inició en al menos una ocasión el papeleo para empadronarse. En el continente hay más casos como él, incluyendo veteranos de la yihad curtidos en Siria y entrenados en el Califato. Y aunque existen los mecanismos legales para forzar su expulsión y devolución a los países de origen, no siempre se hace, a menudo se hace mal o se pierde la pista sin mucho esfuerzo por evitarlo. Esa es la situación, «intolerable», que la UE dice ahora que quiere atajar definitivamente.
«No es hora de señalar a nadie con el dedo, pero el caso del terrorista de Bruselas debe ser una llamada de atención y un punto de inflexión. Estaba aquí desde 2011 de forma irregular y eso que Túnez es un país que colabora en las devoluciones. Tenemos que mejorar la coordinación interna. La buena noticia es que tenemos la legislación lista. La anterior es de 2008 y nuestras propuestas están sobre la mesa, ojalá podamos empezar los trílogos ahora y acabarlos durante la presidencia española para tener un sistema de devoluciones apropiado. Uno con 27 modelos diferentes no es eficiente», ha señalado este jueves la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, al concluir la reunión de los ministros del ramo en Luxemburgo.
Hoy en el Gran Ducado se ha hablado mucho de la cuestión. Suecia ha organizado un desayuno con varios países que han sido víctimas del yihadismo en los últimos años y después, durante el almuerzo, los ministros lo han abordado bajo la presidencia del español Fernando Grande-Marlaska. Ahora mismo la legislación, que tiene 15 años, permite expulsiones de quienes son considerados una seria amenaza. Pero la nueva propuesta de Directiva, parte de todo el paquete del Pacto Migratorio que se lleva negociando años, establece que no sólo sea posible, sino obligatorio para todos. No basta con una expulsión a un vecino, quitarse el problema de encima, sino fuera de la Unión.
«Ahora mismo se les puede pedir a las personas que suponen una amenaza para la seguridad y han recibido una orden de devolución que abandonen el país voluntariamente. Tenemos que cambiar esto de forma urgente. Nosotros, la Comisión Europea, hemos propuesto que si una persona supone una amenaza para la seguridad nacional los estados miembros tengan el poder de obligarla a marchar», dijo el miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en una comparecencia conjunta con los primeros ministros de Bélgica y Suecia.
La comisaria Johansson, que la recordado que este año se han aumentado un 20% las «devoluciones de quienes no tienen derecho a estar aquí respecto al año pasado», ha convocado una reunión de urgencia para este viernes con los diferentes estados miembros «para asegurarnos de que quienes suponen riesgos puedan ser devueltos a sus países de origen. Debe ser una prioridad», ha asegurado. Igualmente, ha invitado a los gobiernos a desarrollar un proyecto piloto para aplicar el espíritu de esas normas que están discutiéndose ya mismo. «Los Estados Miembro ahora mismo pueden acelerar los procesos y devolver inmediatamente a quienes suponen una amenaza. Con nuestra propuesta será obligatorio porque quien es una amenaza lo es para todos. Sería bueno empezar los trílogos pronto, pero mientras, los Estados pueden ponerse de acuerdo incluso si no es obligatorio en la legislación. Podemos trabajar en un proyecto piloto», ha dicho.
Alerta y riesgo ante las Navidades
Los recientes atentados en el continente, y la escalada de la intervención israelí en Gaza tras el brutal ataque de Hamás, han hecho saltar todas las alarmas en un continente que tiene aún abiertas las heridas por los numerosos atentados sufridos en los últimos ocho años. Las Navidades son, en ese contexto, un periodo especialmente sensible, pues todos recuerdan el asesinato de 12 personas en un mercadillo de Berlín en diciembre de 2016.
El alcalde de Madrid ha pedido subir ya el nivel de alarma de cara a esas fechas, pero ha recibido desde Luxemburgo una respuesta dura por parte del ministro del Interior en funciones. «Hay que adelantarse a los acontecimientos y mantener un seguimiento en el tiempo y una evaluación constante de los riesgos que puedan afectar a nuestras sociedades y tomamos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. Hay lugares específicos que puedan razonablemente necesitar un mayor nivel de protección y convenimos para seguir trabajando en intercambios de inteligencia (…) Pero ningún representante político debe hacer política partidista al respecto. Los niveles de amenaza terrorista no son algo caprichoso, contamos con los profesionales de todos los servicios de seguridad y de inteligencia y su información. Lo que no puede hacer un representante es una utilización partidista. No debo decir nada más como presidente del Consejo», ha señalado.