• Segunda Guerra Mundial Italia desclasifica documentos inéditos sobre los crímenes de guerra nazis

En octubre de 1943, después de que los nazis iniciaran una brutal ocupación de su antiguo aliado, las tropas alemanas ahorcaron a seis civiles italianos en una ladera del sur de Italia como castigo colectivo por el asesinato de un soldado, que había estado buscando comida.

Ochenta años después, algunos de los familiares de los hombres ejecutados en Fornelli recibirán parte de los 12 millones de euros concedidos por un tribunal italiano como indemnización por el trauma sufrido por sus familias.

«Seguimos conmemorando la tragedia año tras año. No se ha olvidado», afirma Mauro Petrarca, bisnieto de uno de los asesinados, Domenico Lancellotta, católico romano de 52 años y padre de cinco hijas y un hijo.

Todos menos uno de los familiares que vivían en el momento de los asesinatos han fallecido, pero según la legislación italiana, las indemnizaciones que se les debe pueden pasar a sus herederos. Por ello, Petrarca recibirá unos 130.000 euros en virtud de una sentencia judicial de 2020.

Pero curiosamente, será Italia y no Alemania quien pague, después de que la primera perdiera un litigio en la Corte Internacional de Justicia sobre si Berlín seguía siendo responsable de los daños relacionados con los crímenes y atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.

El ‘armario de la verguenza’

En 1962, Alemania firmó un acuerdo con Italia por el que pagaba a Roma 40 millones de marcos alemanes, equivalentes a algo más de mil millones de euros hoy, que ambas naciones acordaron que cubrían los daños infligidos por las fuerzas nazis al Estado italiano y a sus ciudadanos.

Italia concedió pensiones a los perseguidos políticos o raciales durante el conflicto y a sus familiares supervivientes. Sin embargo, no ofreció reparaciones por crímenes de guerra.

«No tuvieron en cuenta los crímenes de guerra y esto fue un error. Quizá en aquel momento pensaron que todo el mundo había cometido crímenes de guerra, no sólo Alemania», declaró Lucio Olivieri, abogado que dirigió el litigio del caso Fornelli.

En 1994, se encontró en las oficinas de la fiscalía militar de Roma un armario lleno de expedientes que documentaban cientos de crímenes de guerra que nunca habían sido juzgados. A raíz del llamado armario de la vergüenza, Italia intentó juzgar a los nazis por su participación en múltiples masacres, y los tribunales empezaron a conceder indemnizaciones a las víctimas.

Alemania se negó a pagar, alegando que el acuerdo de 1962 impedía nuevas reclamaciones. En 2012, la Corte Internacional de Justicia dio la razón a Berlín, pero los tribunales italianos siguieron atendiendo casos de indemnización, alegando que no se podían imponer límites a los crímenes de guerra.

‘Cuestión de orgullo’

El litigio de Fornelli, que se inició en 2015, se dirigió tanto contra Alemania como contra Italia, que intentó, sin conseguirlo, paralizar el procedimiento. «Me pareció increíble que Italia se pusiera del lado de Alemania en el caso contra nosotros. Era como si volvieran a ser aliados (de guerra)«, afirma Petrarca, obrero en Fornelli.

Ante el creciente número de casos que llegaban a los tribunales, el entonces primer ministro Mario Draghi creó en abril de 2022 un fondo para cubrir los crecientes costes de las indemnizaciones, con la esperanza de cerrar un oscuro capítulo de la historia de Italia.

El plazo para presentar nuevas demandas judiciales expiró el 28 de junio y el Tesoro italiano, que gestiona los pagos, afirmó a Reuters que hasta la fecha había recibido notificación de 1.228 demandas judiciales, pero señaló que otras podrían no haberle sido remitidas todavía.

Es probable que en cada demanda haya varios demandantes, lo que significa que los 61 millones de euros destinados a las reparaciones podrían no ser suficientes para cubrir todos los pagos previstos, según indican los abogados. Ya se han añadido fondos adicionales a los 55 millones de euros iniciales, pero el Tesoro dijo que era demasiado pronto para saber si serían suficientes.

Además, el Gobierno se ha reservado el derecho de revisar cualquier sentencia judicial antes de decidir si paga o no, lo que supone un obstáculo burocrático adicional para los demandantes, aunque Roma niega haber puesto trabas a las familias. «Es una burla», afirma Disegni, vicepresidente de la Unión de Comunidades Judías Italianas (UCEI).

Pero, para Fornelli, hay luz al final del túnel. En virtud de un decreto gubernamental promulgado en julio, el primer desembolso debería efectuarse en enero, aunque la ciudad insiste en que su caso iba mucho más allá del dinero en metálico.

«No se trataba de dinero. Se trataba de buscar justicia para un crimen de guerra, una cuestión de orgullo», zanjó el alcalde de Fornelli, Giovanni Tedeschi.