El Congreso está obstaculizando hasta última hora la toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. Los partidos oficialistas conformaron una Junta Calificadora para revisar los requisitos de los 160 diputados electos. Ello retrasó la juramentación de los legisladores y el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que era la encargada de entregar el poder del Ejecutivo a Arévalo. Esto ha provocado que el propio mandatario electo recurriese a las redes sociales para denunciar que «se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder». Recordó que los diputados «tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas» y señaló que «el pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando».
Esta situación provocó máxima tensión en el país centroamericano, donde autoridades indígenas se manifestaron frente al Congreso y la Fiscalía para denunciar que estaban intentando «perpetrar el golpe de Estado», razón por la cual exigieron a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su mandato de «defender el orden constitucional». Asimismo, hicieron un llamado a la población para que «no caiga en provocaciones de los golpistas y corruptos porque debemos evitar la violencia y guardar la calma».
El socialdemócrata pretende iniciar una nueva Primavera para «cerrar esta época tenebrosa de cooptación corrupta del sistema político en el que ha transcurrido nuestro país durante más de dos décadas». Para ello, ha sorteado en los últimos meses un intento de «golpe de Estado», tal como ha denunciado, por parte de la Fiscalía y el juez séptimo, Fredy Orellana, que han hecho lo imposible por impedir su investidura.
Concretamente, la fiscal general, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, pidieron ilegalizar el partido con el que Arévalo ganó las elecciones, el Movimiento Semilla, al tiempo que lograron encarcelar a afiliados de esta formación, pidieron la retirada de la inmunidad del presidente electo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para investigarlos por varios delitos e incluso solicitaron anular los comicios.
Arévalo asumió el poder ayer ante la presencia de varios líderes mundiales, entre ellos, el Rey Felipe VI, quien llegó el sábado a Ciudad de Guatemala, donde mantuvo una reunión con el presidente saliente, Alejandro Giammattei y con el nuevo mandatario, mientras que ayer celebró un encuentro con la comunidad española en la residencia del embajador antes de acudir a la toma de posesión.
Al país centroamericano también llegó el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien tras mostrar su total «respaldo» al nuevo Gobierno de Arévalo, señaló que la democracia de Guatemala «ha estado amenazada», razón por la cual el viernes el Consejo de la UE aprobó por unanimidad un marco jurídico de sanciones contra quienes «pretendan socavar la democracia, el Estado de derecho y una transición de poder pacífica».
En la rueda de prensa conjunta junto a Borrell, el nuevo mandatario anunció que citará a mediados de esta semana a la fiscal general, Consuelo Porras, para «pedirle la renuncia», porque «va a ser evidente que las condiciones políticas con las que ella se sentía en
libertad de operar han desaparecido». En caso de que se niegue a dejar su cargo antes de que finalice su mandato en 2026, advirtió de que «haremos los intentos que nos competan y podamos hacer en el marco de la ley para corregir la situación que existe en el Ministerio Público».
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a todos los jefes de Estado de América a asistir a la toma de posesión de Arévalo, dado que, según avisó, «hay fuerzas amenazando con un golpe de Estado». El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tuvo que cancelar su viaje debido a la crisis de seguridad en su país.
Con la toma de posesión de Arévalo, se pondrá fin a unos meses de incertidumbre, marcados por la persecución judicial contra su persona y su partido, encabezada por la fiscal general, incluida en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos. La última acción de la Fiscalía ha sido capturar al ex ministro de Gobernación Napoleón Barrientos, quien en los últimos meses se negó a reprimir con violencia las manifestaciones y bloqueos en el país en defensa de la democracia. Los mismos policías que estuvieron bajo sus órdenes acudieron a su domicilio para llevárselo detenido la pasada semana, acusado de incumplimiento de deberes y desobediencia, por los que ya ha ingresado en prisión, a la espera de la audiencia de primera declaración, que se celebrará mañana.
En octubre del pasado año, Barrientos presentó su dimisión, después de que la fiscal general pidiera su destitución por «desobedecer» la orden de desalojar por la fuerza los bloqueos que habían llegado incluso frente a la sede de la Fiscalía en Ciudad de Guatemala. La población indígena ha liderado las movilizaciones masivas en el país centroamericano como una medida de presión para que se respete lo decidido en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, con la victoria del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Así, Arévalo no ha estado solo en el largo periplo hasta su toma de posesión. Miles de personas salieron a las calles en apoyo de la democracia y en contra de los «golpistas» e incluso durante varios días, bloquearon las principales carreteras del país y la capital tras convocar un Paro Nacional.
Un calvario judicial que comenzó tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones celebradas el 25 de junio. El mismo día que se oficializaron los resultados, el juez séptimo, Fredy Orellana, ordenó el 12 de julio, a petición de la Fiscalía, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Todo ello a raíz de una investigación en la que supuestamente, el partido de izquierdas se constituyó a través de firmas falsas y rúbricas de personas fallecidas. Toda una estrategia urdida por la vieja política para impedir que gobierne Arévalo, quien promete «limpiar el pantano de la corrupción». Mientras la Fiscalía hizo mil intentos para impedir que Arévalo asuma el poder, el TSE y la Corte de Constitucionalidad actuaron de parapeto salvaguardando la democracia.
