• Reino Unido Un tribunal británico declara «ilegal» el envío de refugiados a Ruanda

El ministro británico del Interior, James Cleverly, firmará este martes un reforzado tratado migratorio con Ruanda con la confianza de poder solventar los obstáculos judiciales que han frustrado su estrategia para enviar solicitantes de asilo al país africano. El revisado acuerdo bilateral, que se rubricará en Kigali, es uno de los engranajes esenciales del ‘plan b’ del Gobierno de Rishi Sunak para relanzar los vuelos de refugiados a la capital ruandesa.

El plan Ruanda se estancó sin levantar vuelo. Varios refugiados bajaron del avión fletado a una compañía española ante la decisión preventiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en primavera de 2022. La política fue finalmente declarada ilegal por el Supremo británico en un fallo unánime pronunciado hace tres semanas.

El nuevo pacto eleva a la categoría legal de tratado internacional el acuerdo diseñado por Londres para confiar a Kigali la tramitación de migrantes llegados al Reino Unido por rutas extraoficiales, en particular, en botes a través del canal de la Mancha.

Cleverly presentará el documento en el Parlamento de Westminster con anterioridad a la tramitación en ambas cámaras de una ley de emergencia que definirá Ruanda como país seguro en el ámbito migratorio. Será la segunda pieza del plan de Sunak para proteger la iniciativa de futuras acciones judiciales que impidan exportar solicitantes de asilo a África. Sus ministros y portavoces reiteran además que Austria, Italia, Alemania y Dinamarca contemplan estrategias similares a la controvertida política británica.

El renovado entendimiento político-comercial entre Londres y Kigali ha de incluir garantías para solventar las cuestiones elevadas por los jueces del Supremo sobre deficiencias del sistema migratorio ruandés y el riesgo de que genuinos refugiados sean deportados a su país de origen. Se violaría así el llamado principio de ‘non refoulement’ (no devolución) que reconoce el derecho de un solicitante de asilo a no ser devuelto a un país donde su vida corra peligro o pueda sufrir maltrato y tortura.

Expertos legales dudan del efecto práctico de la legislación propuesta por el Ejecutivo, cuyo contenido aún no se ha desvelado. Entre ellos, el abogado David Allen Green explica en su blog ‘The Empty City la envergadura de la resolución de la corte británica de máxima instancia que considera, entre otros hechos jurídicos, el «principio de no devolución» como un «derecho consuetudinario internacional» vinculante e inalterable. «Ninguna legislación que introduzca el gobierno permitirá que esa norma deje de aplicarse en Reino Unido», observa el letrado, en línea con los que anticipan nuevos procesos legales para frenar la entrega a Ruanda de refugiados.

Sunak blande esta semana su plan B migratorio que había prometido al recibir el varapalo del Supremo. La ofensiva comenzó el lunes con el anuncio del endurecimiento de las restricciones en visados de trabajo para extranjeros y limitaciones monetarias en el derecho de reunificación familiar, que afectará incluso a los británicos a partir de 2024.

El Gobierno calcula que impedirá el asentamiento anual de 300.000 nacionalesextranjeros que hubieran entrado legalmente en el país bajo el sistema del postBrexit. La derecha radical del Partido Conservador y medios afines han respondido positivamente a las nuevas medidas contra la migración legal, que alcanzó un pico neto de 745.000 en 2022.