El lunes, la Organización de Estados Americanos exigió que se den «todas las garantías de justicia» y se respete el debido proceso en el juicio político al descuido del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
En un comunicado, la Secretaría General de la OEA destacó que el principio que debe regir el proceso es el “respeto a los mandatos constitucionales” que rigen cuando el voto popular elige a un presidente.
Además, resaltó que se deben cumplir los mandatos presidenciales y los plazos Sin presiones ni amenazas.
El organismo también pidió a «todos los actores» que participarán en el juicio político en la Asamblea Nacional (parlamento) ecuatoriana, de mayoría opositora, que avancen “Con la mayor responsabilidad y mesura política e institucional”.
Laso comparecerá mañana ante el Parlamento para defenderse de una acusación presunto desfalco, Es decir, cuando un funcionario destina o utiliza ilegalmente fondos públicos, presentado por los principales partidos de oposición, que apareció con fuerza el pasado domingo con la designación de las principales autoridades de la cámara.
Según la oposición, el mandatario incurrió en un presunto desfalco al conocer supuestas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal. Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa privada Amazonas Tanker Falta de acción para evitar mayores daños al estado.
La defensa de Laso asegura que los contratos se firmaron en el anterior gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) Y que por mandato del actual Presidente, se ha solicitado revisión a la Contraloría (Corte de Cuentas) para renovarla en los términos y observaciones formuladas por dicho órgano.
El pasado martes, el legislativo aprobó, por 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, entrar en la fase final del juicio, en el que se interrogará a Laso.
Está en marcha un juicio político En el momento más débil del jefe Durante sus casi dos años en el cargo, luego de sufrir una dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, el gobierno perdió en un referéndum para implementar reformas a la constitución, mientras que el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue el gran ganador en las elecciones locales.