Entrar en Texas de forma ilegal por la frontera con México será un crimen estatal perseguido por las autoridades a partir de ahora. La nueva ley SB4, firmada por el gobernador republicano el pasado lunes, entrará en vigor en marzo y legitima la persecución a la población inmigrante en un Estado con más de 40% de hispanos.

Cualquiera que no tenga los papeles en regla podrá ser detenido por agentes locales, ser colocado en un proceso de deportación o enfrentarse años de prisión en caso de reincidencia, en una de las leyes antiinmigrante más severas a nivel nacional.

La medida pretende detener el flujo masivo de cruces ilegales hacia el segundo Estado más extenso del país y uno de los cuatro que colindan con México. En los últimos meses, Abbott ha enviado más de 20 autobuses con indocumentados hacia Los Ángeles y otros tantos a Nueva York, acusando a los políticos del Partido Demócrata de estar causando una crisis migratoria sin precedentes en Estados Unidos.

Además de meter el miedo en el cuerpo a los cientos de miles de ‘sin papeles’ que llevan años residiendo, trabajando y pagando impuestos en Texas, la ley de Abbott es un desafío al gobierno de Joe Biden. Permite a policías y jueces locales detener y deportar a inmigrantes, algo que en el resto del país solo compete a las autoridades federales. En Washington han tildado el decreto de inconstitucional.

Pese a las diversas sentencias de tribunales federales al respecto, son varios los legisladores republicanos en Texas que confían en que la SB4 pueda llegar hasta el Tribunal Supremo y sea ratificada de la mano de la mayoría conservadora actual.

«Biden deja a Texas a su suerte»

Abbott acusó directamente a Biden de no saber manejar la seguridad en la frontera. «La deliberada falta de acción de Biden ha dejado a Texas a su suerte«, indicó el republicano, uno de los principales aliados del ex presidente Donald Trump de cara a su reelección. El mes pasado estuvieron juntos en una visita a la frontera.

Inmigración

El gobernador hizo el anuncio desde una granja privada a lo largo del Río Grande en Brownsville, pegado a la pequeña sección del muro fronterizo construido por Texas. Está convencido de que la ley es tan «extrema» que va a producir «una reducción dramática muy por encima del 50%, quizá de un 75%, del número de personas cruzando de forma ilegal hacia Texas».

Del otro lado, grupos de activistas y miembros del Partido Demócrata han tachado la medida de «la ley antiinmigrante más extrema de Estados Unidos» en una carta enviada el Departamento de Justicia. Tanto Joaquín Castro, congresista por Texas, como otros 20 legisladores demócratas, han solicitado una intervención directa al fiscal general, Merrick Garland.

«Le instamos a hacer valer su autoridad sobre la inmigración federal y la política exterior y emprender acciones legales, según corresponda, para evitar que esta legislación inconstitucional y peligrosa entre en vigor», indicaron en una carta.

Por su parte, organizaciones como el Centro Juvenil por los Derecho de los Niños Inmigrantes sostienen que la SB4 «exacerbará la discriminación racial contra niños y familias negras e hispanas en todo Texas. Será más probable que las fuerzas del orden detengan y arresten a cualquier persona que sospechen de haber ingresado a Texas entre los puertos de entrada, basándose en su mera apariencia física».

También han manifestado su oposición algunos de los sheriffs en localidades fronterizas. Les preocupa que la aplicación de la SB4 a partir de marzo colapse las cárceles y los juzgados locales si las autoridades arrestan un pequeño porcentaje de las personas que cruzan a diario los 2.000 kilómetros de frontera entre Texas y México. En un solo tramo los agentes federales se toparon con más 38.000 inmigrantes en octubre.

Será, a buen seguro, uno de los temas calientes durante la campaña presidencial del año que viene. Por un lado, Biden, que llegó a la Casa Blanca prometiendo una reforma migratoria que no ha llegado ni a debatirse en el Congreso, y por otro, el más que posible candidato republicano, un Trump que ha prometido batir un récord de deportación si vuelve a gobernar.