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  • Editorial La ‘ley ómnibus’ de Milei despierta importantes dudas democráticas

El Gobierno del libertario Javier Milei ha aligerado la denominada ‘ley ómnibus’, su proyecto estrella, con una reducción notable del número de artículos que deroga, modifica o añade y la limitación del período de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, para buscar su aprobación en el Congreso.

El revisado proyecto de ley sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, al que ha tenido acceso Efe, incluye 525 artículos frente a los 664 planteados inicialmente. Muchos de ellos han sido reformados para lograr suficientes apoyos en la Cámara baja argentina, donde La Libertad Avanza, la fuerza ultraderechista liderada por Milei, es minoritaria.

La emergencia múltiple en la que se amparan las reformas propuestas por el Ejecutivo sólo sería declarada hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque podría ser prorrogada un año más (hasta fines de 2025), lo que supondría dos años como máximo frente a los cuatro que se contemplaban inicialmente.

No obstante, la nueva ‘ley ómnibus’ continúa siendo un marco efectivo para que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo pueda asumir funciones del Legislativo. La otra batería de medidas propuesta por Milei en diciembre, el decreto de necesidad y urgencia (DNU), ya no está mencionado explícitamente en el texto de la ‘ley ómnibus’, que en su versión original comprendía la ratificación del mismo. En el apartado relativo a la privatización de las empresas públicas, el Ejecutivo eliminó a la petrolera de mayoría estatal YPF, controlada en un 51 % por el Estado argentino tras la expropiación a la española Repsol en 2012 y que cotiza en Wall Street.

El nuevo proyecto también cambiaría las fórmulas jubilatorias en el país suramericano. Los argentinos mayores de 65 años o aquéllos que acrediten 30 años de antigüedad de servicio pasarían a recibir una «asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable». Según la norma, la nueva fórmula de prestaciones jubilatorias entraría en vigor en abril de este año y se actualizaría mensualmente a partir del dato de inflación mensual inferido del Índice de Precios al Consumidor Nacional que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La reforma de la ‘ley ómnibus’ también suprime las llamadas ‘pensiones de privilegio’ vitalicias para los ex presidentes y los ex vicepresidentes de Argentina. Esta norma sólo afectaría a los mandatarios posteriores a la aprobación de la norma.

Seguridad

Otro de los capítulos más polémicos del bloque original era el relativo a la seguridad, donde se proponía que toda reunión de más de tres personas convocada con carácter «intencional y temporal» fuese considerada una «manifestación». Ahora, el mínimo se elevaría a las congregaciones de más de 30 personas, sobre las que se aplicarían las disposiciones del estricto protocolo de seguridad introducido por el Gobierno en diciembre. En el apartado cultural, cuyos afectados se han opuesto radicalmente a la ‘ley ómnibus’, el Gobierno no daría marcha atrás en el cierre de instituciones públicas como el Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes.

El Ejecutivo plantea ahora la posibilidad de que se creen nuevas instituciones que asuman los roles de los organismos que se extingan. De cualquier modo, el nuevo texto tendrá que ser estudiado a fondo por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Argentina.

En las últimas semanas, los legisladores han podido cuestionar a los miembros del Ejecutivo acerca de la primera versión de la ‘ley ómnibus’ durante un prolongado período de sesiones en el que participaron también miembros de la sociedad civil.

Los libertarios, minoritarios en la Cámara baja, donde cuentan con sólo 38 diputados, necesitan lograr 97 síes para conseguir el ‘quórum’ necesario que les permita iniciar el tratamiento del paquete de medidas en el Congreso. Aunque Milei y sus colaboradores esperaban culminar este proceso en un tiempo récord, el presidente aceptó el pasado viernes prorrogar las sesiones en el Parlamento hasta el 15 de febrero.

Hasta entonces, a las tribulaciones políticas se les sumarán las decisiones judiciales -que ya han suspendido parte de las desregulaciones incluidas en el DNU- y la oposición en las calles, donde el Gobierno se enfrentará a un importante test este miércoles, cuando tendrá lugar la media jornada de paro general y movilizaciones frente al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, y secundada por partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre otros.