La ley de inmigración del Gobierno francés ha franqueado este martes su primera etapa en la tramitación legislativa, tras su aprobación por parte del Senado. El texto inicial poco tiene que ver con el que los senadores han validado esta tarde, con 210 votos a favor frente a los 115 en contra de la izquierda. Éste se ha ido endureciendo, sobre todo para contentar a la derecha conservadora de Los Republicanos, que consideraban que era demasiado laxo.

Han votado 325 de los 341 senadores. En origen, la ley buscaba controlar la inmigración y mejorar la integración de los que los extranjeros que ya viven en suelo francés. La realidad es que se ha ido nutriendo de medidas para lograr el primer objetivo y se han descafeinado las encaminadas a lo segundo.

La única medida que podía contentar a la izquierda, que la que buscaba regularizar a los inmigrantes sin papeles que trabajen en sectores donde falte mano de obra, como la hostelería o la construcción, ha quedado casi en nada: serán los prefectos los que analicen cada caso de manera individual, valorando la situación de integración del solicitante.

Se han introducido medidas para expulsar más fácilmente a los que cometan delitos, eliminando algunas de las protecciones de las que se beneficiaban, por ejemplo, los que habían llegado a territorio francés con menos de 13 años. No se les podía echar y, a partir de ahora, será posible si han cometido algún delito. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, cree que esto permitirá expulsar a 4.000 extranjeros delincuentes cada año.

También se complica la solicitud de asilo y el reagrupamiento familiar. Los niños que hayan nacido en Francia pero con padres extranjeros ya no tendrán la nacionalidad automática al cumplir la mayoría de edad.

Otra de las medidas más criticadas es la eliminación del sistema de ayuda médica del estado para los sin papeles. Ahora habrá una ayuda médica de urgencia, reservada para enfermedades graves, vacunas y cuidados básicos para embarazadas, por ejemplo. Su supresión era una de las peticiones de la derecha y la extrema derecha, que denunciaban el elevado coste que supone para el Estado este dispositivo.

El objetivo del texto es desincentivar las llegadas al territorio francés y, a la vez, poder expulsar a los perfiles «que supongan una amenaza para la República». El ministro del Interior no parece muy molesto por el hecho de que su texto inicial haya sido modificado sustancialmente y ha dicho este martes en el Senado que el texto «llega a la Asamblea y hay ganas de que sea debatido». «Firmeza contra los extranjeros delincuentes, pero ayuda a la integración», ha resumido.

La duda ahora es qué ocurrirá con el texto en la Asamblea, donde se empieza a debatir el diciembre y donde el Gobierno no tiene mayoría. El ala izquierda de la mayoría presidencial ha amenazado con devolver el espíritu inicial al proyecto, y reescribirlo, pero en este caso no contará con los apoyos de Los Republicanos. Tampoco cuenta con los de la izquierda, que valora que el texto es muy restrictivo.