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El golpe judicial contra María Corina Machado, que lidera con enorme ventaja todas las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela, ha provocado la reacción de Washington, principal impulsor de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno chavista y la oposición. «La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de descalificar a la ganadora de las primarias de la oposición democrática es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones competitivas en 2024″, lamentó este sábado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

El TSJ ratificó en una sentencia emitida el viernes, en la que incluso no dudó en manipular documentos previos, la inhabilitación electoral contra Machado por un periodo de 15 años. La corte, bajo control absoluto de Nicolás Maduro, ratificó así la decisión inconstitucional e ilegal de la Contraloría chavista, que acusa a la líder opositora de ser «partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó que propició el bloqueo criminal a Venezuela, así como también el despojo de empresas y riquezas en el extranjero».

Por el contrario, Machado se mantuvo distante de la Presidencia encargada durante la mayor parte de los cuatro años en los que Guaidó estuvo a la cabeza de la oposición.

«Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y civil», añadió el portavoz. La puesta en marcha de la operación Furia Bolivariana ha provocado la detención de cinco dirigentes de Vente Venezuela, partido liderado por Machado, entre los que también se encuentra el maestro Víctor Venegas. A todos ellos, el fiscal revolucionario les acusa de estar involucrados, sin ninguna prueba, en el intento de asalto a cuarteles militares que forman parte de cinco supuestas conspiraciones denunciadas estos días por el régimen bolivariano.

Gracias a los Acuerdos de Barbados, EEUU flexibilizó las sanciones energéticas contra Venezuela y canjeó al presunto testaferro Alex Saab por 10 rehenes estadounidenses y 16 presos políticos venezolanos. En la actualidad, en las mazmorras de Maduro se mantienen 257 prisioneros políticos, sin contar las detenciones de los últimos días.

El Departamento de Estado criticó la decisión judicial, «profundamente preocupante», ya que «careció de elementos básicos, porque Machado no recibió una copia de las acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder». Para el Gobierno de Washington, va en contra de la «hoja de ruta electoral de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las presidenciales».

Nicolás Maduro aprovechó la realización de su podcast para acusar a la oposición de no apoyar las investigaciones de las «conspiraciones», ni de condenar «los intentos de magnicidio».