El gobierno colombiano encabezado por Gustavo Petro y desertores de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció la inauguración de mesa de conversaciones de paz.
El Alto Comisionado para la Paz y el llamado Estado Mayor Central de las ex FARC anunciaron este domingo en sus redes sociales el documento suscrito la víspera, que prevé el establecimiento de diálogos para discutir y acordar un «cese al fuego bilateral y temporal de carácter caracter nacional».
Desde el momento de la suscripción hasta la instalación de las mesas de diálogo, cuya fecha no se especifica en el documento, regirá una etapa inicial en la que un equipo de «Generando confianza» Resolver casos de emergencia con la participación de representantes de ambas partes.
En el proceso participarán delegados gubernamentales, garantes internacionales y acompañantes de Naciones Unidas, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos y de la Conferencia Episcopal de Colombia, entre otros sectores. Según el documento, los integrantes de las dos delegaciones se conocerán en los próximos días.
En abril, el Estado Mayor Central, compuesto por Docenas de grupos disidentes que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 Entre el gobierno y las FARC, anunció su disposición de iniciar negociaciones con el presidente ejecutivo del presidente Gustavo Petro. Se estima que de llegar a un acuerdo permitiría el desarme de unos 3.000 miembros disidentes.
El Estado Mayor Central dirigido por un seudónimo Iván muerde Se encuentra en el suroeste de Colombia, en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada y Meta Sur. Su influencia también se extiende a la región Pacífica del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El gobierno de Petro, el primero de izquierda en la historia de Colombia, llegó a principios de junio a Cuba Acuerdo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) por un cese al fuego que duraría 180 días. Esta etapa se llama aislamiento Que prevé el cese de las operaciones ofensivas entre el ejército y los militantes, que comenzaron el jueves y se extenderán hasta el 3 de agosto. Se espera que más adelante se identifiquen los mecanismos para monitorear y verificar el cumplimiento bilateral.
