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Algunos cruzaron el charco hasta alcanzar Estados Unidos. Otros aterrizaron en Australia. Y unos cuantos se asentaron en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Todos ellos son muy jóvenes, la gran mayoría veinteañeros que todavía estaban en la universidad y que decidieron continuar con su activismo lejos de casa. Tampoco tenían otra opción. Si se quedaban en Hong Kong, probablemente acabarían, como muchos de sus compañeros, encerrados en una celda.

Hubo un momento, a mediados de 2019, en el que realmente muchos creyeron que podrían cambiar las cosas, que saliendo a la calle y plantando cara harían escuchar a los dirigentes sus demandas de más libertades y mayor autonomía para Hong Kong. Pero, tras meses de violencia en las calles, lo que vino fue una campaña de represión y detenciones bajo una ley de Seguridad nacional cocinada desde Pekín.

Muchos de los jóvenes que estuvieron en primera línea de las protestas pro democracia se marcharon al extranjero. Pero el cerco sobre ellos se sigue estrechando: los jefes de la policía hongkonesa les acusan de traidores y ponen precio a sus cabezas, mientras aumenta la operación de acoso a sus familias con el propósito de que estas les presionen para volver y rendir cuentas con la Justicia.

Hace un par de días, Steve Li, oficial del departamento de Seguridad nacional de la policía de Hong Kong, organizó una rueda de prensa con un monitor detrás donde proyectó las caras de cinco activistas en busca y captura que se encuentran en el extranjero: Simon Cheng, Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok y Tony Choi. Ellos se suman a una lista publicada en verano con otros ocho activistas fugitivos. La recompensa por la captura -o «informaciones que conduzcan a su arresto»- de cada uno de ellos asciende a un millón de dólares hongkoneses, que al cambio son alrededor de 117.000 euros.

Draconiana Ley de Seguridad nacional

«Todos los que huyeron al extranjero continuaron cometiendo delitos bajo la Ley de Seguridad nacional y pusieron en grave peligro la seguridad nacional», dijo el oficial Li, incidiendo en que los cinco «traidores» han sido acusados de diversos delitos tipificados por la ley, incluida la incitación a la secesión y la subversión, así como colusión con países extranjeros. «Todos traicionaron a su propio país».

Uno de los acusados, Joey Siu, radicado en Washington y que cuenta con la ciudadanía estadounidense, respondió rápido al comunicado de la policía hongkonesa. «Es la primera vez que un ciudadano estadounidense es sometido a una orden de este tipo y esto demuestra el alcance extraterritorial de la ley de Seguridad nacional. Creo que los países democráticos, especialmente EEUU, deben tomar la iniciativa para abordar estas tácticas de acoso y represión transnacional contra activistas como yo», afirmó.

«Si el Gobierno considera que la búsqueda de la democracia y la libertad es un crimen, aceptamos los cargos para revelar el rostro genuino de la justicia social», dijo otro de los acusados, Simon Cheng, que actualmente vive en el Reino Unido, desde donde cargó también contra las autoridades hongkonesas el secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron. «No toleraremos ningún intento por parte de ninguna potencia extranjera de intimidar, acosar o dañar a personas o comunidades en el Reino Unido. Esto es una amenaza a nuestra democracia y a los derechos humanos fundamentales», subrayó Cameron.

La agitación en Hong Kong con la acusación contra los cinco activistas coincide con la previa del juicio más mediático del año en la ex colonia británica. Hoy, el magnate de los medios Jimmy Lai, de 76 años, figura clave del movimiento pro democracia durante las protestas de 2019, se sentará en el banquillo.

Lai, quien tiene la ciudadanía británica, lleva en prisión desde diciembre de 2020 y está acusado de sedición y de conspirar con fuerzas extranjeras, delitos castigados por la ley de seguridad nacional con hasta cadena perpetua.

El fundador del Apple Daily, uno de los diarios de mayor tirada hasta que cerró hace un par de años, se declara inocente de todas las acusaciones. El empresario tiene una fortuna estimada en 1.000 millones de dólares gracias a sus inversiones en la industria textil y, después, a la adquisición y fundación de varios medios locales en Hong Kong.

A finales de 2021 ya fue sentenciado a 13 meses de prisión por incitar a los manifestantes a participar en una conmemoración prohibida de la masacre de la Plaza de Tiananmen. Un año antes, fue condenado también a cinco años y nueve meses de prisión por fraude, aunque Lai mantuvo que se inventaron un caso de corrupción en su contra para silenciarlo.