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El departamento de Cabañas, en El Salvador, amaneció este martes rodeado de 7.000 soldados y 1.000 policías que han cercado las entradas y salidas para «evitar la salida de pandilleros y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas». Así lo ha informado en sus redes sociales el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha explicado que en las últimas semanas y producto de su ‘guerra’ contra las pandillas, Cabañas, situado a 75 kilómetros de la capital, «se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse».

Por ello, el mandatario ha advertido de que el cerco militar y policial se mantendrá mientras los operativos «puedan extraer a todos los pandilleros», si bien ha señalado que los visitantes y turistas de este departamento pueden estar «tranquilos y realizar sus actividades normalmente». Bukele ha remarcado que este masivo cerca «garantiza aún más la seguridad de la zona» y ha insistido en que «no lo levantaremos hasta dar con todos los delincuentes».

El presidente ha acompañado su mensaje con varias fotos en las que se observa a cientos de militares y policías formados en filas y fuertemente armados patrullando por el bosque y por zonas urbanas. Este gran despliegue se da después de que el pasado domingo, dos agentes de la Policía Nacional Civil fueran heridos en el cantón Maquilishuat, de Ilobasco, en una supuesta emboscada con un grupo armado. La propia Policía se encargó de informar del ataque: «dos de nuestros agentes resultaron lesionados tras una agresión ilegítima cometida por terroristas en Ilobasco, Cabañas». Ello provocó que se desplegara un fuerte dispositivo para dar con el paradero de los atacantes, mientras que el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, informó que los dos agentes heridos fueron trasladados en helicóptero hacia San Salvador para recibir atención médica.

El cerco militar y policial forma parte de la fase cinco del Plan de Control Territorial, que Bukele puso en marcha el 23 de noviembre de 2022 y que tiene como objetivo «extraer la plaga» de pandilleros en las grandes ciudades del país centroamericano. Así, acusa a estos grupos de formar parte de «organizaciones terroristas internacionales», en referencia a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que cuentan con 70.000 miembros, según estimaciones del Gobierno. Concretamente, el presidente ha denominado «Extracción» a esta quinta fase en la que participan en total 14.000 tropas.

Desde que se implementó, es el quinto cerco que se lleva a cabo, después de que el pasado mes de mayo, se desplegaran 5.500 soldados y policías en Nueva Concepción, Chalatenango, tras el asesinato de un policía por parte de supuestos pandilleros. La primera prueba de la fase quinta del Plan de Control Territorial fue el pasado 2 de octubre de 2022 cuando se instaló un cerco militar en Comasagua, después de que asesinaran a un hombre de 36 años un día antes en este municipio de 14.000 habitantes situado a 100 kilómetros de la capital. Policías y militares registraron, interrogaron y buscaron tatuajes alusivos a las pandillas.

Diez días después, se implantó un cerco en Soyapango, donde participaron 8.500 militares y 1.500 agentes policiales. El 24 de diciembre del pasado año, Bukele también cercó la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, con 1.000 militares y 130 policías, mientras que ese mismo día extendió esta medida a la comunidad La Granjita, también en la capital del país, con 1.000 soldados y 100 agentes.

Esta fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador muestra a miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador durante el cerco que están llevando a cabo en el departamento de Cabañas el 1 de agosto de 2023 para "evitar la salida de pandilleros", según informó el presidente Nayib Bukele en Twitter. "Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas", indicó. (Foto de Gobierno De El Salvador / AFP)
Uno de los presuntos pandilleros, cacheado.Gobierno de El SalvadorGobierno de El Salvador / EFE

Desde que inició su mandato en junio de 2019, el presidente salvadoreño puso en marcha el citado Plan de Control Territorial que se tradujo en una militarización de las calles, sobre todo, a partir de la fase cuatro, que consistió en una «incursión en los territorios». El Plan no evitó que, en marzo de 2022, se registraran 62 muertes violentas atribuidas a las pandillas, lo que provocó que el 27 de ese mes la Asamblea Legislativa aprobara el Régimen de Excepción, con el apoyo de 67 de los 84 diputados, que se ha prorrogado ya en 16 ocasiones. Desde entonces, han sido detenidas más de 71.000 personas tras quedar suspendidas las garantías constitucionales de la libertad de asociación y reunión, derecho de defensa, plazo de la detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

En ese contexto, Bukele implementó los cercos militares al reconocer que «aún quedan pandilleros, pocos, en las ciudades y en el campo y tenemos que ir y extraerlos» para evitar que los delincuentes puedan huir a las montañas o a otras comunidades o ciudades. En este sentido, defiende que «prácticamente, tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos». El día que se puso en marcha esta medida ya avisó que «no les vamos a dar la posibilidad de escapar porque los militares los van a tener cercados y, si alguien quiere suplirlos de armamento, munición, alimentos, teléfonos o de todo lo que utilizan para amedrentar a la población, ahí van a interceptar tanto a los delincuentes, como a los que colaboren con ellos para ponerlos a la orden de las autoridades y sean procesados».

JUICIOS SUMARIOS Y AUMENTO DE PENAS

Todas estas medidas represivas han venido acompañadas de reformas judiciales en la Asamblea Legislativa, donde el partido de Bukele, Nuevas Ideas, cuenta con mayoría desde el 1 de mayo de 2021. El último gran paquete de modificaciones legislativas lo aprobó el pasado miércoles la Asamblea, con los votos de 67 de los 84 parlamentarios, con el fin de que se puedan celebrar juicios sumarios en El Salvador en grupos de hasta 900 personas.

Así, quienes sean arrestados en el marco del Régimen de Excepción, podrán ser agrupados en alguno de los grupos o células de pandilla para ser sometidos a un solo proceso penal. Con esta medida, según defiende el decreto enviado por el Gobierno salvadoreño, «se busca facilitar a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad».

Por su parte, organizaciones de derechos humanos ya han advertido del riesgo de no individualizar los casos judiciales, dado que se podría llegar a condenar a personas inocentes que no estén relacionadas con las pandillas. Estas entidades cifran en al menos 5.490 las «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

Otra de las reformas aprobadas en la Asamblea establece que quienes sean detenidos durante este régimen podrán permanecer en prisión hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio o decida su liberación, mientras que también se ha aumentado hasta 60 años las penas de prisión para los líderes o cabecillas de las pandillas, frente a los 45 actuales.