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Detenidas dos periodistas en Irán por su apoyo a las protestas por la muerte de Mahsa Amini

El Gobierno iraní continúa presionando a los periodistas que apoyan o simplemente informan sobre el caso de la joven Mahsa Amini, cuya muerte en custodia policial desató protestas masivas contra las autoridades y la situación actual en el país. Un tribunal condenó a dos periodistas iraníes a tres años de prisión por «conspiración» por sus publicaciones sobre las protestas antigubernamentales, aunque el juez decidió suspender parcialmente la sentencia y tendrán que pasar un mes entre rejas. Esta suspensión parcial no está exenta de dificultades: según su abogado, Amir Raisin, a las periodistas se les exige una «formación en ética profesional» y se les prohíbe salir del país durante un período indeterminado. Ambas informantes, Negin Bagheri y Elnaz Mohammadi, trabajan para el periódico digital Ham Mihan, considerado crítico con el Gobierno. La hermana de Mohammadi, Elaheh, está encarcelada desde septiembre de 2022 por informar sobre el funeral de Amini. Elaheh Mohammadi está acusada de «colaborar con un Gobierno enemigo», de actuar «contra la seguridad nacional» y «propaganda contra el Estado», cargos que podrían conllevar la pena de muerte si es declarada culpable, según sus abogados. Por el momento se ha llevado a cabo una vista del juicio, en el que no se ha permitido la asistencia del abogado ni la familia de la acusada. La condena de Bagheri y Mohammadi se produce a pocos días del 16 de septiembre, el primer aniversario desde el fallecimiento de Amini y las protestas que se sucedieron en decenas de ciudades del país, el mayor movimiento antigubernamental en décadas.

El pasado miércoles, una agencia de noticias iraní informó del arresto, la segunda detención en menos de un año, de la periodista Nazila Maroufian, también crítica con la actuación del Gobierno, por supuestamente violar el estricto código de vestimenta que rige en el país. Según medios locales, hasta el mes de agosto al menos 90 periodistas han sido detenidos o interrogados por su trabajo sobre las protestas.

La presión por las protestas también se extiende a los medios críticos con el Gobierno. Esta semana el medio digital Entekhab, cercano a la facción reformista, fue bloqueado por la Cámara de Supervisión de Prensa, según anunció el propio diario. «El acceso a Internet de Entekhan ha sido bloqueado hace un momento tras una orden», señaló el periódico en sus redes sociales. Su editor, Mostafa Faghihi, cree que la prohibición se debe a un artículo sobre el líder de los rezos del viernes, que mencionó la creación de puestos de trabajo en el país. La agencia estatal Fars en cambio, afirmó que el medio se ha bloqueado por publicar un artículo que cuestiona la debilidad de la política exterior iraní.

Organizaciones por la defensa de los derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones la opacidad del bloqueo de medios de información y de los procesos judiciales de los periodistas encarcelados por las protestas contra el régimen.

Al menos 520 personas han muerto en las protestas en lo que va de año, entre ellos decenas de manifestantes y miembros de seguridad. Un número desconocido de personas han sido detenidas, según varias ONG miles, por participar en lo que los funcionarios llaman «disturbios» instigados desde el extranjero. Las protestas continúan a día de hoy y se concentran en la ciudad sureña de Zahedán. Asociaciones por la defensa de los derechos humanos han denunciado la intoxicación de miles de niñas estudiantes en centros educativos, en lo que califican como un ataque contra la libertad de las niñas y mujeres en medio de las protestas contra el régimen iraní. Tras los movimientos antigubernamentales, las autoridades iraníes han impuesto medidas aún más estrictas sobre el código de vestimenta de las mujeres, incluido el cierre de negocios de mujeres que se niegan a usar el velo que les cubre el pelo o la instalación de cámaras de vigilancia para detectar las mujeres que no llevan puesto el velo en sus coches.

Al menos siete hombres han sido ejecutados por su participación en las protestas, bajo la acusación de asesinatos y actos de violencia contra las fuerzas de seguridad.