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El ministro belga de Justicia, Vincent Van Quickenborne, ha presentado este viernes su dimisión en una rueda de prensa organizada en presencia del fiscal general de Bruselas, Johan Delmulle. Su salida se produce tras las informaciones publicadas esta misma mañana, que indicaban que el 15 de agosto del año pasado, Túnez solicitó la extradición de Abdesalem Lassoued, el terrorista yijadista que el pasado lunes mató a dos ciudadanos suecos e hirió a un tercero tras declarar su lealtad al Estado Islámico. Pero que un magistrado, el responsable, no tramitó la petición, lo que acabó en una tragedia por la que él asume ahora las responsabilidades políticas.

En pocos días se ha sabido que Lassoued llegó a Europa, vía Lampedusa, en 2011, y que llevaba desde entonces en la UE de manera irregular. Primero en Italia, luego en Suecia, donde estuvo dos años en prisión, y finalmente en Bélgica. Aquí sabían desde 2016, por los informes de servicios de inteligencia de otros países, que era peligroso y se había radicalizado, amenazando de muerte a otra persona en un centro de acogida. Estaba en el radar e hizo sonar las alarmas, pero Bélgica no hizo demasiado por localizarlo. Ni siquiera cuando el hombre presentó los papeles en una de las comunas de Bruselas para empadronarse.

«Es error individual, monumental e inaceptable», ha dicho el ministro, asumiendo con su dimisión las responsabilidades políticas del Ministerio y del Gobierno. Van Quickenborne llevaba meses en la cuerda floja y había agotado su capital político. Salvo el puesto de milagro después de que se produjera un gran escándalo político, especialmente en Flandes, conocido como el «pipigate», cuando se filtraron imágenes de varios invitados a su fiesta de 50 cumpleaños orinando entre risas en el coche patrulla estacionado junto a su vivienda.

Las fuerzas de seguridad, que han vivido varios incidentes con políticos flamencos en los últimos meses, se quejaron de la falta de respeto. La Policía estaba ahí para escoltar al político después de que el año pasado recibiera amenazas de muerte que se consideraron muy creíbles, por parte de bandas de traficantes internacionales, los que controlan los puertos por los que entra el grueso de la cocina de Europa central.

«Desde el principio, mi equipo y yo reunimos todos los detalles de este caso para aclarar cualquier error que se haya podido cometer (…) Esta mañana a las 9 de la mañana pude constatar los siguientes elementos: el 15 de agosto de 2022 hubo una solicitud de extradición de Túnez para este hombre. Esta solicitud fue transmitida el 1 de septiembre, como debía ser, por el experto jurídico a la fiscalía de Bruselas. El magistrado competente no respondió a esta solicitud de extradición y el expediente no fue tramitado. Este es un error individual. Un error monumental. Un error inaceptable. Un error con consecuencias dramáticas», ha señalado el ministro en declaraciones recogidas por el diario Le Soir.

«La independencia de un magistrado es la base de nuestro Estado de derecho. Siempre he defendido este principio y lo seguiré defendiendo. Como Ministro de Justicia no puedo en modo alguno interferir en las decisiones de un magistrado. Aunque se trata del trabajo de un juez individual e independiente, quiero asumir la responsabilidad de este error inaceptable. No busco en absoluto ningún pretexto. No busco excusas. Siento que es mi deber hacerlo» ha añadido.

En 2022 se transmitieron a este magistrado un total de 31 solicitudes de extradición internacional. Treinta de ellas fueron procesada, pero la única que no, dijo Van Quickenborne, fue la del terrorista. «Se ha producido una lamentable combinación de circunstancias», ha lamentado a su lado el fiscal Johan Delmulle.

El ministro había sido muy cuestionado pero en la clase política belga hay dudas de que sea el responsable último de lo ocurrido. Sin embargo, Bélgica ya soportó en 2016 críticas durísimas, dentro y fuera del país, por el funcionamiento de sus servicios de seguridad e inteligencia, por los errores de la Policía, la Fiscalía y los tribunales. Por los errores, la permisividad del sistema o por reglamentos que impedían, por ejemplo, redadas más allá de las 21.00 de la noche, incluso en casos de extrema gravedad. Con su decisión quiere zanjar la polémica y evitar la zozobra del Gobierno, pues estos días ya se ha empezado a especular sobre la supervivencia de la llamada Coalición Vivaldi, que agrupa a siete partidos de ambas comunidades lingüísticas y de todo tipo de línea políticas, desde socialistas a liberales pasando por ecologistas y demócratas cristianos neerlandeses.

«Esta nueva información proveniente de la Fiscalía me toca el corazón, porque he hecho todo lo posible para mejorar nuestro sistema de Justicia. Transmití esta información al primer Ministro y le informé que presentaría mi dimisión como Ministro de Justicia. Sinceramente quiero pedir disculpas en nombre de la Justicia a las víctimas y a sus seres queridos. También me gustaría pedir disculpas en nombre de la Justicia al pueblo sueco y a nuestros conciudadanos», se ha despedido.