El Gobierno irlandés ha iniciado trámites legales contra el Ejecutivo del Reino Unido en protesta por la garantía de amnistía a veteranos de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares presuntamente responsables de delitos de sangre y atentados mortales durante las tres décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte.

«Lamento vernos en una posición en la que ha sido necesario tomar esta decisión», declaró Micheál Martin, viceprimer ministro y anterior jefe del gobierno compartido entre los dos grandes partidos de la República de Irlanda, Fine Gael y Fianna Fail.

Dublín ha decidido apelar la ley del Legado y la Reconciliación de Irlanda del Norte, que inició el primer ministro Boris Johnson en 2021, con el fin de «poner un límite» a las investigaciones de las muertes sin resolver de los llamados ‘Troubles’, la violenta era desde 1969 a 1989. La legislación entró en vigor el pasado septiembre e incluye, entre sus medidas más polémicas, la concesión de inmunidad penal por delitos del pasado a los que colaboren en la recuperación de la verdad.

Martin justificó el recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos en la acción «unilateral» del gobierno conservador británico. Johnson y sus sucesores en Downing Street han abandonado iniciativas previamente acordadas por los partidos de Irlanda del Norte y ambos gobiernos para lidiar con el mortal saldo del terrorismo. Todas las fuerzas políticas mayoritarias en la provincia, además del Ejecutivo y la oposición parlamentaria irlandeses y organismos internacionales, se oponen a la ley.

«El Gobierno británico retiró la opción política y únicamente nos ha dejado esta vía legal», añadió el también ministro de Exteriores sobre la extraordinaria demanda interestatal remitida al tribunal de Estrasburgo.

El Ejecutivo de Dublín considera que la controvertida ley del Legado histórico es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el acceso a la Justicia de víctimas de terrorismo.

La legislación da carpetazo también a procesos civiles y forenses que están revisando o estaban pendientes de abrirse formalmente acerca del casi millar de asesinatos aún por esclarecer de los más de 3.500 civiles que perdieron la vida a causa del conflicto sectario y la guerra del IRA contra el Estado británico.

El nuevo marco legal incluye la creación de una Comisión Independiente de Recuperación de la Información y la Reconciliación, que tiene autoridad para recabar testimonios de supuestos arrepentidos, pero comienza su trayectoria sin la fuerza del servicio de policía que avala las investigaciones históricas abiertas en las últimas dos décadas.

El nuevo sistema enfada a víctimas de ambas comunidades. Sienten que el Gobierno les niega el recurso a la Justicia para proteger a los soldados que sirvieron en Irlanda del Norte o a fin de evitar que ex activistas del IRA rindan cuenta de sus crímenes.