La revolución bolivariana no perdona a nadie, ni siquiera a sus antiguos amigos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principal martillo oficialista contra la oposición, ha intervenido al histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), uno de sus tradicionales aliados, y ha nombrado una directiva ad hoc conformada por militantes del chavismo.
De esta forma, de cara a las presidenciales del año que viene, la tarjeta electoral del PCV, sus sedes, propiedades y símbolos, quedan en manos de estos directivos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro. Es la misma táctica ya empleada contra distintos partidos de la oposición, como el socialdemócrata Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y el democristiano Copei. También han sufrido el látigo del revolucionario tradicionales partidos de la izquierda venezolana, como el marxista Bandera Roja, Patria Para Todos y Podemos.
«El gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el PCV a través de una arbitraria sentencia judicial, que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Este fraude procesal no sólo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno-PSUV, que equivocadamente cree que con esta maniobra doblegará a los comunistas venezolanos», se quejó el partido del gallo colorado, casi centenario, a través de un comunicado.
El PCV comenzó a criticar a Nicolás Maduro tras el giro económico de los últimos años, que consideraba «complaciente» con el empresariado y contrario a los intereses de las clases populares. Tras el Primero de Mayo, la dirección del PCV acentuó sus acusaciones contra las «élites mafiosas y corruptas» del gobierno.
Aliado de Hugo Chávez desde su acceso al poder en 1999, el PCV mantuvo su independencia, incluso se negó a formar parte del PSUV pese a la insistencia del «comandante supremo».
En la actualidad, su secretario general, el diputado Óscar Figuera, se ha convertido en el único parlamentario crítico contra Maduro en el órgano revolucionario de la Asamblea Nacional (AN). Otra veintena de supuestos opositores conforman el grupo de colaboracionistas con el gobierno.
La deriva en contra del PCV, que incluyó la persecución incluso la detención de varios de sus dirigentes, provocó una ola de solidaridad de partidos comunistas del planeta. El oficialismo no sólo hizo caso omiso a estos partidos, con los que mantiene buenas relaciones, sino que intensificó su acoso al PCV con la excusa de la solidaridad mostrada por sus dirigentes en favor de la candidata opositora María Corina Machado.
Y es que las amenazas del gobernador chavista Gerardo Márquez («la vamos a sacar a coñazos») provocaron el estupor del PCV, que lo consideró una incitación a la violencia.
«Siempre condenaremos el uso político de la justicia. Solidarios con el PCV por su intervención a través de una sentencia del TSJ. Una vez más, Maduro usa el sistema de justicia para quitar del camino a quienes disienten de su desastroso y fracasado gobierno», reiteró el candidato opositor Henrique Capriles.
La toma a la fuerza del PCV es la cuarta acción antielectoral llevada a cabo por el chavismo en las últimas semanas. Maduro ordenó en junio suprimir el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que lo controlaba, e impuso a su mujer, Cilia Flores, en el proceso para el nombramiento de cinco nuevos magistrados. Más tarde llegaron la inhabilitación de la conservadora María Corina Machado, gran favorita para conquistar las primarias opositoras de octubre, y el veto a que la Unión Europea envíe a sus observadores electorales en los comicios del año que viene.