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El Gobierno británico ha elaborado una definición de extremismo para hacer frente al aumento de abusos y delitos de odio religioso que se ha registrado en Reino Unido desde el brutal ataque de Hamas del pasado 7 de octubre y la violenta represalia de Israel en Gaza.

La iniciativa, que ha provocado duras críticas en un abanico de agentes sociales y políticos, da luz verde al Ejecutivo central para vetar a individuos y organizaciones «extremistas» de la esfera gubernamental. Un panel de «funcionarios imparciales» de dos ministerios- Comunidades e Interior- mantendrá al día el listado de los afectados por la «muy rigurosa definición» de extremismo, según indicó este jueves a la BBC el ministro Michael Gove, responsable de la política.

Gove sostiene que «no se trata de proscribir», sino de «elegir a los amigos sabiamente» y negar financiación, acceso y tribuna a los que pretenden «radicalizar a otros, incitar al odio y socavar nuestras instituciones democráticas».

El texto revisado considera extremismo como la «promoción o avance de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia», con el objetivo de «negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de los demás; socavar, derrocar o reemplazar el sistema de democracia parlamentaria liberal y los derechos democráticos del Reino Unido; crear intencionalmente un entorno permisivo para que otros logren» dichos objetivos.

«No se trata de silenciar a aquellos con creencias privadas y pacíficas, ni afectará la libertad de expresión, que siempre estará protegida», advierte la nota ministerial publicada antes de su presentación en el Parlamento de Westminster.

Organizaciones musulmanas marginales- como CAGE, MEND o Palestine Action- y la plataforma antirracista Black Lives Matter, entre otras ONG, acusan al Gobierno conservador de «blandir el extremismo como un arma para protegerse» de las fuerzas reaccionarias. La más extensa Asociación Musulmana de Gran Bretaña denuncia la revisada definición como un «agresión atroz de las libertades civiles».

Las críticas se extienden también entre la jerarquía eclesiástica, con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby en cabeza, y políticos y medios conservadores. Tres ex ministros de Interior, Priti Patel, Sajid Javid y Amber Rudd, urgen al ejecutivo de Rishi Sunak, en una carta abierta, a recabar el más amplio consenso de partidos políticos y agentes sociales a fin de «construir un entendimiento común sobre el extremismo y una estrategia para prevenirlo que pueda resistir el paso del tiempo».

El plan elaborado por el equipo de Gove incluye la creación de un «centro de excelencia contra el extremismo», con base en el ministerio de las Comunidades e integrado por funcionarios públicos. Su misión pasa por evaluar y seleccionar a los presuntos extremistas destinados al listado de organizaciones e individuos vetados por el Gobierno central.

El ministro mencionó precisamente la Asociación Musulmana de Gran Bretaña, que en su intervención parlamentaria describió como afiliada a la Hermandad Musulmana, además de Cage y Mend, entre las organizaciones potencialmente islamistas extremistas, de acuerdo con la nueva definición. De los grupos neonazis, identificó al Movimiento Británico Nacional Socialista y Alternativa Patriótica.

Los señalados podrán recurrir la decisión ministerial en los juzgados, aunque el daño a su reputación tardará más tiempo en remediarse. La ministra de Ciencia, Michelle Donelan, se vio recientemente forzada a disculparse y pagar una indemnización de unos 18.000 euros, a cargo del contribuyente, a una académica a la que identificó como extremista y falsamente acusó de apoyar a Hamas en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

«La omnipresencia de las ideologías extremistas se ha vuelto cada vez más evidente tras los ataques del 7 de octubre y representa un riesgo real para la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestra democracia», declaró Gove en justificación de la reforzada política.

Community Security Trust, ONG judía de seguridad comunitaria, registró más de 4.000 incidentes antisemitas en 2023, con un incremento del 147% respecto al año anterior. A su vez, la plataforma musulmana, MAMA, observó un aumento del 335% de denuncias de odio recibidas en los últimos cuatro meses, según datos aportados este jueves por el Gobierno.

Gove relaciona el pico de abusos de odio religioso como el «trabajo de extremistas de derecha y extremistas islamistas, que buscan separar a los musulmanes del resto de la sociedad y crear divisiones dentro de las comunidades musulmana».

Las nuevas medidas, añadió, «garantizarán que el Gobierno no proporcione inadvertidamente una tribuna a aquellos que buscan subvertir la democracia y negar los derechos fundamentales de otras personas».

La lista de individuos y organizaciones extremistas carece de peso legal, pero es una guía gubernamental que indudablemente repercutirá en decisiones tomadas a nivel local y en ámbitos académico, empresarial y de voluntariado.