Más de mil menores (918 niños y 164 niñas) fueron encarcelados a fines de agosto en El Salvador como parte de la El régimen de excepciones fue aprobado en marzo del año pasado y se ha prorrogado hasta diez veces, el último el 11 de enero. Entre estos se encuentran 21 menores de entre 12 y 13 años que fueron enviados a prisión preventiva, luego de que el Consejo Legislativo en marzo de 2022 aprobara una ley que rebaja la edad de procesamiento de 16 a 12 años para los imputados por la comisión de delitos.
Así lo reveló Human Rights Watch (HRW), que tuvo acceso a una base de datos, presuntamente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, donde se encuentran “graves violaciones al debido proceso, severo hacinamiento en las cárceles y la muerte de 32 personas bajo custodia”. La mayoría están en los penales de Izalco y La Esperanza, conocidos como Mariona. Esta entidad indicó que fue denunciado a las autoridades salvadoreñas en noviembre pasado 90 personas han muerto bajo custodia desde marzo «en circunstancias que no se han investigado adecuadamente».
La base de datos revela que la principal herramienta del gobierno de Najib Bukele en su propia «guerra» contra las pandillas ha funcionado para cometer «graves violaciones de los derechos humanos»En palabras de la directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasyuk Brunner. En ese sentido, critica que la información recibida del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública revela que “las autoridades salvadoreñas han sometido a más de 61.000 personas detenidas por la policía y el ejército, incluidos cientos de niños y niñas, a hacinamiento severo en centros de detención superpoblados”. .” Según cifras oficiales, sólo 3.000 de ellos han salido de prisión, en muchos casos con procedimientos alternativos, mientras que 58.000 siguen en prisión.
Human Rights Watch informó en detalle que una «fuente confiable» indicó que la base de datos pertenecía al ministerio que encabeza la mano derecha de Bukele, Gustavo Filaturo, aunque la organización quiso estar segura de ello, ya que comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos los casos. Documentado por organizaciones locales e identificado más de 300 coincidencias.
Específicamente señala que “más de 39.000 personas están imputadas por delitos de agrupación ilícita y más de 8.000 por pertenecer a una ‘organización terrorista’, mientras que solo 148 están imputadas por asesinato y 303 por agresión sexual”. Human Rights Watch explica que El Salvador define El delito de grupo ilegal ya que no solo criminaliza a las personas que lideran o participan en pandillas, sino también a quienes se benefician indirectamente de los vínculos con estos grupos criminales, y agregó que la ley salvadoreña define «organización terrorista» de manera tan amplia como «inconsistente con los estándares internacionales».
Por eso lo denuncias El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas No tiene conexión con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos cometidos por estos grupos criminales, como el asesinato y la violación”.
hacinamiento en las prisiones
Hasta agosto, Human Rights Watch informó que más de 50.000 personas habían sido enviadas a detención temporal, lo que sitúa la población carcelaria en El Salvador en más de 86.000, lo que representa un hacinamiento del 286 por ciento, considerando que las cárceles no cuentan con la capacidad suficiente. Excepto por 30.000 prisioneros. prisioneros Según la base de datos, a agosto del año pasado, el penal de Mariona tenía cuatro veces más capacidad de la que podía albergar, habiendo aumentado de 7.600 a 33.000, mientras que el penal de Izalco había aumentado de 8.500 a 23.300, el triple de su capacidad.
Asimismo, el documento revela que más de 7.900 mujeres han sido enviadas a prisión preventiva, el doble del total de mujeres detenidas en El Salvador a febrero de 2021.
Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal ya habían publicado un informe en diciembre de 2022 que concluía que “se cometieron abusos generalizados contra los derechos humanos durante el régimen de emergencia, incluidos arrestos masivos arbitrarios, tortura y otros malos tratos a detenidos, muertes bajo custodia y abusos arbitrarios”. Delitos.” Procedimientos”. Además, denunciaron que en algunos casos, Los agentes se negaron a proporcionar a sus familiares información sobre el paradero de los detenidos, lo que “constituye desaparición forzada según el derecho internacional”.
Bajo el régimen de excepción y la fase cinco del llamado plan de control regional, 14.000 militares han acudido a acordonar grandes ciudades para «sacar la plaga» de mafiosos, a los que Bukele acusa de formar parte de «organizaciones terroristas internacionales». refiriéndose a Mara Salvatrucha y Barrio 18, que tiene «70.000 afiliados».
Así, Human Rights Watch y Christosal deploran la realización de cientos de operativos «indiscriminados» por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en barrios de bajos ingresos que han sufrido durante años la falta de oportunidades económicas y educativas. De esta forma, advierten, las detenciones masivas se han traducido en la detención de «cientos de personas aparentemente ajenas a las actividades delictivas de las bandas».
Estas organizaciones atribuyen todos estos «abusos» al «desmantelamiento acelerado de la institucionalidad democrática liderado por Bukele desde que asumió el cargo en 2019», teniendo en cuenta que en la actualidad, «Prácticamente no existe ningún organismo gubernamental independiente que pueda actuar como control o equilibrio del poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos».
Por ello, Human Rights Watch y Cristosal piden a las autoridades salvadoreñas que «reemplacen» el sistema de exclusión por una estrategia de derechos humanos «sostenible y respetuosa» para abordar la violencia de las pandillas y proteger a la población de los abusos que perpetran.
Sin embargo, Bukele no tiene intenciones de revertir el mencionado sistema aprobado por el Legislativo luego de que se registraran 87 muertes violentas entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado que fueron atribuidas a pandillas. Esto se traduce en Suspensión de garantías constitucionales Libertad de asociación y reunión, derecho de defensa, libertad de detención administrativa e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Hasta la entrada en vigor de este sistema, la duración de la detención administrativa se fijó en un máximo de 72 horas y ahora se puede extender hasta 15 días, mientras que la correspondencia puede ser interceptada y las comunicaciones telefónicas interceptadas.
Durante estos meses, Bukele llegó a instruir a decenas de reos para que borraran todos los emblemas e insignias de las tumbas de los pandilleros en los cementerios para borrar todo rastro de la memoria de estos grupos criminales que aparecieron a principios de la década de 1990, y que, según al presidente salvadoreño, ha causado la muerte de 120.000 personas en los últimos treinta años.
