Juez del Séptimo Juzgado Penal GuatemalaIngrid Vanessa Cifuentes podría dar un paso de gigante el lunes para enjuiciar a los primeros ocho responsables de la muerte de 41 niñas, de 13 a 17 años, y heridas graves a otras 15 en un incendio en un albergue y albergue estatal. el 8 de marzo de 2017. Tras haber sido suspendido hasta en ocho ocasiones, el primer debate oral y público está previsto para hoy a las 8:30 horas (15:30 horas en España), cinco años y diez meses después de la tragedia ocurrida en el denominado Hogar Seguro, ubicado en San José Pinola, a 22 kilómetros de la capital de Guatemala.
Para Dacia Ramírez, madre de Ashley Gabriela Méndez, una de las 41 niñas muertas, «la justicia se demora», aunque espera que sean condenadas a «varios años de prisión y paguen por lo que han hecho». “Obviamente no curaremos nada, pero sabremos que son los culpables”, asegura. De igual forma, Vianney Clareth Hernández, madre de Hashley Angeli Rodríguez, otra de las víctimas fallecidas en el incendio, condena que «fue el Estado el culpable de no hacer bien su trabajo», por lo que vaticina que «en este caso no habrá justicia», por eso llama apelar a los organismos internacionales hasta que se logre. Vianney, que asistió a la mayoría de las sesiones judiciales, lamenta que diez de los doce acusados estén en arresto domiciliario y no en prisión, que es donde, en su opinión, deberían esperar el juicio.
Todo surgió de la revolución de 56 niñas que, el 7 de marzo de 2017, decidieron fugarse de esta institución pública diseñada para proteger y albergar a menores de 18 años. Aparte de hacer este trabajo, la casa era un infierno. Allí fueron violadas, agredidas sexualmente, maltratadas, hacinadas y con la comida en mal estado. Tanto es así que uno de los internos fue asesinado en el interior. Tras su fuga, la policía pudo capturarlos y llevarlos de vuelta al portón de la casa de seguridad, a la espera de que las autoridades del gobierno guatemalteco decidieran qué hacer con ellos luego de que abandonaran el proceso de protección ordenado en su momento por el juez. . El informe indicaba que debían ser llevados nuevamente ante una autoridad judicial para que resuelva su situación, pero esa decisión nunca se tomó.
Las chicas estuvieron 11 horas a la intemperie Custodiados por policías que los golpearon, hostigaron e incluso les rociaron gas pimienta con una mampara. a las 3:00 am del 8 de marzo, los encerraron En un aula de la casa de seguridad les entregaron 22 colchonetas de menos de un metro cuadrado cada una. Al amanecer, muchos de ellos pidieron ir al baño, pero los policías que custodiaban el aula se negaron, por lo que tuvieron que hacer sus necesidades en el mismo lugar donde estaban encerrados. Esto provocó que una de las 56 niñas, con la intención de liberarlas, prendiera fuego a una de las esteras. Las llamas se extendieron rápidamente por el resto de las esteras y, a pesar de los gritos de auxilio y los golpes y patadas en la puerta, el subinspector de policía Lucinda Marroquínque tenía la clave del capítulo, Les tomó nueve minutos abrir la puerta.. Esto provocó inicialmente que 19 de ellos murieran por asfixia, mientras que en los días siguientes otros 22 fallecieron en hospitales a causa de quemaduras graves. Del mismo modo, 15 niñas resultaron gravemente heridas e incluso les amputaron partes del cuerpo, lo que obligó a muchas de ellas a ser llevadas a Estados Unidos para recibir tratamiento. Hasta el día de hoy, dos de ellos siguen en ese país recuperándose. Según el perito bombero, principal prueba ante el Ministerio Público, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a una temperatura de más de 300 grados con menos del 21 por ciento del oxígeno necesario.
Dos de los doce imputados están en prisión
Por el momento, desde su detención el 12 de junio de 2017, Lucinda Marroquín y el Subcomisario de la Policía Nacional Civil, Luis Armando Pérez Borja, permanecen en prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación de la verdad. Ambos serán juzgados a partir de hoy, Con otros seis funcionarios bajo arresto domiciliario. Si bien el debate oral y público estaba inicialmente programado para el 9 de agosto de 2018, fue aplazado por diversas razones. La última fecha fijada fue el 26 de julio de 2022, pero el juez decidió aplazarla hasta el 9 de enero por ser la sala de mayor aforo en la que se desarrollaría el juicio ante la gran cantidad de sujetos procesales no disponibles.
Así, además de los dos policías, también enfrentará un debate el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), el funcionario de más alto rango imputado por homicidio, abuso de poder y abuso de menores. . de edad, incumplimiento del deber y lesiones culposas, que conlleva una pena de más de 50 años de prisión. A su lado estará la ex subsecretaria de Protección y Acogida a la Niñez y la Adolescencia de la SBS, Anahi Keeler, quien está imputada por los mismos delitos y cuya presencia en el juicio ha quedado en el limbo judicial.
Asimismo, el exdirector de Hogar Seguro Santos Torres, la exdefensora de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo Gloria Castro, la exjefa del Departamento Especial Contra las Violaciones en Todas sus Formas Brenda Shaman, y la jefa de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de la Fiscalía de el Procurador General de la Nación, Harold Flores, quien continúa ejerciendo su cargo, a pesar de estar imputado por diversos delitos, entre ellos homicidio culposo y abuso de menores.
En declaraciones a EL MUNDO, el fiscal de feminicidios que lleva la causa, Edgar Gómez, aseguró tener «muchas expectativas» para el juicio, cinco años y diez meses después del funesto incendio. En concreto, explica que propuso la intervención de 44 peritos, 75 testigos y 800 documentos que suman unas 15.000 páginas. Asimismo, detalla que durante la investigación del caso, efectivamente hicieron 10 de cada 15 niñas son declaradas vivas Como prueba previa, por lo que se sugirió que los cinco restantes durante la discusión pudieran rendir declaración, aunque uno de ellos se encuentra desaparecido desde 2018 y se desconoce su paradero. En caso de que finalmente se inicie el juicio, se estima que tendrá una duración de tres meses, y en caso de sentencia condenatoria, se realizará una audiencia de reparación digna en beneficio de los 15 sobrevivientes y familiares de las 56 niñas. , que debe recibir una compensación económica.
Lo primero que hay que aclarar, según detalló, es la situación procesal de Anahí Keller, para ver si puede ser procesada o hay que esperar la sentencia de la Sala de Apelaciones, en relación con los recursos de casación emitidos en su favor en agosto de 2017.
actuación «descuidada»
El Ministerio Público atribuye todos estos retrasos a la hora de iniciar el debate a que en los últimos años el Juzgado Séptimo ha carecido de un juez ordinario, como es el caso del Juzgado Cuarto Penal encargado de investigar el llamado caso Hogar. Seguro, que carecía de juez, impuso la suspensión de varias audiencias. Todo esto sumado a la pandemia del coronavirus, durante la cual el gobierno guatemalteco ha dictado varios estados de emergencia, lo que ha resultado en “retrasos importantes en todos los procesos penales”.
Gómez lo reconoce Es el caso «más difícil y complejo» al que se ha enfrentado como fiscal Feminicidio “no sólo por la multiplicidad de víctimas (56 víctimas directas y sus familiares), sino también porque hubo doce personas con diferente grado de responsabilidad y participación en los hechos y “existen pruebas comunes a todos los imputados y otras muy específicas”. para cada uno de ellos».
Sin embargo, está «absolutamente» confiado en que «por fin se sabrá la verdad de lo ocurrido el 7 y 8 de marzo de 2017 y sin lugar a dudas habrá un castigo ejemplar para todos los servidores públicos que han actuado con tanta negligencia y tan imprudentemente porque nadie realiza las funciones que le convienen”.
Por otro lado, te arrepientes de eso, A pesar de la tragedia, «todo siguió igual No hubo un cambio fundamental ni en las autoridades que deben velar por la protección integral de la niñez, ni en la sociedad que confunde la personalidad del niño asegurado en protección y amparo con la personalidad del adolescente en violación de la ley penal.
Finalmente, recuerda Gómez, «todavía tenemos la línea de investigación» para el expresidente de Guatemala Jimmy Moralesque ordenó, según el testimonio del jefe de policía, directamente por llamada telefónica Llegan 100 policías El 7 de marzo de 2017 incluyeron a los agentes que custodiaron ilegalmente a 56 niñas encerradas en un salón de clases en la casa de seguridad. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anunciar el retiro de la inmunidad de Morales sin ser investigado, “nos queda este capítulo de la historia para determinar si este llamado pudo haber cambiado los acontecimientos”.
Apenas unas horas antes del inicio de un juicio histórico en Guatemala con el Estado sentado en el banquillo como tercer acusado, el fiscal de Vimed admitió que estaba «preocupado». «Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos un poco de valor».