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El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha prometido poner fin al plan para deportar a Ruanda a inmingrantes pendientes de la solicitud de asilo. El anuncio de Starmer, que este martes adelantará en la conferencia anual de su partido en Liverpool su programa de Gobierno para las elecciones de 2024, se produce al tiempo que Tribunal Supremo debate si el plan impulsado por la secretaria de Interior Suella Braverman es ilegal.

«Pienso que es una política equivocada», declaró Starmer este lunes en la BBC, ante la pregunta sobre el futuro del Plan Ruanda. «Es enormemente caro y sólo un número mínimo de personas irían finalmente a Ruanda, cuando el problema está en la fuente».

«El Gobierno ha dicho una y otra vez que este plan reduciría el número de inmigrantes, pero eso no ha ocurrido», añadió. «Nadie quiere ver esas travesías en el Canal de la Mancha, pero la única manera de pararlo es aplastando a las bandas que explotan la situación«.

Starmer advirtió que la retórica anti-inmigración empleada por el Gobierno conservador «no nos lleva a ninguna parte» y aseguró estar convencido de que un Gobierno laborista sería capaz de lograr una mayor colaboración de Francia y otros países de la Unión Europea para desmantelar las bandas de tráfico humano.

El líder laborista prometió también que daría instrucciones para agilizar la cola de casos pendientes de la solicitud de asilo, estimada actualmente en más de 160.000. «A la gente le sorprendería saber que de toda la gente que ha llegado en botes, tan solo un 1% de las solicitudes de asilo han sido procesadas».

La secretaria de Interior Suella Braverman ha asegurado por su parte que la así llamada Ley de Inmigración ilegal, que incluye las deportaciones a Ruanda, está surtiendo efecto y que las travesías del Canal de la Mancha han descendido un 20% este año (tras superar las 45.000 en 2022).

En su reciente intervención en la conferencia del Partido Conservador, Braverman adivirtió que «el huracán de la inmigración masiva» se cierne sobre las costas británicas e insinuó que su país está dispuesto a renunciar convenciones internacionales que han quedado desfasadas.

El Plan Ruanda ha llegado entre tanto al Tribunal Supremo, tras el recurso presentado por el Gobierno de Rishi Sunak contra la decisión de un tribunal de apelación que lo consideró «ilegal» por contravenir las obligaciones del Reino Unido como firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Durante tres días, el Supremo escuchará los argumentos del Gobierno y de las ONG que llevaron el plan ante los tribunales. Aunque el fallo no se espera hasta mediados de noviembre, la tensión es máxima después de las recientes amenazas de Braverman, intepretadas como una medida de presión a los jueces.

El Gobierno argumentará que Ruanda es un país «seguro» y que existen las suficientes garantías legales para que los inmigrantes pendientes de asilo no sean devueltos a sus países de origen mientras están pendientes de su solicitud de asilo.

El primer vuelo con apenas media docena de inmigrantes rumbo a Ruanda fue detenido in extremis por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de 2021, cuando Boris Johnson era premier. Rishi Sunak prometió seguir adelante con el polémico plan, paralizado desde entonces por el pulso legal ante los tribunales británicos.