• Lacra social Cómo Ecuador se ha dejado atrapar en los tentáculos del narco
  • Crisis Los militares toman las cárceles de Ecuador tras decretar Lasso el estado de excepción

«Nos arrebataron todo, el sueño de una familia, de una ciudad. Que Dios perdone a los asesinos, pero una madre, unos hijos, un pueblo sienten rabia y piden justicia porque le quitaron a su líder». La desgarradora despedida de Rosa Saldarriaga, la viuda del alcalde Agustín Intriago, conmocionó a Ecuador, sabedor de que los sicarios que le asesinaron actuaron pagados por el crimen organizado en una ciudad costera, Manta, clave para el narcotráfico.

Para nadie pasó desapercibido que la joven Saldarriaga acudió al sepelio de su marido, uno de los ediles más populares del país, protegida por un chaleco antibalas que le proporcionó la Policía. Así están las cosas en Ecuador, conocido hasta hace poco por su tranquilidad en materia de seguridad, horas después de que el presidente Guillermo Lasso declarase el estado de excepción en las cárceles y ordenara la toma de las prisiones, empezando por la Penitenciaría del Litoral.

«Ola de violencia alarmante y violencia generalizada en el Ecuador», reconoció la Defensoría del Pueblo tras los últimos acontecimientos, que han profundizado el clima de terror que soportan sus ciudadanos. En semejante tesitura, a nadie sorprendió que una nueva batalla campal en el interior de la cárcel de Guayaquil acabara con la vida de al menos 31 reos. «Todos los terroristas serán derrotados, el anarquismo no tiene cabida en nuestra sociedad», clamó Lasso en sus primeras declaraciones tras la masacre, una más en los últimos meses, que rompe todos los récords: más de 400 presos han muerto en las prisiones ecuatorianas, mientras en el resto del país se alcanza la cifra más alta de homicidios de su Historia.

Juan Zapata, ministro de Interior, emuló al presidente salvadoreño Nayib Bukele y divulgó vídeos e imágenes de cientos de presos maniatados, algunos boca abajo sobre el suelo y otros sentados o de rodillas, rodeados por agentes policiales o militares armados hasta los dientes. Casi 3.000 agentes ingresaron en la prisión de la capital del Guayas. Tras horas de requisas se encontraron 13 cadáveres que no figuraban tras el primer recuento, además de un arsenal compuesto por miles de balas y cargadores, fusiles, pistolas, lanzagranadas, cuchillos y navajas.

Conflicto entre bandas

El conflicto entre distintas bandas de criminales, asociadas al narcotráfico, comenzó el sábado pasado y se prolongó hasta la madrugada de este martes. Las cárceles se han convertido en centro de operaciones de la delincuencia organizada y en su interior comienza el pulso contra el Estado. La extorsión contra el gobierno llegó incluso al secuestro de más de un centenar de guías penitenciarios en los últimos días, que finalmente fueron liberados.

La conexión entre los grupos de delincuentes en el interior de los presidios y las bandas de narcos en el exterior es tan evidente que la acción policial y militar provocó de inmediato un aquelarre violento, sobre todo en Esmeraldas y en Guayaquil. Las Fuerzas del Orden desactivaron artefactos explosivos colocados en la Fiscalía de la ciudad costeña y liberaron a varios secuestrados. Los soldados del narco también abrieron fuego para intimidar a la población y detonaron explosivos en el centro de la ciudad, a la vez que prendían fuego a autobuses y coches. En total, al menos una veintena de atentados en un evidente desafío al Estado.

La misma Defensoría del Pueblo denunció públicamente que en el interior de las cárceles pervive un «autogobierno» que no depende del Estado. Y uno de los ministros de esta mafia es Adolfo Macías, alias Fito, el jefe del grupo de Los Choneros, uno de los más poderosos del país. El criminal hizo circular un vídeo en el que, por «obligación moral», anunció un «acuerdo de paz» con otras bandas enemigas, como Los Lobos y Los Tiguerones.

«Las bandas delictivas tienen el control del país. Ahora más que nunca el país necesita liderazgo, equipamiento y gestión», arengó Luisa González, candidata presidencial del correísmo. La elegida por el líder de la revolución ciudadana para abrirle de par en par las puertas del regreso encabeza todas las encuestas, por delante del candidato indígena Yaku Pérez y de los moderados Otto Sonnenholzner y Fernando Villavicencio. «Exigimos seguridad en Ecuador ahora», destacó Yaku en una carta dirigida al país.

Todos ellos, además de Jan Topic, el antiguo «mercenario» que se ha desdibujado con el paso de los días pese a su posición de mano dura contra la violencia, saben que sus propuestas para frenar la inseguridad marcarán el resto de campaña electoral.

El presidente Lasso, asediado por la violencia y con el Congreso en contra, no sólo decidió no presentarse a las elecciones adelantadas; su movimiento político, CREO, tampoco presenta un candidato. El voto de castigo contra los gobernantes en las Américas cumple ya cuatro años, con la excepción del triunfo del oficialista Santiago Peña en Paraguay.

«Estamos ante la colombianización de la política», arguyó para EL MUNDO el politólogo John Polga-Hecimovich. «El rápido deterioro de la seguridad pública en Ecuador tiene enormes implicaciones para las próximas elecciones y más allá. La violencia más reciente volvió a poner el crimen y la seguridad al frente del debate político, con prácticamente todos los candidatos presidenciales proponiendo medidas de mano dura para tranquilizar al público», añadió el analista.

«No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad», reconoció Lasso, «¡Qué te hicieron patria, tierra sagrada!», vociferó Correa desde su actual refugio.