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Lilian pasó siete años en una cárcel de El Salvador por perder a su bebé después de parir en el Hospital San Juan de Dios, en el departamento de Santa Ana. La recién nacida murió a las 72 horas y la joven fue acusada inicialmente de abandono y desamparo y, posteriormente, la Fiscalía modificó el delito por homicidio agravado, por el cual fue condenada a 30 de prisión. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2023, logró la libertad, gracias a que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local pidieron una revisión de la sentencia para poner a la vista al juez nuevas pruebas que demostraban que se habían vulnerado sus derechos en el hospital.

De esta manera, Lilian fue excarcelada logrando así la citada Agrupación el objetivo con el que nació de liberar a 17 mujeres que habían sido condenadas a entre 30 y 50 años de prisión por sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador. En una rueda de prensa, la abogada de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Angélica Rivas, detalló que se otorgó su libertad, porque «se reconoció de parte de las autoridades judiciales que ha habido unas violaciones a las garantías fundamentales en el proceso», después de que un perito especializado en pediatría evidenció «cómo tienen que ser los cuidados dentro del hospital San Juan de Dios, donde sucedieron los hechos».

Tras reconocer estar «muy feliz» por haberse reunido con su familia, Lilian pidió que «ya no sigan denunciando casos como estos en los cuales somos inocentes», porque, según reconoció, es «muy duro vivir en un lugar así», en referencia a la cárcel en la que estuvo privada de libertad los últimos siete años. Por ello, agradeció «infinitamente» a todas las personas que la estuvieron apoyando durante su proceso judicial y que «lucharon y se enfocaron» para que tanto ella como las 17 mujeres presas por sufrir una emergencia obstétrica «tuviéramos nuestra libertad». De este modo, insistió en que la Colectiva «nunca nos dejaron solas».

Rivas indicó que, con la excarcelación de Lilian, se pone fin a la campaña de ‘Libertad para las 17’, después de lograr el indulto para todas ellas en los últimos años. «Cuando comenzamos esta campaña estábamos seguras de la inocencia de todas las compañeras», recalcó, al tiempo que denunció que todas ellas fueron víctimas de una «falta de garantías judiciales en el proceso y una criminalización claramente injusta para las mujeres porque lo que se estaba penalizando es su capacidad reproductiva».

Además, indicó que el común denominador de todos los procesos era que había «condiciones de discriminación de género y por razones de pobreza y exclusión hacia las mujeres», que fueron tratadas en hospitales públicos de emergencias obstétricas, algo que, según lamento, es una realidad que «no para en El Salvador «.

En los últimos diez años, la abogada reveló que se han liberado a 73 mujeres privadas de libertad, de las cuales la mayoría ya habían sido «injustamente condenadas», mientras que dos estaban aún en proceso judicial. Rivas detalló que, en la mayor parte de los casos, ya cumplían una condena firme cuando conocieron sus casos, de manera que ya no cabían recursos de apelación y casación, sino únicamente, como sucedió en el caso de Lilian, se recurría a otros mecanismos como pedir una revisión de la sentencia cuando hay nuevos elementos probatorios o «graves violaciones del proceso que se demuestran al juez».

A diferencia de otros casos, apuntó que Lilian tuvo un parto intrahospitalario, por lo que estaba bajo custodia del Estado cuando sucedió la emergencia obstétrica. Sin embargo, lamentó que El Salvador es «tan injusto con las mujeres que sufrimos tanta discriminación que a la Fiscalía se le ocurrió decir que ella había cometido un delito y así es como termina condenada a 30 años de prisión». «La emergencia obstétrica no es un delito ni debe ser perseguido ni en El Salvador, ni en ninguna parte del mundo», remarcó, al tiempo que incidió en que, en el caso de Lilian, «ha habido una clara negligencia por parte del Estado y ha sido aceptada por las autoridades judiciales».

Pese a la liberación de la última mujer que formaba parte de la campaña de las 17, precisó que «no abandonamos nuestra estrategia de litigio porque tristemente, sigue habiendo casos y el país sigue criminalizando a las mujeres por su capacidad reproductiva». Actualmente, desveló que hay cinco casos de emergencias obstétricas que están en proceso de investigación y que están llevando su defensa, mientras que hay otros 11 que están en vía administrativa y que también están representando.

Por ello, Rivas pidió al Estado que «nos solamente tiene que revisar los procedimientos a nivel judicial para que estén libres de estereotipos de género y discriminación hacia las mujeres, sino que también tiene que revisar la legislación, porque mientras eso no cambie, en nuestro país seguirá habiendo casos».

Por su parte, la integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto aseguró que se está cerrando un «ciclo de lucha» que se inició en 2014 con la campaña para liberar a las 17 mujeres encarceladas, que «fueron denunciadas inicialmente por aborto y, luego, por homicidio agravado». Según indicó, todas ellas eran mujeres «de zonas rurales y de escolaridad baja con las que la Fiscalía se ensañaba». Por ello, Mariana Moisa, quien también forma parte de la Agrupación, avisó que «vamos a seguir en nuestra lucha hasta que esta ley tan absurda cambie».

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

En este sentido, El Salvador podría verse obligado a cambiar su restrictiva ley de 1998 que prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluso el de la violación o si hay riesgo para la vida o salud de la madre o el bebé. Este país establece una pena de prisión de seis a ocho años en caso de un aborto, que se elevan a entre 30 y 50 años por un delito de homicidio agravado si se trata de un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas y aunque sea accidental.

Esta normativa impidió en 2013 a Beatriz, de 22 años, interrumpir su embarazo, pese al riesgo que suponía tener a su hija, dado que la joven sufría lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica (daño en el riñón) y artritis reumatoide. Además, en el hospital habían diagnosticado que su hija tampoco tenía esperanza de vida, debido a que iba a nacer con anencefalia, una malformación congénita que impide el desarrollo del cerebro. Pese a todas estas circunstancias, nadie la escuchó y fue obligada a continuar con su gestación hasta que a las 26 semanas le hicieron una cesárea de urgencia para parir a una bebé prematura que solo sobrevivió cinco horas, mientras que la madre permaneció en cuidados intensivos cuatro días.

Diez años después, este emblemático caso está siendo examinado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que la familia de Beatriz y varias organizaciones que defienden el derecho al aborto denunciaran al Estado de El Salvador «por la falta de acceso a una interrupción legal, temprana y oportuna de su embarazo, lo cual puso en riesgo su vida y afectó su integridad, salud y otros derechos».

La sentencia, que se conocerá en unos meses, podría sentar un precedente histórico en América Latina, donde el aborto está prohibido en todos los supuestos, incluido el terapéutico en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana.

Este contexto podría cambiar si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas encaminadas a que El Salvador permita el aborto terapéutico dando la razón a Beatriz, quien no podrá ver la resolución de su caso, tras fallecer en 2017 por neumonía tras sufrir un accidente de moto.

Esta Corte ya condenó en diciembre de 2021 al Estado de El Salvador por la «criminalización arbitraria» de Manuela, quien fue privada de libertad, tras intentar acceder a servicios de salud reproductiva en un hospital público cuando enfrentó una emergencia obstétrica. Concretamente, Manuela acudió en 2008 a un hospital público tras un aborto espontáneo. Allí fue detenida y la trasladaron directamente a prisión tras ser denunciada por el personal médico que la atendió. Posteriormente, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio y en 2010 falleció bajo detención por un cáncer dejando huérfanos a sus dos hijos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ya dejó claro en 2021 que no va a proponer ninguna reforma a ningún artículo de la Constitución que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Tal vez los cambios lleguen desde la resolución de la Corte Interamericana radicada en Costa Rica.

El último intento por despenalizar el aborto en El Salvador lo hizo en el 2018 la expresidenta de la Asamblea Legislativa y exguerrillera Lorena Peña, quien propuso que fuera legal cuando la vida de la madre corra peligro, en caso de violación, cuando el feto no tenga posibilidades de vivir fuera del útero o bien si el embarazo es a causa de violencia sexual o de tráfico de menores, si bien su iniciativa no salió adelante.