El dictador peruano Alberto Fujimori, de 85 años, acaricia la libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de su país, que ha ordenado al gobierno y al director del penal de Barbadillo «la inmediata libertad, bajo responsabilidad». El exmandatario cumple desde 2007 una condena de 25 años de cárcel por un cúmulo de delitos, que incluyen matanzas, secuestros, corrupción y usurpación de funciones. En la cárcel de Barbadillo conviven hoy tres expresidentes peruanos: el golpista Pedro Castillo; Alejandro Toledo, acusado de corrupción y el propio Fujimori. Son sus únicos inquilinos, a la espera de otro mandatario, Ollanta Humala, cuyo proceso avanza inexorable.

El Constitucional ha declarado fundado el recurso de reposición interpuesto para que cumpla la sentencia emitida en 2022, a la vez que advertía con severidad al juez que no puso en libertad previamente a Fujimori.

«Por los trámites en el INPE (Instituto Nacional Penitenciario), el señor Fujimori saldría mañana (miércoles). Está muy tranquilo, entusiasmado y clínicamente estable. Se encuentra muy esperanzado en el cumplimiento de este mandato», reaccionó su abogado defensor, Elio Riera.

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La decisión del Constitucional, sin embargo, choca de frente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que se opone a esta liberación y asegura que el indulto no es viable. El choque de instituciones judiciales ya se produjo el año pasado, cuando la corte interamericana adujo que no se podía llevar a cabo el indulto humanitario establecido.

El TC pretende dar por acabado un pulso judicial que se remonta a 2017, cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, decretó el indulto humanitario para el padre de su rival en las elecciones, Keiko Fujimori. El indulto fue revocado más tarde por la Corte Suprema, por lo que el dictador fue conducido de vuelta a la prisión tras previo paso por un hospital durante 113 días.

La pelota está ahora en el tejado de la presidenta Dina Boluarte, que acatará una u otra decisión. Su gobierno depende del apoyo parlamentario del grupo fujimorista en el Congreso.

«Esto es un insulto a la memoria de las víctimas y sus familiares y una afrenta contra el sistema interamericano de derechos humanos al desconocer el mandato de la Corte, que prohibió este indulto por ser parte de un negociado político», advirtió la parlamentaria moderada Flor Pablo Medina.

Keiko y Kenji, los dos hijos de Fujimori, también políticos, se encuentran reunidos pese a sus diferencias en espera de acontecimientos. Ambos

sobre Keiko pesa un proceso por corrupción que la puede llevar de nuevo a la cárcel y Kenji está sentenciado a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de influencias.