El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el plan del Gobierno británico para deportar inmigrantes pendientes de la solicitud de asilo a Ruanda, en un severo golpe para el «premier» Rishi Sunak que amenaza con provocar una rebelión de diputados del ala derecha, reclamando directamente la salida del Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) del 1950.
El Supremo ratificó los argumentos de un tribunal de apelación que falló en junio que Ruanda no es un «tercer país seguro» y que existe «un riesgo real» de que las personas enviadas al país africano fueran «devueltas a su país de origen, donde fueron objeto de persecución y otros tratos inhumanos».
El Gobierno de Rishi Sunak temía un fallo similar y barajaba varias opciones para seguir adelante con sus planes. Entre ellas, la de firmar un tratado internacional con Ruanda y la de reformar la Ley de Derechos Humanos en el Parlamento británico. La «opción nuclear», la salida del CEDH, era la defendida por Suella Braverman, destituida como secretaria de Interior el lunes pasado.
En su carta de dimisión, Braverman acusó de «traición» a Sunak y aseguró que el «premier» no tenia listo un plan B en el caso de perder el pulso legal en el Supremo. Braverman ha amenazado con movilizar a decenas de diputados conservadores para forzar al «premier» a abandonar el CEDH. Su desafío puede acabar cuajando en una rebelión del ala dura del partido y frustrar los planes del «premier» para «resetear» el Gobierno con la reciente incorporación de David Cameron y su llamada a la unidad del partido.
La ex secretaria de Interior ha acusado a su líder de «debilidad», «falta de integridad» e «incumplimiento de sus promesas». Pese a respaldar el lema de «Stop the boats» («Parar los botes»), Braverman asegura que Sunak se ha mostrado ambivalente a la hora de adoptar medidas drásticas contra la inmigración irregular.
Más de 45.000 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en botes en el 2022, el año en que el Gobierno de Boris Johnson tuvo que cancelar «in extremis» la partida del primer avión rumbo a Ruanda con inmigrantes tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El número de travesías ha descendido este año a más de 25.000, principalmente por una mayor colaboración de las autoridades francesas y por el acuerdo con Albania para repatriar a sus ciudadanos que llegan ilegalmente a las costas británicas. La mayoría de los inmigrantes irregulares son iraquíes de origen kurdo, afganos y sirios que siguen huyendo de su país en guerra.
Varias organizaciones no gubernamentales presentaron una primera demanda legal contra el Gobierno británico en el 2022 para frenar las deportaciones a Ruanda, paralizadas desde entonces. El Gobierno británico planeaba fletar el primer avión con inmigrantes rumbo a Kigali antes de navidades, en el caso de haber ganado el pulso legal ante el Supremo.
Los cinco jueces del Supremo determinaron por unanimidad que Ruanda no dispone de «un sistema adecuado para procesar las demandas de asilo» y que por tanto existe el riesgo de repatriación de los inmigrantes a sus países de origen. En el momento de argumentar el fallo, el portavoz del tribunal Lord Robert Reed citó el precedente de un acuerdo entre Israel y Ruanda entre 2013 y 2018 en el que los inmigrantes fueron devueltos «clandestinamente».
Reed destacó también que Ruanda «tiene un pobre expediente de derechos humanos» y advirtió que el Reino Unido ha de responder no solo a sus obligaciones como firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos sino a otros tratados internacionales.