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Francia acaba de iniciar el debate parlamentario de la ley más conflictiva para el Gobierno en los próximos meses: La de inmigración. Es problemática porque no convence y el Ejecutivo no tiene mayoría en la Asamblea y, además, sus apoyos se han debilitado. También porque llega en un momento complejo: con el país en máxima alerta por atentado terrorista, en plena escalada en Oriente Próximo. Europa, además, debate cómo resolver el problema migratorio, tras las llegadas masivas de inmigrantes a Lampedusa de hace mes y medio.

Nada sopla a favor para el ministro del Interior, Gérald Darmanin, artífice de esta norma, que pretende facilitar la expulsión de los extranjeros que delinquen y que «abusan de nuestra generosidad» y, al mismo tiempo, «no poner trabas a los extranjeros que viven en Francia desde hace tiempo, que no hacen mal a nadie y cantan la marsellesa como todos», ha señalado el ministro durante su intervención este lunes en el Senado, en el arranque del debate.

Le Ley busca apaciguar a la izquierda y también a la derecha, pero es criticado por ambas partes, así como por las asociaciones de inmigrantes. Los primeros la consideran muy restrictiva, porque facilita las expulsiones y endurece el proceso para las demandas de asilo. Los partidos de derecha y ultra derecha creen que es muy laxa, porque facilita la regularización de los trabajadores clandestinos.

La norma facilita la expulsión de los extranjeros que han cometido delitos, aunque lleven muchos años en el país. Hace un mes un profesor falleció apuñalado en un ataque islamista al norte del país. El autor del ataque era un hombre de origen checheno, fichado por radicalización, pero que no pudo ser expulsado porque cuando llegó a Francia tenía menos de 13 años. La ley Francesa tiene un mecanismo de protección que impide expulsar a estos menores.

«Los franceses no entienden que no se pueda expulsar a aquellos que cometen delitos», denunció Darmanin en el Senado. Ha ilustrado con un ejemplo: el de alguien que llega con 12 años y medio y comete un crimen de sangre con 19 años y el de otro que llega con 13 años y medio y roba un coche también con 19. «Al primero no le puedo expulsar, al segundo sí», dijo.

Desde hace días Gérald Darmanin hace recuento diario en X (antes Twitter) de la lista de extranjeros expulsados por haber cometido delitos en Francia. Son 2.500, según los datos que ha dado en el Senado. Por eso, uno de los objetivos de la ley es «ser malo con los malos y bueno con los buenos», en sus palabras.

La ley también pretende simplificar los procedimientos en las peticiones de asilo, para «identificar ya en las fronteras a los que merecen acceder» a este sistema de protección y reducir las opciones al resto.

Regularización

El artículo más controvertido es el número 3, el que permite regularizar a los inmigrantes sin papeles que trabajan en alguno de los llamados sectores en tensión, donde falta mano de obra. Son, sobre todo, hostelería y restauración, servicio de limpieza y construcción. Los Republicanos, uno de los principales apoyos del Gobierno, pide retirarlo.

Para obtener el permiso de residencia, estos ilegales tendrán que haber trabajado al menos ocho meses y haber vivido en Francia al menos tres. También tendrán que pasar un examen de francés para demostrar un mínimo conocimiento de la lengua, así como firmar un documento en el que se comprometen con los valores de la República.

La ley de inmigración se presentó hace un año, pero se pospuso porque no contaba con apoyos suficientes para salir adelante y porque el país estaba en plena crisis por la reforma de las pensiones, a la que se oponía casi todo el país y que dejó meses de violentas protestas. La Ley se debate toda esta semana en el Senado y tendrá que pasar después por la Asamblea. La idea, según el ministro, es que entre en vigor a principios del próximo año.

El Gobierno teme encontrarse en un escenario parecido al que vivió durante la tramitación de la reforma de las pensiones. Sin mayoría en los escaños, tuvo que hacer uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley por decreto, sin voto parlamentario. Esto debilitó los apoyos que tenía, sobre todo el del partido conservador de Los Republicanos.

«No tenemos una sola voz para la inmigración en Europa. El de la inmigración es uno de los grandes desafíos de Europa», ha advertido Darmanin, que ha recordado la tensión en las fronteras, y la crisis en Lampedusa, donde llegaron miles de inmigrantes en apenas unos días.