• Guerra Macron pide por primera vez un alto el fuego en Gaza
  • Francia Macron dice que «todos los estados europeos son vulnerables» ante la alerta terrorista

La nueva ley de inmigración del Gobierno francés, que se presentó como «equilibrada» y que ha comenzado estos días su periplo parlamentario, ha endurecido su contenido. En la primera semana de debate en el Senado, que concluyó este viernes, se han aprobado medidas para facilitar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos, no respeten los valores de la República o supongan una amenaza grave para el país. Además, se ha descafeinado el único artículo que podía contentar a la izquierda y a las asociaciones de inmigrantes: el de la regularización de los sin papeles que trabajan en oficios donde apenas hay mano de obra.

El debate arrancó el lunes. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, había dicho que el proyecto buscaba «ser bueno con los buenos y malo con los malos». El texto original contenía medidas para contentar a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, día a día se ha ido retocando el contenido, haciendo concesiones más a los últimos, que consideraban que el texto era demasiado laxo. El lunes, por ejemplo, se votó a favor de retirar el dispositivo de asistencia médica del Estado del que se beneficiaban los sin papeles. En su lugar, habrá una ayuda médica de urgencia.

Se facilitan las expulsiones, se complica la solicitud de asilo y también se endurecen las condiciones para el reagrupamiento familiar. El artículo que preveía la regularización de las personas en situación ilegal que trabajan en sectores sin mano de obra como la hostelería o la construcción, se ha quedado en mínimos.

Ahora, lo que se ha votado es que sean los prefectos de cada región los que valoren cada caso de manera individual, evaluando no sólo el trabajo que desempeña el inmigrante, sino su integración y si respeta los valores de la República. El partido de Los Republicanos, llave del Gobierno para sacar adelante el texto en la Asamblea, pedía que se eliminara. También la extrema derecha. Era una de las pocas concesiones a la izquierda, que desde el principio ha calificado el texto de excesivamente restrictivo.

Uno de los objetivos prioritarios es facilitar las expulsiones de los extranjeros que hayan delinquido. Para ello, se van a eliminar las protecciones de las que se benefician algunos y que impedían echarlos. Es el caso de los que tienen menos de 13 años cuando llegan al territorio francés, por ejemplo.

Por este motivo no pudo ser expulsado de Francia el yihadista de origen checheno que apuñaló a un profesor hace poco más de un mes en un instituto en el norte del país. A pesar de estar fichado por radicalización, había llegado a Francia con menos de 13 años.

Los que tengan una condena firme de más de cinco años de prisión ya no se beneficiarán de esa protección. Darmanin, que lleva varias semanas dando cuenta en Twitter (ahora X) de los perfiles de los delincuentes extranjeros que Francia va expulsando, calcula que esto permitirá echar a unas 4.000 personas más por año. «Los franceses no entienden que no se pueda expulsar a alguien que ha cometido un delito», había denunciado el ministro.

También se retirará el permiso de residencia a los que no respeten los valores de la República. Estos, según el texto, son la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad humana y el respeto a los símbolos de la República.

Llevar «una vestimenta religiosa ostentosa» o «escupir sobre la bandera francesa en una ceremonia patriótica» son algunos ejemplos de no respeto a los valores citados, según ilustró Darmanin en el Senado.

Otra medida polémica: hasta ahora, los niños que nacen en Francia con padres extranjeros obtienen de manera automática la nacionalidad al cumplir la mayoría de edad. Este derecho se elimina y tendrán que pedirlo de forma expresa a partir de los 16 años y hasta los 18. Y no podrán hacerlo quienes hayan sido condenados a alguna pena superior a seis meses de cárcel.

Las asociaciones de inmigrantes y contra el racismo han escrito una carta a la primera ministra, Elisabeth Borne, para criticar esta «restricción de los derechos desconocida» hasta ahora. «El acceso a la nacionalidad francesa favorece la inmigración», había defendido la senadora republicana Valérie Boyer. El texto acabó hoy el debate en el Senado, donde se votará el próximo martes. Después pasará a la Asamblea, que comenzará a tramitarlo a partir del 11 de diciembre. La idea es que entre en vigor a principios del año que viene.