Se podrán tomar decisiones por mayoría cualificada, se podrán impulsar reformas contra la voluntad de algunas capitales, pero la batalla por la cuestión migratoria sólo acaba de empezar. Ese es el mensaje que transmitieron este viernes en Granada los gobiernos de Hungría y Polonia, reventando la segunda jornada de reuniones de líderes continentales y vetando el texto original y completo de la ansiada Declaración en la que tantas esperanzas, y tanto esfuerzo, había depositado España. La negativa de ambos estados hizo imposible el acuerdo, por lo que el documento tuvo que desgajarse. Por un lado, la Declaración a 27 con el resto de temas, y por otro una descafeinada declaración del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel sólo para los temas migratorios.
«La declaración ha sido adoptada, y es un punto muy importante para continuar el trabajo las próximas semanas para identificar las necesidades estratégicas de la Unión», ha apuntado el político belga al concluir la sesión. «La Cumbre ha sido un éxito. El nombre de Granada va a estar vinculado para siempre al futuro de Europa, a la profundización del proyecto europeo. Hoy es el inicio del debate de la agenda estratégica», ha coincidido Pedro Sánchez. «El esfuerzo ha merecido la pena».
Que la cuestión iba a ser el tema central quedó claro a finales de la semana pasada y confirmado en la víspera. El objetivo inicial era hablar del futuro, de la ampliación, de la respuesta que la UE dará en diciembre a la pregunta de si Ucrania y Moldavia están listas para empezar sus negociaciones de adhesión, de autonomía estratégica. De cómo mantener la ayuda a Ucrania ahora que EEUU empieza a dudar y algunos de los socios, de Hungría a Eslovaquia y de Polonia a Rumanía, multiplican sus reservas, problemas o abierta oposición. Pero en lugar de eso, el tema central fue el de la migración. Lo introdujo e la agenda la italiana Giorgia Meloni, que pidió por escrito a Pedro Sánchez y a Michel que se le reservara tiempo, algo inicialmente no previsto. Y lo metió de nuevo a cajón, e irritando al Gobierno español, el jueves, organizando una reunión paralela en la que acabaron participando los primeros ministros o presidentes de Holanda, Reino Unido, Francia o Albania, además de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Pero como eso no era suficiente, el bloqueo llegó este viernes, cuando Varsovia y Budapest se negaron a aceptar el lenguaje propuesto por los redactores españoles en el apartado de migración. Viktor Orban y Mateusz Morawieki llegaron a nuestro país con ganas de pelea, hablando de la «dictadura de la UE», de un presunto intento de imponerles un pacto para llenar sus calles de «inmigrantes ilegales, disturbios y violencia». O diciendo, sin ningún tabú ni respeto institucional, que fueron «violados legalmente» al ser aprobado el miércoles por mayoría cualificada y con su voto en contra la posición del Consejo sobre el quinto reglamento del Pacto Migratorio, el que trata de la gestión de crisis.
«Soy el Primer Ministro de la República de Polonia. Soy responsable de la seguridad de Polonia y de sus ciudadanos. Por lo tanto, como político responsable, rechazo oficialmente todo el párrafo de las conclusiones de la cumbre sobre migración. ¡Polonia está y seguirá estando segura bajo el gobierno del PiS», ha festejado Morawiecki al concluir en un acto más de la campaña electoral permanente. Se juega el puesto y la estrategia es meter miedo, denunciar a Bruselas y asociar a Donald Tusk con las instituciones (fue presidente del Consejo Europeo) y con el Pacto Migratorio.
La disputa fue larga en los márgenes, entre embajadores y sherpas. Los líderes lo dejaron para el almuerzo, con la esperanza de que los técnicos pudieran pulir el grueso de las diferencias, pero no fue suficiente. Y en la comparecencia final Sánchez, Michel y Von der Leyen pasaron de puntillas, evitando en la medida de lo posible cualquier mención a las fricciones.
Las opciones eran varias. Que se superaran las diferencias y el texto original saliera adelante. Que la Declaración muriera del todo. Que se eliminara cualquier párrafo o mención a la migración. O la fórmula que en los últimos años se está convirtiendo en el Plan B, una forma de presentar una mala noticia, un veto, un fracaso, en algo menos malo.
No era el único punto sensible. El alto representante para la Política Exterior, Josep Borell, aprovechó también para ajustar cuentas con su jefa, Ursula von der Leyen. El español, que además de su puesto como responsable de la diplomacia comunitaria es vicepresidente de la Comisión, cargó con lo que dos fuentes califican de «inusitada dureza» contra la alemana, a cuenta del Memorando de Entendimiento firmado por ella con el gobierno de Túnez para reducir los flujos. Ese acuerdo es polémico por muchas razones, pues supone dar dinero a un líder corrupto a cambio de que corte las salidas de barcos. Supone cerrar los ojos ante las violaciones de derechos y persecuciones políticas. Pero también, y eso parece ser lo que más molesta a los gobiernos, porque Von der Leyen tomó la decisión sin contar con los gobiernos
Borrell, que hace unas semanas envió una carta dura al comisario responsable, el de Vecindad, arremetió en la reunión contra la decisión de Von der Leyen. «Los acuerdos deben ser aprobados por el Consejo antes de su firma. Consultar a los embajadores no es suficiente ni el procedimiento correcto. Las sentencias del TJUE son claras», le reprochó según explica una fuente europea.
UNA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA
La Declaración de Granada busca o buscaba ser algo parecido a una hoja de ruta filosófica, iniciar un debate o potenciarlo, sobre muchos temas. Incluyendo la llamada autonomía estratégica, que España se empeña en llamar «abierta» y que Francia aboga por cerrar un poco más. La discusión por su definición, alcance e implicaciones está muy viva, y los 27 no tienen claro el recorrido.
El cambio de formato en la Declaración no tiene relevancia jurídica. No son unas conclusiones de un Consejo Europeo formal, no había nada que ‘aprobar’, ni instrucciones concretas que dar a los ministros o a la Comisión de manera oficial. Pero tiene relevancia simbólica, política. Refleja cómo es cada vez más difícil lograr unidad en los temas importantes, lo que a su vez multiplica las preguntas sobre la operatividad de una Unión Europea a 30 o 36 miembros, todos con capacidad de bloqueo o de veto cuando están disconformes.
