• Irán «Nada ha vuelto a ser lo mismo»: El control en las calles marca el aniversario de la muerte de Mahsa Amini

Irán endureció este miércoles el castigo por no llevar correctamente el velo islámico en el espacio público con hasta diez años de prisión. La aprobación de la enmienda coincide con el primer aniversario de las protestas por la muerte de Mahsa Jina Amini, la joven que falleció en custodia policial tras ser detenida por no vestir correctamente el velo. El llamado «Proyecto de ley para apoyar a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hiyab», fue aprobado con 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones. La normativa requiere la aprobación final del Consejo Guardián de Irán, que se espera que examine y termine aprobando en los próximos días.

Hasta ahora la ley contemplaba penas de entre diez días y dos meses de prisión por incumplir el código de vestimenta. La nueva legislación endurece la pena de cinco a diez años de prisión, mientras que las multas también ascienden considerablemente, de los diez euros hasta los 7.000. El incremento de las multas es considerable, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo en Irán apenas sobrepasa los 200 euros mensuales. Las penas por violar el código de vestimenta también consideran castigos de hasta 60 latigazos por incumplir la ley. La ley se aplicará durante tres años y terminado este período, se revisará de nuevo.

El código contiene setenta artículos que restringen el código de vestimenta y actuación de las mujeres en diferentes situaciones sociales. Grupos de derechos lo han interpretado como un intento de frenar las protestas antigobierno que se suceden desde la muerte de Amini en custodia policial. Por ejemplo, la ley contempla multas para quienes «promuevan la desnudez» o «se burlen del hiyab» en medios de comunicación y redes sociales, en una clara alusión al acto de protesta de miles de mujeres que se han quitado o han quemado el velo en el espacio público para exigir más libertades. También castiga a aquellos grupos de personas que violen el código de vestimenta «de manera organizada» o «en cooperación con gobierno, medios u organizaciones extranjeras«.

La medida ha sido aprobada en el cumpleaños de la joven Amini y pocos días después del aniversario de su fallecimiento. Las imágenes de Amini ingresada en el hospital, con claros signos de haber sido golpeada en custodia policial, desató una ira sin precedentes en todas las ciudades del país. Miles de mujeres salieron a la calle al grito de «Mujer, vida y libertad» para pedir más derechos, en actos multitudinarios que derivaron en manifestaciones masivas contra el régimen, exigiendo más libertades y mejoras económicas.

Si bien inicialmente las autoridades retiraron a la policía de la moral de las calles, el cuerpo que controla el código de vestimenta de las mujeres entre otros deberes, el gesto fue breve y la situación ha empeorado considerablemente. El gobierno no ha cedido ni un ápice ante las las demandas en la calle y ha acusado a los manifestantes de estar influenciados por poderes extranjeros que buscan socavar la autoridad de Teherán. Al menos 500 personas han muerto en actuaciones policiales durante las protestas, mientras que siete personas han sido ejecutadas. Una veintena ha sido condenadas a muerte por su supuesta participación en las protestas antigubernamentales. Además, más de 20.000 personas han sido detenidas por estar supuestamente implicadas en las manifestaciones, entre ellos una veintena de periodistas. Dos reporteras, que revelaron el caso de Amini en los medios, están encarceladas y su juicio, cerrado al público e incluso a los abogados de las encausadas, sigue en curso. Al menos tres familiares de las encausadas también han sido detenidos e interrogados en los últimos meses. Grupos de derechos han denunciado vejaciones, torturas e incluso agresiones de carácter sexual en custodia policial. Decenas de mujeres también han sido detenidas en sus hogares por contestar preguntas a prensa extranjera sobre las protestas en el país.

Por otro lado, la ley también especifica otro tipo de penas que extienden los castigos a terceras personas. Así, las autoridades podrán cerrar negocios o imponer multas si no se cumple el código de vestimenta en esos espacios. También se exige la segregación por sexo en las oficinas gubernamentales, universidades, hospitales y parques públicos. Naciones Unidas y grupos de derechos han interpretado la normativa como un intento de «apartheid de género». «El proyecto de ley podría describirse como una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen estar gobernando mediante una discriminación sistemática con la intención de reprimir a las mujeres y a las niñas hasta lograr su sumisión total«, declaró la ONU en un panel sobre la propuesta de ley el pasado 1 de septiembre. «Viola derechos fundamentales, incluido el derecho a participar en la vida cultural, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la protesta pacífica y el derecho a acceder a servicios sociales, educativos y de salud», señalaron los expertos.

En febrero, las autoridades intentaron imponer sistemas de vigilancia inteligentes para hacer cumplir sin éxito el código de vestimenta. Sin embargo, la nueva legislación brinda a las autoridades más poderes para usar a su voluntad sistemas de inteligencia en el espacio público para vigilar a las mujeres, especialmente a aquellas que conducen en sus vehículos privados sin el velo islámico.