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Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, compareció anoche en Caracas ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo acusada por la Fiscalía chavista de varios delitos graves. La activista de derechos humanos, que dispone de la doble nacionalidad española y venezolana, es acusada de terrorismo, traición a la patria, conspiración y otro delitos, según dio a conocer Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público, en medio de la noche, en secreto y sin la presencia de sus familiares.

Relevante figura de la sociedad civil venezolana, San Miguel ni siquiera dispuso de la defensa de sus abogados, tras permanecer bajo detención forzosa y en paradero desconocido desde el viernes. Al igual que a su antigua pareja sentimental, Alejandro González, también se le reclama privativa de libertad, aunque al hombre se le acusa de otros delitos, como la revelación de secretos de Estado y militares. En el 99% de los casos, los jueces revolucionarios asumen las peticiones de Fiscalía.

«No se presenta a una persona a las 10pm en un tribunal luego de cerrado. Es un patrón sistemático documentado para obligar a las personas a aceptar una defensa pública y despojarlos de su derecho a asistencia legal de su confianza», desveló Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz.

Organismos de derechos humanos denunciaron que en la misma audiencia presentaron a cuatro familiares muy cercanos a San Miguel, entre ellos su hija Miranda, también española y que vive en Madrid. Miranda cayó en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado sábado y desde entonces ha permanecido desaparecida. La joven acaba de graduarse en Periodismo en una universidad europea y se encontraba de vacaciones en Venezuela. La Fiscalía ha reclamado para ella libertad condicional con medidas cautelares, por lo que debería presentarse ante el juez cuando éste lo determine.

En las mismas circunstancias están su padre, Víctor Díaz Paruta, y dos hermanos de su madre. A todos ellos se les considera involucrados en la «trama conspirativa» y de «intento de magnicidio» denominada Brazalete Blanco una de las seis denunciadas por el régimen boliviano en las últimas semanas como justificación para la última arremetida contra la oposición y la sociedad civil.

La desaparición forzada es uno de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela bajo investigación de la Corte Penal Internacional.