Jefe de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, Rafael Kurochichi, Este miércoles presentó una solicitud para retirar la inmunidad al Presidente de Guatemala. Bernardo Arévalo, Investigarlo por delitos de abuso de poder, usurpación de deberes y decisiones violatorias de la constitución, presuntamente por orden del ex Ministro de Comunicaciones jazmín de la vega Pagos ilegales a empresas contratistas del gobierno.
Dio la casualidad de que el Ministro fue destituido por el Presidente a través de una conversación telefónica que fue publicada en agosto pasado en las redes sociales y sirvió de referencia al Ministerio Público en el caso de presunta corrupción en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda (Misvi). El presidente decidió destituir a De la Vega por no cumplir con sus instrucciones sobre pagos a contratistas, con el fin de evitar la corrupción.
En conferencia de prensa, Kurochichi, quien desde 2022 figura en la Lista Engel de Estados Unidos de actores corruptos y antidemocráticos, acusó a Arévalo de El principal personaje que «promueve la corrupción y la impunidad en Guatemala» Después de que lo condenaran a pagar «más de 67 millones de quetzales» (8,3 millones de euros) a una empresa vinculada al miembro del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) Gabriel Orellana Rojas, quien es el representante legal de la empresa en el offshore. ingenieria y construccion guatemala.
Señaló además que el titular del Ejecutivo también ordenó al exministro pagar más de 6 millones de quetzales (750 mil euros) a una empresa vinculada a un caso de fraude revelado la semana pasada por la Autoridad de Supervisión de la Administración Tributaria, que reveló la existencia de una estructura formada por 410 empresas para defraudar al fisco más de 300 millones de quetzales (37,5 millones de euros).
Kurochishi señaló que el presidente no puede convocar a la ministra a su despacho “para determinar qué empresas deben pagarle”, considerando que eso es responsabilidad exclusiva del ministerio, por lo que su actuación “cae dentro del ámbito Abuso de poder, usurpación de deberes y decisiones violatorias de la constitución”. Por ello, informó que acudió a la torre del tribunal a solicitar un sumario, con el fin de retirarle la inmunidad presidencial a Arévalo, para que sea investigado, lo que podría significar que tendría que dejar el cargo. Asumió el cargo el 14 de enero. Éste deberá ser finalmente aprobado en el pleno del Congreso por una mayoría de representantes.
A raíz de una denuncia presentada el 16 de julio por el director de la Fundación Contra el Terrorismo. Ricardo Mendy Ruiz, Era posible que un testigo hubiera entregado todos los documentos, por lo que el presidente de la FECI afirmó que hay indicios de que el Presidente de Guatemala ha creado un mecanismo de pagos arbitrarios correspondientes a los años 2022 y 2023 a favor de contratistas gubernamentales designados por Misivi fuera del marco de sus deberes y atribuciones que establece la Constitución, cometiendo así los delitos mencionados.
El presidente de la UE también presentó como prueba varias publicaciones de diversos medios de comunicación, que revelaron cómo empresas y contratistas estatales se beneficiaban de los pagos del Misvi, a pesar de sus acusaciones de participación en casos de corrupción, como el llamado “construcción y corrupción”.
Kurochichi señaló que por el momento, en el marco del caso denominado “Mecanismo de Corrupción de Misevi”, sólo se investiga al presidente, aunque dijo que habría que establecerlo.r si hay otras personas involucradas Afiliadas a empresas y empresas contratistas que se beneficien con los pagos, a efecto de citarlas a investigación. Por ello, ha recordado que la Fiscalía sólo lleva «tres o cuatro semanas» en esta investigación que, según defendió, es «seria, objetiva y justa y llegaremos hasta donde podamos».
Conversación privada entre Arévalo y su ministro
Al ser consultado sobre el hecho de que utilizó como prueba una conversación privada entre Arévalo y el exministro cuando ambos tenían fuero en ese momento, el Ministerio Público lo justificó diciendo que había sido descargada con un técnico informático de las redes y medios sociales. en el que se filtró. La llamada telefónica antes mencionada. Negó que este procedimiento fuera ilegal. “Las consideramos fuentes de información abiertas y es un mecanismo válido a través del principio de libertad de prueba que establece el Código Procesal Penal”.
Es más, señaló que El propio Arévalo identificó la autenticidad del sonido, Así que insistió en que “no hubo ningún problema con la forma en que lo conseguimos”, aunque admitió que desconocía cómo se grabó la conversación entre el presidente y su entonces ministro. Por otro lado, no descartó que otras fiscalías emprendan acciones legales contra otros funcionarios del gobierno, aunque precisó que serán investigaciones independientes de las que lleva a cabo la Unión Europea.
Por su parte, la Secretaría Presidencial de Redes Sociales respondió que las acusaciones del Ministerio Público contra Rafael Kuroichichi “no tienen credibilidad pública, solidez jurídica ni finalidad legítima”, al tiempo que dijo que el Ministerio Público (MP) y apoyado por “dos o tres jueces cómplices Se espera que no tengan ningún papel en este caso.
«Las tonterías del señor Corochichi no tienen cabida en ningún proceso penal y mucho menos en un juicio previo. Estos actores no tienen credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe», concluye el comunicado del gobierno guatemalteco.
Por su parte, el Secretario General de la Cámara de Representantes, Dr. ángel pineda, Precisó que el pedido de retiro de inmunidad al presidente “no es una acusación, condena, ni criminalización de nadie, sino que es uno de los mecanismos que le permite al Ministerio Público investigar la verdad”. Pineda hizo las declaraciones minutos después de que Corochichi acusara a Arévalo de ser «el principal responsable de promover la impunidad».
Según lo dispuesto en la ley, el proceso previo al juicio contra el Presidente de la República debe ser conocido por una comisión investigadora del Congreso, que luego será sometida a votación en el pleno.