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La Policía Federal brasileña irrumpió en la mañana de este jueves en la casa de veraneo del ex presidente Jair Bolsonaro, señalado como cabeza de un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras haber perdido las elecciones de 2022.
«Dejé el Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable«, dijo Bolsonaro a Folha de Sao Paulo.
La Policía Federal se presentó en la casa de veraneo de Angra dos Reis, en el Estado de Río de Janeiro, e incautó el teléfono móvil de Tercio Arnaud Thomaz, uno de los asesores del conservador Bolsonaro, que se encontraba en la residencia con el ex presidente.
Las fuerzas de seguridad reclamaron a Bolsonaro que entregase su pasaporte, pero el ex presidente alegó que no lo tenía consigo y recibió un plazo de 24 horas para cumplir con la orden.
Bolsonaro, de 68 años y presidente entre 2019 y 2023, tiene prohibido comunicarse con otras personas que son también objeto de la operación Tempus Veritatis, que investiga el intento de dar un golpe de Estado en 2022. El objetivo era mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
La investigación se basa especialmente en las revelaciones del coronel Mauro Cid, que fue ayudante de Bolsonaro durante su presidencia. Cid señaló a dos nombres, el ex asesor Filipe Martins y el almirante Almir Garnier dos Santos.
Las revelaciones del coronel desmontaron la versión de que no hubo más que sueños delirantes de algunos ultra conservadores. Según Cid, Martins llevó al presidente el borrador de un decreto para mantener a Bolsonaro en el poder, convocar nuevas elecciones y arrestar a opositores.
Enterado de la operación contra su antecesor, Lula celebró el hecho durante una entrevista radial: «El hecho concreto es que hubo un intento de golpe. Hubo un intento de destruir algo que construimos hace tantos años, que es el proceso democrático. Estas personas tienen que ser investigadas».
Una semana después de asumir el poder, Lula sufrió la invasión a la Plaza de los Tres Poderes, un 8 de enero de 2023 que está en la historia negra de Brasil.
Esta semana, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a 29 personas a prisión por el ataque golpista.
Las condenas se suman a otras conocidas en septiembre y que afectaron a 30 personas. Tras acordar en un plano virtual que los acusados debían ser condenados, los magistrados del STF debían aún establecer el nivel de las condenas, que van de los 11 a los 17 años.
En 2023, el STF condenó a otras 30 personas a penas de entre tres y 17 años de prisión. Las acusaciones son por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación delictiva armada, daños agravados y daños al patrimonio protegido.
Las 59 personas que ya han pasado por el STF son de la categoría conocida como «los ejecutores», gente a la que se detuvo en el mismo momento en el que invadian y destrozaban las instalaciones del Palacio del Planalto, del Congreso y del propio STF.
La trama política detrás de la invasión a los tres poderes, inspirada en la que sufrió el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, es enrevesada y aún no hay condenas a los ideólogos, ni tampoco a los financistas del aquelarre golpista.
De Moraes explicó en enero a «O Globo» cómo se llegó al asombroso 8 de enero. El juez recordó las decenas de miles de personas acampando ante cuarteles militares en todo Brasil y gritando «¡Fuerzas Armadas, salven la Nación!».
«Fue un gran error por parte de las autoridades permitir que esas personas permanecieran frente al cuartel (de Brasilia) durante el último año. El gran error fue permitir que los golpistas entraran en la Explanada de los Ministerios. El 8 de enero fue la culminación del movimiento: el último intento de anular el resultado legítimo de las urnas».
De Moraes profundiza en detalles del plan que debía desarrollarse si el 8 de enero era exitoso. «Decían que debían venir a Brasilia. De varios financistas, la orden era que debían venir, invadir el Congreso y quedarse (…). Intentarían convencer al Ejército para que se uniera al golpe. No es que el Ejército se fuera a unir, porque en ningún momento la institución coqueteó con la idea, aunque algunos de sus miembros estuvieron involucrados, y todos están siendo investigados».
Aquel 8 de enero, De Moraes estaba en París con su familia, pero los más exaltados en Brasilia querían colgarlo en la mismísima Plaza de los Tres Poderes.
«¿Qué querían?», se preguntó el mes pasado Miriam Leitao, una de las más influyentes columnistas del país. «Querían provocar un efecto dominó, en el que se produjeran actos similares en otros estados».
La destitución del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que no movió un dedo para que la Policía Militar de Brasilia contuviera a los manifestantes, fue clave para impedir que otros gobernadores se tentaran con sumarse a la rebelión.
En el cierre de ese 2023 convulso, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró algo polémico. que su abogado personal y su ministro de Justicia se convirtieran en miembros del STF.
La investigación que determinó hoy que se le quitara el pasaporte a Bolsonaro apunta a hechos diferentes, las constantes alusiones de Bolsonaro a que el sistema de voto electrónico promovía el fraude, como base para el intento de permanecer en el poder más allá del resultado de las elecciones. Ese intento y lo sucedido el 8 de enero en Brasilia están, sin embargo, claramente conectados.
