Cientos de policías antimotines se ven obligados a retroceder y retirarse de uno de los barrios más populares de Ciudad de Guatemala. Los vecinos de La Bethania, en la zona 7, se unieron para impedir que los agentes desalojaran un bloqueo en una de las principales arterias de la capital que mantienen desde hace 12 días. Montados en cientos de motos, rodearon a los uniformados que se vieron rebasados en número y tuvieron que desistir de la orden del presidente, Alejandro Giammattei, quien pretendía poner fin por la fuerza a este modo de protesta que impide el paso de vehículos.
Una manifestante se situó frente a una fila de antimotines y les recordó la condición de la población para poner fin al más de un centenar de bloqueos que hay en las carreteras de todo el país desde hace más de una semana: «Exigimos la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez del Juzgado Séptimo, Fredy Orellana».
«Estamos defendiendo la democracia, pero ya no queremos más pacto de corruptos que nos está robando todo aquí en Guatemala, ni queremos ir a un hospital donde la gente se muere en las emergencias porque no hay nada, ni una educación que está bloqueada», recalcó la mujer, que se encaró a los policías a los que recordó que «no están obligados a seguir las órdenes del alto mando que lo único que desea es desestabilizar a la población».
El denominado Paro Nacional Indefinido fue promovido por las autoridades indígenas de distintos departamentos del país encabezadas por los 48 Cantones de Totonicapán y los provenientes de Sololá y el Quiché, quienes desde hace 12 días mantienen una manifestación constante frente a la Fiscalía de Guatemala. Miles de personas rodean el inmueble y ya han advertido que no tienen la mínima intención de retirarse hasta que renuncien de sus cargos los tres fiscales y el juez a quienes tachan de «golpistas».
La gota que rebasó el vaso de la población fue la irrupción de los fiscales de la FECI en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 30 de septiembre, de donde sustrajeron cajas con las actas electorales números 4 y 8 que contienen los resultados de las elecciones que dieron como ganador al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Los propios magistrados del TSE trataron de impedir que se llevaran estos documentos interponiéndose en el camino de los fiscales, aunque no pudieron evitarlo e incluso recibieron empujones de los fiscales. Pese a que los magistrados acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para poner fin a esta actuación que tachan de «ilegal», no pudieron frenar la arremetida de la Fiscalía. Así, la FECI, en contubernio con el juez Orellana, busca cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en base a una investigación por supuestas firmas falsas en la constitución de este partido político, que ganó la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 20 de agosto.
TRÁFICO POR BAILES Y JUEGOS
Esta persecución judicial a Semilla ha provocado las manifestaciones más masivas en la historia de este país centroamericano, superando incluso a las movilizaciones de 2015 que desencadenaron la caída del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra en prisión tras ser condenado por dos casos de corrupción. La ciudadanía ha tomado las carreteras, sustituyendo el tráfico por clases de baile, juegos infantiles o canchas de fútbol mientras defienden la democracia en comunidad. Mientras, miles de conductores de camiones, vehículos y motos esperan pacientes a que les den paso por unos minutos, en ocasiones, con la condición de que bailen. El Palacio Nacional también es escenario de protestas diarias e incluso el pasado lunes la policía lanzó gases a los manifestantes, después de que varios infiltrados lanzaran palos y objetos a los agentes y destruyeran mobiliario público, lo que provocó la detención de seis adultos y tres adolescentes.
Una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) está tratando de mediar entre el presidente, Alejandro Giammattei, y las autoridades indígenas, si bien el mandatario se niega a exigir la renuncia a Consuelo Porras, a quien reeligió como fiscal general tras ser nombrada para este cargo en la pasada legislatura. Giammattei envió una carta a Bernardo Arévalo en la que le responsabiliza de la «ingobernabilidad» en el país al «alentar» las manifestaciones y bloqueos con «falsas e inexistentes teorías de supuestos golpes de Estado».
El propio presidente electo, que asumirá el poder el 14 de enero de 2024, entregó una misiva de respuesta en el Palacio Nacional en la que acusa a Giammattei de ser el «principal responsable de la crisis» y de «incitar a la violencia». Asimismo, le recuerda que «tiene en la mano la llave para desarmar esta crisis» pidiendo la renuncia a Porras, quien se niega a dejar su cargo e incluso ha pedido a la Policía que use la fuerza para que los manifestantes desalojen el ingreso a la Fiscalía. Se trata de un pulso entre la ciudadanía y el Estado, que ha sumido al país en una crisis política y cuyo ganador a día de hoy es una incógnita.