- El fuego que quemó de dolor la piel de Guatemala con la muerte de 41 menores, aún no tiene justicia
Subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, acusada de tardar 9 minutos en abrir la puerta de un aula en llamas en la “casa segura” donde estaban recluidas 56 niñas, provocando la muerte de 41 de ellas y heridas graves a otras 15 en marzo El 8 de enero de 2017 recuperó su libertad este miércoles. Después de más de siete años de prisión preventiva Luego de que la Segunda Corte de Apelaciones anunciara el recurso de apelación del imputado contra la decisión emitida el 30 de mayo por la jueza del Séptimo Juzgado Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, quien dictaminó que el imputado permanezca en prisión preventiva por riesgo de obstrucción. Investiga la verdad.
La Segunda Sala consideró que la prisión preventiva que sufrió Marroquín fue “injusta”, dado que los años que estuvo privada de su libertad “superan la pena de prisión potencial”, si fuera condenada por los delitos que se le imputaban: homicidio culposo ( prisión por un período de entre 3 y 8 años), lesiones por negligencia (de 3 meses a 2 años) y abusos a menores (de 2 a 5 años), teniendo en cuenta que los condenados “Tienen derecho a promover incidentes de salida anticipada del trabajo y de buena conducta soportar una parte de la pena de prisión”.
Desde aquí, Ninguno de los 12 funcionarios fue acusado A causa de esta tragedia en una casa de protección y albergue administrada por el gobierno guatemalteco, permanece en prisión preventiva, luego de que en los últimos años las ocho personas a las que se les impuso esta medida coercitiva hayan sido liberadas, mientras que otras cuatro han quedado en libertad permanente. Disfrute del arresto domiciliario.
En el fallo de la Segunda Corte de Apelaciones se anula la decisión del juez, dejándola sin efectos jurídicos y jurídicos, así como la orden de prisión preventiva dictada el 24 de junio de 2017 por el Juzgado Cuarto, otorgándole a Marquín diversas medidas alternativas a la prisión. Como la prohibición de salir de Guatemala, Sin licencia de autoridad competente, e impidiendo el contacto con los sujetos del proceso, testigos, imputados o peritos. Asimismo, deberá comprometerse a acudir a depositar su huella dactilar en el dispositivo de control biométrico del MP una vez al mes a partir del 30 de septiembre y hasta que finalice el proceso penal en su contra.
En prisión desde 2017
Por otra parte, la Segunda Sala envió un escrito al Juzgado Séptimo de Sanciones Penales para que en un plazo de dos horas ponga a Marroquín a disposición de este órgano de apelación, debiendo presentarse en el penal de Mariscal Zavala, como ocurrió el mismo miércoles, y fue inmediatamente en libertad, habiendo estado detenida en ese penal desde su detención el 12 de junio de 2017, acusada de homicidio, agresión a menores y lesiones por negligencia.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Marroquín llegó a Hugar Seguro el 8 de marzo de 2017 a las 3:00 horas. Allí fue ordenado por el subcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez Borja, custodiar a un grupo de 56 adolescentes que se habían fugado de la casa segura ese día. Antes de huir de violaciones, agresiones sexuales, abusos, hacinamiento y comida en mal estado.
Después de que fuera arrestado nuevamente el 7 de marzo por agentes de policía. Los menores fueron detenidos La madrugada del 8 de marzo, en una de las aulas de la mencionada institución, se encontraban bajo custodia policial ilegal, pese a que no tenían la posibilidad de ingresar a las instalaciones que debían ser controladas únicamente por empleados de la institución. . El Ministerio de Bienestar Social es responsable de la casa segura.
él Fiscal por asesinato de mujeres, Edgar Gómez, en el juicio iniciado en enero de este año y que aún continúa, indicó que Marroquín estaba “encargado” de la custodia de los adolescentes, a raíz de que le entregaron las cajas fuertes y la llave de la cerradura en la que vivía. Aseguraron la puerta del aula “conscientes de las condiciones inhumanas en las que se encontraban las jóvenes al interior del citado aula, como el bajo ambiente, la mala ventilación y la falta de salidas de emergencia, con 22 tapetes de esponja para dormir y sin ningún tipo de protección”. una especie de refugio”. En concreto, tenían menos de un metro cuadrado cada una.
En algún momento de la noche, los adolescentes reclusos pidieron ir al baño, a pesar de que Marroquín, según el fiscal, “No satisface esta necesidad humana Violando sus derechos básicos y obligando a algunas jóvenes a hacer sus necesidades dentro de la habitación”.
Asimismo, a las 8:45 horas del 8 de marzo, luego de que les sirvieran el desayuno en bandejas de Doroport, los adolescentes nuevamente exigieron ser llevados al servicio de salud para sus necesidades biológicas, lo que motivó a miembros de la PNP, encabezados por la Subinspectora Lucinda Marroquín. Se niegan a recibirlos y los ignoran, lo que provoca una crisis entre los adolescentes».
Ignoró los gritos de auxilio.
En ese sentido, el fiscal informó que “para llamar la atención y llevarlos al baño, uno de los adolescentes Prendió fuego a uno de los 22 colchones «Los dejaron dormir», provocando un incendio y todos los adolescentes «gritando pidiendo ayuda por el peligro inminente que corrían dentro del salón de clases».
“Gritaron: Hay humo, ábrete, hay fuego. Pese a esta situación, Lucinda, como responsable y líder del grupo de mujeres policías, insiste imprudentemente en ignorar el llamado de atención de las adolescentes, cuyos gritos de auxilio se elevan, y a pesar de ello se olvida de “abrir la puerta”. puerta nueve minutos después de iniciado el incendio y frente a las llamas”. “La ley policial que exige la protección de la vida y la seguridad física de las personas”, recriminó Gómez en su discurso. acusación.
Durante el juicio, declararon como testigos protegidos varios agentes que habían acompañado a Marroquín en la detención de menores, afirmando que aunque habían advertido a su superior que las niñas se estaban quemando, el subinspector ignoró sus llamadas y se negó a abrir la cerradura de la puerta para liberarlas.
Cuando Lucinda Marroquín abrió la puerta con la llave que tenía, 17 adolescentes ya han muerto por inhalación de humomientras que otros dos murieron poco después en el área administrativa de Hogar Seguro. Por su parte, En los días siguientes murieron otras 22 jóvenes, de edades comprendidas entre 13 y 17 años. Debido a quemaduras en los hospitales a los que fueron trasladados, algunos de ellos incluso fueron trasladados a centros médicos de Estados Unidos, país donde dos de ellos aún se recuperan de sus heridas. En total, 41 niñas y otras personas murieron 15 resultaron gravemente heridosAlgunos de ellos incluso sufrieron amputaciones y daños psicológicos de por vida.
Adolescentes vulnerables
El fiscal señaló que todas las víctimas tenían un denominador común: eran adolescentes que… “Un estado de vulnerabilidad por la presencia institucional en un lugar de refugio y protección” Por orden del juez competente se vulneraron sus derechos al núcleo familiar, por lo que ninguno de ellos incurrió en violación de la ley penal, pues no habían cometido delito alguno.
Deplora la acusación de la Fiscalía de que ninguna de las autoridades representadas (Secretaría de Bienestar Social (SBS), Procuraduría General de la República (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Policía Nacional Civil) han promovido algún tipo de acción para restituir a las jóvenes sus derechos , O trasladarlos a otro hogar o llevarlos ante un juez competente para decidir si serán aceptados en otra institución o si serán devueltos a sus familias.
Por lo tanto, debido a estos hechos, el exsecretario de la SBS enfrenta juicio desde enero. Carlos Rodas, Anhai Keller, ex agente de protección y refugio de la SBS, ex director de Safe Home torres sagradas, Ex titular de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia de la PGN Harold Flores, ex Defensor de la Niñez y Adolescencia de la PDH Gloria CastroLa exjefa del Departamento Especial para Combatir las Violaciones en Todas sus Formas, Brenda Chaman, el Comisionado Adjunto del Consejo Nacional Palestino, Luis Armando Pérez Borja, y la Inspectora Adjunta, Lucinda Marroquín. Los delitos que se investigan son homicidio, lesiones por negligencia, abuso de menores, incumplimiento del deber y abuso de autoridad.
Asimismo, a finales de agosto está prevista la realización de una audiencia de etapa intermedia, de cara a un potencial juicio contra un juez de paz de San José. Pinola Rocío Murillosecretario de este tribunal, rolando romeo miranda, Superintendente del Centro de Internamiento Juvenil de Goriones Cruzy Flor de María López y el supervisor residencial del Distrito Mi Hogar en Hogar Seguro, Ofelia María Pérez Campos. En este grupo se denuncian delitos de maltrato infantil, malversación, homicidio por negligencia, lesiones por negligencia y falsedad ideológica.