Varias personas se afanan con carretillas en transportar sacos de cemento que les acaba de regalar el partido gobernante de Guatemala, VAMOS, a cambio de acudir a una marcha política a favor del candidato presidencial, Manuel Conde. Hasta el mismo día que concluyó la campaña de las elecciones de este domingo, las formaciones políticas trataban de comprar el voto de la gente con regalos como bolsas de comida y láminas para los techos de las humildes viviendas que se levantan en los múltiples asentamientos repartidos por los barrancos de la capital del país. Con una falta total de propuestas que mejoren la vida de la gente, la mayoría de candidatos intenta convencer a la población más pobre de que son la mejor opción para los próximos cuatro años a través de dádivas y sorteos de regalos. Una vez finaliza la campaña, el ganador se olvida del 59% de los guatemaltecos que sufre pobreza y extrema pobreza en el país centroamericano y los dejan a su suerte sin resolver sus problemas.
Cada cuatro años, se repite la misma historia en Guatemala y éste no ha sido la excepción. Ni siquiera hay una mínima posibilidad de que algo cambie en el país centroamericano, dado que la vieja política ultraconservadora copa la intención de voto en la última encuesta publicada por Prensa Libre. En cabeza para la primera vuelta electoral se sitúa Sandra Torres, de 67 años, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 21,3%. Se trata de la ex primera dama de Guatemala entre 2008 y 2012 con el Gobierno de Álvaro Colom, quien falleció el pasado 23 de enero y de quien estaba divorciada.
Torres podría convertirse en la primera mujer en presidir este país centroamericano después de intentar por tercera vez ostentar el poder que en su día tuvo su marido. Tanto en los comicios de 2015 como en los de 2019 pasó a la segunda vuelta, si bien fue derrotada por Jimmy Morales (FCN-Nación) y Alejandro Giammattei (Vamos), respectivamente.
Ello obedece a lo que se ha denominado en Guatemala el ‘antivoto’, dado que muchas personas prefieren dar su confianza al otro candidato antes que a Torres, quien siempre se queda a las puertas de la Presidencia. Tras perder contra el actual mandatario, Alejandro Giammattei, en los comicios de 2019, Torres fue detenida por orden judicial en el marco de una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala que la acusaba de los delitos de asociación ilícita y financiación electoral no reportada. Concretamente, el Ministerio Público la acusó de no haber documentado 27,7 millones de quetzales (3,4 millones de euros) durante la campaña electoral de 2015.
Tras pasar varios meses en prisión preventiva, en enero de 2020 recuperó la libertad tras pagar una fianza de 800.000 quetzales (100.000 euros). Posteriormente, el 29 de noviembre de 2022 una jueza la dejó libre de todo cargo, al considerar que no existían elementos suficientes para que enfrentara un juicio. Como un ave Fénix, Torres pudo presentarse de nuevo a las elecciones figurando de momento en primer lugar en intención de voto, gracias a sus promesas populistas como otorgar 700 quetzales mensuales a cada madre de familia «con la condición de que manden a sus hijos a la escuela y al centro de salud». También se ha comprometido a poner en marcha su política de ‘techo mínimo’, según la cual dotará de láminas y materiales de construcción para que la gente ponga la mano de obra en sus viviendas.
Otro de los caballos de batalla de los candidatos para ganarse el voto de la población es acabar con la inseguridad, que provoca alrededor de 4.000 muertes violentas cada año (12 diarias). Bajo el lema ‘orden y transformación’, Torres ya se ha comprometido a aplicar medidas similares a las de Nayib Bukele en El Salvador, como sacar al ejército a las calles, militarizar las cárceles e instalar 20.000 cámaras de alta resolución en la capital que permita el reconocimiento facial de los delincuentes, con el fin de poderlos detener en «dos o tres horas».
Pese a ser católica, Torres va acompañada como candidato a la Vicepresidencia de Guatemala de Romeo Guerra, quien hasta ahora era un pastor evangélico, que se define como ‘pro vida, pro familia y pro libre economía de mercado’. Ello supone un giro hacia la derecha de su partido que en las pasadas elecciones se definía como socialdemócrata. Así, la candidata con más posibilidades de ganar la primera vuelta defiende que la única familia posible es la «unidad entre un hombre y una mujer procreando hijos» oponiéndose así al matrimonio entre personas del mismo sexo. Torres, quien se define como «temerosa de Dios», también se opone tajantemente al aborto, dado que defiende «la vida desde su concepción, tal como está estipulado en el cuarto mandamiento, que dice claramente no matarás».
La candidata de la UNE considera que todo el sistema de Gobierno de Guatemala está «corrompido» y, por ello, pide a la población que esta vez sí le dé la oportunidad de liderar el país, ya que «en las últimas dos elecciones se ha votado mal y se ha terminado favoreciendo a presidentes que han fallado».
EDMOND MULET Y SU POLÉMICA DE ADOPCIONES ILEGALES
Para ello, deberá vencer a su rival en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 20 de agosto, en caso de que no logre más del 50% de los sufragios este domingo. Según la citada encuesta efectuada por ProDatos para Prensa Libre, el candidato del partido CABAL, Edmond Mulet, aparece en segundo lugar en intención de voto, con un 13,4%.
Mulet, de 72 años, también defiende ideas conservadoras al definirse como un «hombre temeroso de Dios» que cree en el «valor de la familia como pilar de la sociedad». Asimismo, defiende la vida «desde la concepción» cerrando la puerta a cualquier posibilidad de las mujeres a interrumpir su embarazo, incluso a niñas que hayan sido víctimas de una violación. Se trata de la segunda vez que aspira a la Presidencia a través de su partido de derechas, después de que en el 2019 lograra el tercer lugar en las votaciones.
Es un veterano de la política guatemalteca, dado que entre 1992 y 1993 ostentó la Presidencia del Congreso, donde fue diputado desde 1986, mientras que entre 1993 y 1996 fue el Embajador de Guatemala en EEUU, así como representante del país centroamericano ante la Unión Europea entre 2000 y 2006. También es la persona con mayor carrera diplomática de todo el país, tras incorporarse en 2006 como jefe de la Misión de la ONU de Estabilización de Haití, donde permaneció hasta el 2007 y nuevamente fue nombrado para el mismo cargo entre 2010 y 2011. Asimismo, en 2007 ostentó el cargo de Subsecretario General de la ONU encargado de las operaciones de mantenimiento de la Paz, llegando a supervisar hasta 22 misiones alrededor del mundo.
El entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, lo nombró jefe de Gabinete de la Secretaría General de Naciones Unidas entre 2015 y 2016, mientras que al año siguiente dirigió el Mecanismo para investigar el uso de armas químicas en Siria, que había sido creado por el Consejo de Seguridad.
Mulet desarrolló toda esta carrera política y diplomática, a pesar de que en los años 80 estuvo involucrado en un supuesto tráfico de niños cuando ejercía como abogado y notario. Llegó a estar detenido un día en 1981 acusado de favorecer la salida ilegal de niños de Guatemala para que fueran adoptados por familias de Canadá, si bien el proceso judicial finalmente quedó en nada.
«Quiero que se me recuerde como el que llegué a mi país para reconstruir mi patria», recalca el candidato de CABAL, quien se opone a la eutanasia y asegura que debe ser rechazada «de tajo la agenda globalista pro aborto y pro LGTB que anda flotando alrededor del mundo». Mulet censura que, en Guatemala, «no hay certeza jurídica y la corrupción está destruyendo y corroyendo al país», razón por la cual se compromete a «combatirla en todos los niveles», teniendo en cuenta que «hemos retrocedido en todos los índices de derechos humanos, ha aumentado la pobreza y hay niños que se mueren de hambre».
ZURY RÍOS: LA HIJA DE UN EX DICTADOR
La tercera candidata que podría disputarse llegar a la segunda vuelta es Zury Ríos, hija del dictador fallecido en 2018 Efraín Ríos Montt, quien pretende «escribir una nueva historia» en Guatemala de la mano de la coalición política de ultraderecha Valor-Unionista. Con el 9,1% de intención de voto, Ríos, de 55 años, basó su campaña en prometer «firmeza y carácter» para acabar con la inseguridad reinstaurando en el país la pena de muerte que se aplicó por última vez en el año 2000.
Al igual que los otros dos candidatos, se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ésta es la tercera ocasión que Ríos trata de llegar a la Presidencia, tras su intento infructuoso de presentarse en 2019, después de que se lo impidiera la Corte de Constitucionalidad en base a un artículo de la Constitución que prohíbe postularse a personas involucradas en golpes de Estado o sus familiares.
Nunca condenó los crímenes cometidos durante el régimen de su padre en los años 80, a pesar de que en el 2013 Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por el asesinato de 1.771 mayas ixiles. No obstante, el proceso fue anulado diez días después por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tras un recurso de su abogado, por lo que el dictador murió en su casa en 2018 acompañado por la hoy candidata sin ser sentenciado nuevamente ni por esta causa ni por la masacre militar de otros 201 indígenas y campesinos, incluidos 67 niños menores de 12 años que fueron lanzados a un pozo.
Zury también es una veterana política, después de que en 1996 entrara como diputada en el Congreso de Guatemala por el partido de extrema derecha Frente Republicano Guatemalteco (FGR) fundado por Efraín Ríos Montt. En la Cámara legislativa permaneció cuatro años consecutivos hasta el 2012.
En principio, Ríos tenía una prohibición constitucional para postularse a la Presidencia, dado que el artículo 186 de la Carta Magna de Guatemala prohíbe que personas involucradas en golpes de Estado o sus familiares sean presidentes del país. El propio partido CABAL intentó expulsarla de la contienda electoral presentando un recurso de apelación que fue declarado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad.
Se trata de la tercera ocasión que trata de llegar a la Presidencia que ocupó su padre. En 2011, fue precandidata de FGR, si bien renunció a la campaña al carecer de recursos económicos, por lo que en 2015 lo volvió a intentar a través del partido Visión con Valores con el que alcanzó la quinta posición. Lejos de rendirse y tras fallecer su padre, se presentó a los comicios de 2019 con la formación VALOR, si bien la Corte de Constitucionalidad le impidió presentarse en base al citado artículo 186.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que se habían vulnerado sus derechos, lo que abrió la puerta para que se haya podido presentar a los comicios de este año defendiendo sus «valores cristianos» y con el «temor a Dios» en el centro de su vida.
CANDIDATURAS ALTERNATIVAS RECHAZADAS
En estas elecciones, 9,3 millones de personas están llamadas a elegir a su nuevo presidente y vicepresidente entre 22 candidaturas, así como a 160 diputados del Congreso, 20 diputados del Parlamento Centroamericano y 340 municipalidades. Sin embargo, la ciudadanía se ha quedado sin posibilidad de poder votar una alternativa al ‘statu quo’ actual basado en gobiernos ultraconservadores populistas que se oponen a cualquier progreso social y que han saqueado las arcas del Estado con numerosos casos de corrupción.
En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la candidatura del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) integrada por la líder indígena Thelma Cabrera y el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. En las elecciones de 2019, Cabrera quedó en cuarto lugar con su defensa del territorio contra las empresas extractivistas y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, que representan casi al 50% de la población. Cabrera representaba la única esperanza de izquierdas en Guatemala para revertir la discriminación que sufre la población indígena.
No fue la única en ser rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, sino que también fueron excluidos el derechista Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente de Guatemala entre 1996 y 2000 y ex alcalde de la capital, Álvaro Arzú, así como el empresario terrateniente Carlos Pineda, quien, según las encuestas, lideraba la intención de voto a través de su popular campaña en redes sociales.
Tanto Arzú como Pineda apelan al voto nulo, que según la última encuesta podría alcanzar el 13,5%, tras reprobar la corrupción imperante en el actual Gobierno de Alejandro Giammattei en el que han salido al ‘exilio’ una treintena de fiscales, jueces y abogados para evitar ir a la cárcel por la persecución de la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, quien en 2021 fue incluida en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y no democráticos por «participar en hechos significativos de corrupción con el propósito de proteger a sus aliados políticos».
Cabe recordar que la Fiscalía solicitó 40 años de prisión contra el presidente y fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, quien el pasado 14 de junio fue condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero y otros activos, mientras que lo absolvió de los delitos de tráfico de influencias y chantaje. Zamora había denunciado a través de su medio de comunicación numerosos casos de corrupción que afectaban al actual gobierno y anteriores, si bien tras ser arrestado en julio de 2022, se vio obligado a cerrarlo el pasado 15 de mayo.
Entre los actores judiciales que se han ‘exiliado’, sobre todo a EEUU, se encuentran la ex fiscal general del Ministerio Público Thelma Aldana, el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el ex juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien en septiembre de 2015 ordenó el ingreso en prisión del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), que continúa recluido acusado de varios casos de corrupción.
Todos ellos habían defendido el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de la ONU que, desde el 2007, apoyó a la Fiscalía en la investigación de casos de corrupción, si bien el ex presidente Jimmy Morales decidió en el 2019 no prorrogar su estadía en el país desde el 3 de septiembre de ese año al considerar que era un riesgo para la seguridad nacional.
La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez, ya ha advertido del «declive democrático y deriva autoritaria en Guatemala: estamos muy preocupados porque la situación en este momento nos lleva a pensar que el próximo posible presidente no estará comprometido con la lucha contra la corrupción, con los derechos humanos, ni con la restauración de los valores democráticos».
«LA ÚNICA OPCIÓN ES EMIGRAR»
La desesperanza que se vive entre la población de Guatemala la resume muy bien Sandra Galicia, de 22 años, quien en 2015 presidió el Tribunal Supremo Electoral Infantil: «Nos toca escoger el mejor de lo peor porque sabemos que cualquier presidente que llegue al poder nunca va a invertir en educación y salud, dado que quieren mano de obra barata y personas ignorantes que sigan votando por los mismos candidatos y partidos».
En este sentido, Galicia, que estudia Relaciones Internacionales, lamenta que los jóvenes están viviendo momentos de «angustia, frustración y enojo», porque «a pesar de que estamos buscando un mejor futuro para Guatemala nos están frenando, por lo que tengo cero esperanzas en estas elecciones y lamentablemente, la única opción que nos queda es emigrar, dado que no se ve nada bueno para los próximos cuatro años».