La izquierda latinoamericana está derribando barreras diplomáticas en su apoyo al golpista Pedro Castillo. A través de un comunicado conjunto suscrito en la Ciudad de México, entre los gobiernos Argentina, México, Colombia s boliviano Expresaron su “profunda preocupación por los recientes hechos que llevaron al juicio político y detención de Pedro Castillo, Presidente de la República del Perú”.
Una declaración que sorprendió al nuevo gobierno peruano porque no reconoce la destitución de Castillo y la sucesión de su diputada, Dina Boloart, como estipula la constitución.
El miércoles pasado, el presidente derrocado ordenó, en vano, la disolución del Congreso, la formación de un gobierno de emergencia, la implementación del toque de queda, la detención del Fiscal General y la intervención de los tribunales y las autoridades públicas. Mientras huía a la Embajada de México, donde buscaba asilo, fue detenido por sus guardaespaldas.
“Castillo fue víctima de un acoso antidemocrático para luego ser objeto de un trato judicial abusivo”, denunciaron gobiernos aliados de Castillo, quien desde hace meses recibía el patrocinio político de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano.
Los fiscales peruanos han realizado seis investigaciones abiertas contra Castillo, a quien ven como el líder de un grupo criminal dedicado a sumar sobornos y coimas de contratos estatales y otras empresas. parte de tu familia, Algunos colaboradores cercanos y diputados corruptos Eran parte de este grupo.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores relevantes a priorizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Es la forma de interpretar el alcance y significado del concepto de democracia incrustado en el sistema interamericano de derechos humanos. Instamos a aquellos que integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio.
El presidente Boluarte, que ha sido ignorado por los cuatro Gobiernos de la región, ha presentado una propuesta para adelantar las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias) a abril de 2024, aunque el Parlamento también estudia una hoja de ruta para implementarlas el próximo año.
Sentenciaron que “pedimos a las autoridades que respeten integralmente los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y le garanticen protección judicial”.
Conferencia Levantamiento de inmunidad presidencial ante condena constitucional La fiscal, Patricia Benavides, la imputó por los delitos de sublevación, concierto para delinquir, abuso de poder y quebrantamiento grave de la paz pública.