La investigación no es sólo una acción física: es una forma de memoria, demanda pública y resistencia. En América Latina, donde las desapariciones -debidas a violencia criminal, conflictos armados o negligencia institucional- han dejado vacíos imposibles de llenar, miles de mujeres -madres, hermanas y esposas- han tomado la iniciativa. Salen a los campos, a los valles, a las orillas de los ríos. Inspeccionan expedientes y carpetas judiciales; Trabajan con antropólogos forenses, excavan, hablan y afirman. Son a ellos a quienes buscan, y al rastrearlos revelan una doble herida: la herida que provocó la desaparición y la herida que perpetúa la impunidad estatal.
Cifras oficiales y reseñas de organizaciones cívicas coinciden en una línea terrible: la tragedia es enorme y heterogénea por países. En Colombia, la actualización de la UBPD mostró que más de 132.800 personas fueron reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto y sus secuelas; De este total, más de 17.600 son mujeresque representa la dimensión de género en un mundo donde la mayoría de las víctimas son hombres, pero donde las desapariciones femeninas suelen ocurrir en edades vulnerables y con dinámicas diferentes (tráfica y violencia de género).
En México, la crisis ha alcanzado cifras que exigen calificarla como emergencia humanitaria: registros públicos y análisis civiles cifran el número total de personas desaparecidas en más de 133.200 y los estados la clasifican como emergencia humanitaria. Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa Entre los más afectados. Las tumbas secretas encontradas en granjas y áreas circundantes a las ciudades han demostrado la escala de la violencia industrial y la voluntad de los grupos criminales de cubrir sus huellas. Más del 70% de ellos son hombres, y desde 2015 el número no ha dejado de aumentar. Sólo en 2024 se reportaron 13.106 personas desaparecidas. Además, La Comisión Nacional de Investigación (CNB) de México ha encontrado más de 5.000 fosas secretas en los últimos años, mientras que unas 20.000 personas han sido encontradas con vida..
En países con menos registros públicos o instituciones más precarias, como en muchos países centroamericanos, el drama se desarrolla en los informes de iniciativas ciudadanas: grupos feministas han creado sistemas de alerta y bases de datos públicas para documentar casos, como la iniciativa alerta raquel En El Salvador se han organizado más de 200 casos y alertas en los últimos años, dirigidos principalmente a niñas y mujeres jóvenes.
Por otro lado, El Comité Internacional de la Cruz Roja informa que entre 2005 y 2019 se registraron cerca de 18.000 casos de desapariciones en territorio salvadoreño.Mientras que la Policía Nacional Civil indica que entre 2015 y 2020 hubo más de 7.200 casos.
el Brigadas de investigación Hoy son un actor central. No son sólo voluntarios: muchos están coordinados y tienen sus propios protocolos y diálogo con expertos. Su trabajo combina el trabajo de campo físico, el uso de la ciencia forense, la investigación documental, el conocimiento, la creación de redes y la investigación forense.
Identifican rutas, registran todo tipo de terrenos sospechosos y realizan excavaciones; Colaboran con equipos de antropología y genética en la colecta de restos y especímenes, en procesos de identificación y en la conformación de protocolos que luego son replicados; Presionan para acceder a expedientes judiciales, revisar bases de datos y reconstruir movimientos antes de que desaparezcan; Difunden información, crean sistemas de alerta local (alternativos o complementarios a los oficiales) y buscan testigos.
Pero esas tareas son peligrosas. Los investigadores enfrentan amenazas directas del crimen organizado, el acoso institucional y, en ocasiones, el estigma social. En México y en zonas rurales de Colombia y Centroamérica, historias de acoso por parte de policías locales, grupos armados y estructuras criminales se repiten en reportajes e historias en entornos e informes civiles. Al mismo tiempo, La ausencia de protocolos de protección eficaces para los participantes en el descubrimiento exacerba la exposición..
Ahora bien. Encontrar restos no es lo mismo que identificar personas. La identificación forense requiere de un banco de datos, muestras de referencia (muestras genéticas de familiares), registros dentales y documentos de vida (pruebas de huellas dactilares, fotografías, datos biométricos). En la práctica regional La insuficiencia de los bancos centrales de genes y la interrupción de las bases de investigación retrasan las operaciones Que en algunos casos dura años. Equipos forenses independientes han ayudado a lograr avances en muchos incidentes, pero su trabajo es limitado dada la magnitud del problema.
«Hay mucha negligencia por parte de las personas que deberían garantizar búsquedas efectivas.. Desconocen por completo el problema y los protocolos, y no existen sensibilidad ni directrices locales en situaciones de emergencia. “Lo que existe es masculinidad y misoginia en relación a la desaparición de mujeres, por ejemplo”, explica una de las voluntarias de alerta raquel En El Salvador, el diario El Mundo lo consultó de forma anónima por motivos de seguridad.
La fuente añade: «Debemos respetar las dinámicas individuales, porque al final son las madres, las hermanas y las esposas las que deben decidir cómo actuar y qué tipo de incidencia promover, desde la colocación de carteles hasta la organización de manifestaciones colectivas o más colectivas». “Hasta 2020 comparábamos las cifras con la fiscalía y teníamos acceso a la información, pero Con la llegada del régimen de exclusión a El Salvador ya no tenemos más datos. Esto es parte de los detalles. La narrativa de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele es que “sin cuerpo no hay delito”.. Ahora “ya no hay pandillas”, pero la realidad es que las negociaciones estatales sólo han logrado acabar con una de varias pandillas”, explica el activista.
En México, este año se impulsaron reformas y proyectos técnicos para crear bases de datos y mejorar la identificación, incluida una propuesta para integrar la fotografía y la toma de huellas dactilares a la CURP (Clave Única de Registro de Población); Sin embargo, este tipo de iniciativas deben coexistir con la lentitud de las investigaciones locales y la falta de confianza de las familias en los organismos estatales.
Él dijo que, Escuchar a una mujer en busca es asistir a una forma de duelo que se practica en público.. Sus historias mezclan detalles familiares íntimos con estrategias de investigación y condena. María de Lourdes Ruiz Bravo –cuyo testimonio pudo escucharse el pasado mes de octubre en una biblioteca de Madrid– es un ejemplo de esta mezcla: la palabra que nombra ausencia y la palabra que exige cuentas. No todos los votos son captados por la prensa; Muchos permanecen en las redes locales, en grupos de WhatsApp y en las jornadas de investigación, donde deciden cuándo excavar, cuándo llamar a un perito y cuándo avisar a las autoridades.
«Cementerio de México. Es un río de sangre con muchas tumbas secretas.. “Pero nuestros gobernadores que caminan de la mano de la mafia no están interesados en nuestros desaparecidos”, dijo Ruiz Bravo al periódico. “La prioridad ahora son los proyectos extractivos y las obras necesarias para formar grandes ciudades”.
El tejido emocional actúa como apoyo colectivo y como mecanismo de presión: la visibilidad mediática del proceso de búsqueda suele acelerar las respuestas –investigaciones y presencia forense– pero también puede poner en riesgo a testigos e investigadores si no existen medidas de protección adecuadas.
Según organizaciones de la sociedad civil, las razones para que continúe la impunidad son múltiples: falta de coordinación entre niveles de gobierno, apertura arbitraria o negligente de expedientes, falta de personal forense capacitado, inversión insuficiente en tecnología de identificación y desconfianza histórica entre familias y autoridades. Informes regionales sobre defensores de derechos humanos y la condición de las mujeres confirman que este abandono institucional no es neutral, ya que muchas veces reproduce patrones de discriminación y desprotección hacia comunidades vulnerables.
Organizaciones y grupos familiares también han documentado la falta de protocolos claros para la investigación inmediata (las primeras 72 horas son cruciales en muchos casos) y la práctica de archivar investigaciones o fragmentar investigaciones que requieren una visión integrada de posibles rutas, redes e impactos institucionales.
En México, grupos como buscando madres —nacidas en medio de desapariciones locales pero hoy con presencia nacional— han sido campeones en la localización de tumbas y la construcción de redes de apoyo entre familias. En el estado de Sonora, por ejemplo, la movilización de madres investigadoras inauguró un modelo de investigación comunitario que ha sido replicado en otras entidades.
En Jalisco, la inauguración del llamado Rancho Izaguirre en marzo de 2025 y otros descubrimientos recientes han demostrado cómo los espacios rurales se han convertido en cementerios secretos.destacando la necesidad de tomar medidas coordinadas y brindar protección a quienes realizan la investigación. Entonces la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó los hechos anteriores como «terribles» y cuestionó la actuación de las autoridades federales. El presidente subrayó: «¿Por qué no protegieron el lugar después (de su descubrimiento)? Se debe investigar lo sucedido».
Las respuestas prometedoras a esta situación global combinan: tecnología forense (ADN, bancos de genes), protocolos de búsqueda rápida, protección de defensores y familiares, transparencia en los expedientes y cooperación real entre el Estado y las organizaciones familiares. Cuando estos elementos están ausentes, las tareas recaen en la iniciativa social, con los consiguientes costos emocionales, físicos y económicos.
La colaboración con equipos internacionales y ONG especializadas ha aportado tecnología y visión. Pero la magnitud del problema requiere una inversión pública sostenida: más antropólogos forenses, mejores laboratorios, un sistema de identificación nacional interoperable y políticas de protección para quienes divulgan datos y acompañan las búsquedas..
Al final, el pedido de estas mujeres es simple y profundo: «Dinos dónde están». No buscan venganza. Piden cuerpos, documentos e identidades para poder gritar sus nombres. Mientras las instituciones esperen un tiempo para responder, seguirán descendiendo a los valles y revisando los volúmenes, porque la única alternativa es aceptar el olvido y «Ninguna familia debería verse obligada a presentar esta renuncia.dice Ruiz Bravo.
